Plantilla provisional del examen de Auxilio Judicial del 3 de octubre de 2026 (modelos A y B) con todas las respuestas explicadas

Enunciado: La Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, está constituida por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 61.1.

Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: ...

Explicación: La Sala del art. 61 (Sala Especial) la integran el Presidente del TS, los Presidentes de Sala y, de cada Sala, dos magistrados: el más antiguo y el más moderno. Las opciones a) y b) se quedan con solo uno de los dos, y la d) incluye a todos los magistrados, lo que la ley no dice.

Observaciones: Truco clásico: recuerda 'el más antiguo y el más moderno'. No confundir con la Sección del art. 61.3 (Presidente del TS, Presidente de la Sala Tercera y cinco magistrados: los dos más antiguos y los tres más modernos).

Enunciado: Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocerán, según el artículo 74 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025, de 2 de enero), art. 74.1.b).

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con: [...] b) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.

Explicación: La opción b) reproduce el art. 74.1.b). Las otras tres son competencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 66 LOPJ): la a) es el art. 66.b), la c) el art. 66.c) y la d) el art. 66.a).

Observaciones: Las tres opciones incorrectas están copiadas literalmente del art. 66 (Audiencia Nacional). Si ves 'Tribunal Central de Instancia', 'Ministros y Secretarios de Estado' o 'Financiación del Terrorismo', piensa en la Audiencia Nacional.

Enunciado: Conforme al artículo 83 de la ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el juicio del Jurado:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 83.1.

El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.

Explicación: El art. 83.1 sitúa el juicio del Jurado en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales; la LO 1/2025 no ha modificado este precepto. Las demás opciones cambian la Audiencia Provincial por órganos que el artículo no menciona (Sección Penal del Tribunal de Instancia, Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia).

Observaciones: El art. 83.2 remite la composición y competencia del Jurado a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LO 5/1995).

Enunciado: ¿Qué órgano judicial es competente para conocer del enjuiciamiento de tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025, de 2 de enero), art. 65.1.º d).

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, de las causas por los siguientes delitos: [...] d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

Explicación: El art. 65 regula precisamente la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y su número 1.º d) recoge este delito con las mismas palabras del enunciado. El Tribunal Supremo (art. 57), el Tribunal Constitucional (que no forma parte del Poder Judicial) y la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (art. 73) no tienen esa competencia.

Observaciones: Matiz: si la pena permite el enjuiciamiento por la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de lo Penal), juzga esa Sección; pero entre las opciones dadas solo cabe la a).

Enunciado: De conformidad con el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025, de 2 de enero), art. 84.3.b).

Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones. b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales. c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.

Explicación: La opción b) reproduce literalmente la circunstancia b) del art. 84.3. La a) cambia ocho por seis; la c) y la d) cambian el umbral de 'igual o superior a doce' por diez.

Observaciones: Memoriza las tres cifras que deben concurrir a la vez: 2 o más Secciones, 8 o más plazas en la Sección y 12 o más plazas en el Tribunal de Instancia.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025, de 2 de enero), art. 84.2.d).

Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones: a) De Familia, Infancia y Capacidad. [...] c) De Violencia sobre la Mujer. d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Explicación: La Sección 'De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia' figura con ese nombre exacto en el art. 84.2.d). Las demás mezclan denominaciones reales: la Sección correcta es 'De Familia, Infancia y Capacidad' (no 'Familia, Infancia y Adolescencia' ni 'Capacidad y Adolescencia'), y no existe ninguna 'De Violencia contra la Familia y la Infancia'.

Observaciones: Pregunta de nombres exactos: las Secciones potestativas del art. 84.2 son Familia, Infancia y Capacidad; Mercantil; Violencia sobre la Mujer; Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; Penal; Menores; Vigilancia Penitenciaria; Contencioso-Administrativo; Social.

Enunciado: Según dispone el artículo 101.4 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, si el Ayuntamiento correspondiente no efectúa la propuesta de Juez de Paz desde que se produce una vacante ¿en qué plazo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 101.4.

Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz.

Explicación: El plazo legal es de tres meses desde que se produce la vacante. Ninguna de las otras cifras (1 mes, 2 meses, 20 días) aparece en el precepto.

Enunciado: Conforme al artículo 101 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 101.1 y 101.5.

1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. [...] 5. Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.

Explicación: La a) reproduce el art. 101.1 (cuatro años, Sala de Gobierno del TSJ). La c) cambia cuatro por cinco años. La b) y la d) intercambian los órganos del art. 101.5: el juramento se presta ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y la posesión se toma ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.

Observaciones: Trampa de intercambio: JURAMENTO ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción; POSESIÓN ante quien ejerza la jurisdicción. El art. 101 no ha sido modificado por la LO 1/2025 y conserva la mención al 'Juez de Primera Instancia e Instrucción'.

Enunciado: De conformidad con el artículo 6 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), punto 6.

6. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

Explicación: La a) es la transcripción literal del punto 6. La b) y la d) contaminan el texto con el punto 5 (notificaciones con 'términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios'); la c) cambia 'técnicas' por 'jurídicas' y, sobre todo, dice 'que sean especialistas', invirtiendo el sentido.

Observaciones: No confundas el punto 5 (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos) con el 6 (vistas y comparecencias) y el 7 (sentencias).

Enunciado: ¿Cuándo tiene el ciudadano derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales conforme al artículo 8 de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), punto 8.

8. El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

Explicación: El punto 8 condiciona el derecho a que no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. No es un derecho 'en todo caso' ni depende de un acuerdo expreso, y desde luego no se niega 'en ningún caso'.

Enunciado: El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas según el artículo 20 de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia salvo:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), punto 20.

20. El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.

Explicación: La única excepción prevista es que las leyes procesales lo requieran expresamente. La solicitud del ciudadano o su consentimiento no aparecen en el punto 20, por lo que a), c) y d) son incorrectas.

Enunciado: De conformidad con el artículo 18 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), punto 18.

18. El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Explicación: El punto 18 (en línea con el art. 121 CE y los arts. 292 y ss. LOPJ) habla de 'error judicial' y 'funcionamiento anormal'. Las demás opciones cambian el tipo de error (material, formal) o el funcionamiento (irregular, normal).

Observaciones: Fórmula que se repite en la CE (art. 121), la LOPJ y la Carta: error judicial + funcionamiento anormal.

Enunciado: Según al artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

Ley y artículo: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, art. 35.2.

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De 101 a 500 trabajadores: 3 [...]. De 501 a 1.000 trabajadores: 4 [...]. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 [...]. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 [...]. De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

Explicación: Solo la c) casa con la escala: de 1.001 a 2.000 trabajadores corresponden 5 Delegados. Las otras desplazan un tramo: de 101 a 500 son 3 (no 2), de 501 a 1.000 son 4 (no 3) y de 2.001 a 3.000 son 6 (no 7).

Observaciones: Regla para memorizar: 50-100 → 2, y desde ahí sube uno por tramo (3, 4, 5, 6, 7) hasta 8 a partir de 4.001.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 4.4º de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por riesgo laboral grave e inminente:

Ley y artículo: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, art. 4.4.º.

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

Explicación: La b) es la definición literal del art. 4.4.º. Las demás son otras definiciones del mismo artículo: la a) es 'condición de trabajo' (4.7.º), la c) es 'riesgo laboral' (4.2.º) y la d) son los 'daños derivados del trabajo' (4.3.º).

Enunciado: De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, art. 7.1.a).

Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.

Explicación: En el ámbito autonómico se exige el 15 % y un mínimo de 1.500 representantes (además de no estar federados con sindicatos estatales). El 10 % es el umbral estatal del art. 6.2 (sin mínimo de representantes) o el de la representatividad 'simple' del art. 7.2; las cifras de 500 y 1.000 representantes no aparecen en la ley.

Observaciones: Esquema: ámbito estatal 10 %; ámbito autonómico 15 % + 1.500 representantes + no federados con estatales; ámbito territorial y funcional específico 10 % (art. 7.2).

Enunciado: Conforme al artículo 10.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, art. 10.2, último párrafo.

Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical.

Explicación: El art. 10.2 fija expresamente un solo delegado sindical para las secciones de sindicatos que no alcancen el 10 % de los votos. 'Hasta cuatro' es el máximo de la escala para los sindicatos que sí lo alcanzan (5.001 trabajadores en adelante), y no es cierto que no tengan ningún delegado.

Enunciado: Señale la respuesta correcta conforme al artículo 21.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 21.1.

La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado.

Explicación: La b) es literal. La a) cambia 'facultativo' por 'preceptivo' en la instancia; la c) niega la exigencia de defensa o representación técnica en suplicación; la d) convierte en facultativa la defensa de abogado ante el Tribunal Supremo, que es preceptiva.

Observaciones: Escalera: instancia → facultativo; suplicación → abogado o graduado social; casación y Tribunal Supremo → abogado obligatoriamente.

Enunciado: Según el artículo 65.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social la presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de dicha presentación, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (redacción dada por la LO 1/2025, de 2 de enero, en vigor desde el 3 de abril de 2025), art. 65.1.

La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de dicha presentación, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles desde su presentación sin que se haya celebrado.

Explicación: Tras la reforma de la LO 1/2025 el cómputo se reinicia o reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles sin celebrarse. Los treinta días hábiles de la a) corresponden al art. 65.2 (plazo para tener por terminado el procedimiento y cumplido el trámite); los veinte días de la b) no aparecen. Como la c) es correcta, la d) no lo es.

Observaciones: Novedad LO 1/2025: la prescripción ya no solo se 'interrumpe' sino que se 'reinicia'; y el plazo de 30 días del apartado 2 es ahora de días hábiles. No mezcles el 15 (apartado 1) con el 30 (apartado 2).

Enunciado: ¿Conforme a qué principios los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los letrados de la Administración de Justicia interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según el artículo 74.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social?:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 74.1.

[...] interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad.

Explicación: El art. 74.1 enumera cuatro principios: inmediación, oralidad, concentración y celeridad. Las demás opciones sustituyen la oralidad por publicidad o transparencia, o añaden principios no previstos.

Observaciones: El texto legal todavía dice 'secretarios judiciales'; la denominación actual es letrados de la Administración de Justicia, como recoge el enunciado. Sin efecto en la respuesta.

Enunciado: Según lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 92.1 (y 92.2 para descartar a y b).

1. [...] Cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente. 2. Los testigos no podrán ser tachados, y únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas [...].

Explicación: La d) reproduce el art. 92.1. La c) introduce un número ('superior a tres') que la ley no fija: habla de número 'excesivo'. La a) y la b) proceden del art. 92.2, pero afirman que los testigos 'podrán' ser tachados cuando la ley dice que 'no podrán'; la a) además dice 'en cualquier momento' en vez de 'únicamente en conclusiones'.

Observaciones: En el proceso social los testigos NO pueden ser tachados; las observaciones sobre ellos se hacen solo en conclusiones.

Enunciado: De conformidad con el artículo 3.2 de la Ley 20/2011, del Registro Civil:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 3.2.

2. El Registro Civil es electrónico. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia conforme a la presente Ley y a sus normas de desarrollo.

Explicación: La competencia sobre la base de datos única corresponde al Ministerio de Justicia según el art. 3.2. Ni la Agencia Española de Protección de Datos, ni la Dirección General (hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública), ni el CGPJ aparecen en el precepto.

Enunciado: ¿Quién está obligado a promover la inscripción de nacimiento según el artículo 45 de la Ley 20/2011, de 11 de julio, del Registro Civil?

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 45.1.

Están obligados a promover la inscripción de nacimiento: 1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios. 2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido lugar fuera de establecimiento sanitario. 3. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación [...]. 4. El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse.

Explicación: La c) es el primer obligado del art. 45. La a) cambia 'fuera de' por 'dentro de' establecimiento sanitario; la b) habla de 'mayor de 16 años' cuando la ley exige 'mayor de edad' (y solo en defecto del pariente más próximo); la d) es lo contrario de la ley: si renuncia al hijo, la madre queda liberada y la obligación pasa a la Entidad Pública.

Observaciones: Errata del enunciado sin consecuencias: la Ley 20/2011 del Registro Civil es de 21 de julio, no de 11 de julio. No afecta a la respuesta.

Enunciado: Conforme al artículo 62.3 de la Ley 20/2011 de 11 de julio, del Registro Civil ¿quién expedirá la licencia para el entierro o incineración en el plazo que reglamentariamente se establezca?

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 62.3, párrafo segundo.

3. El funcionario competente, una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la inscripción y expedirá el certificado de la defunción. El Encargado, una vez practicada la inscripción, expedirá la licencia para el entierro o incineración en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Explicación: La licencia de entierro o incineración la expide el Encargado una vez practicada la inscripción. El 'funcionario competente, una vez recibida y examinada la documentación' es quien practica la inscripción y expide el certificado de defunción (párrafo primero); las opciones a), c) y d) mezclan sujetos y momentos de ambos párrafos.

Observaciones: Distingue: funcionario competente → inscripción y CERTIFICADO de defunción; Encargado → LICENCIA de entierro o incineración. Mismo error de fecha en el enunciado ('de 11 de julio'; es de 21 de julio), sin efecto en la respuesta.

Enunciado: Según el artículo 68 de la Ley 20/2011, de 11 de julio, del Registro Civil:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 68.1, párrafo primero.

La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual. Estas inscripciones tendrán carácter constitutivo.

Explicación: La opción a reproduce literalmente el art. 68.1, párrafo primero. La b invierte la regla: «No podrá inscribirse» sin inscripción previa de nacimiento. La c añade «solamente»: el art. 68.3 permite hacer esas declaraciones ante el Encargado del Registro Civil, notario o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil. La d cambia «declarativo» por «constitutivo»: la pérdida de la nacionalidad se inscribe con carácter meramente declarativo.

Observaciones: Fíjate en el juego constitutivo/declarativo: la adquisición y recuperación de la nacionalidad se inscriben con carácter constitutivo; la pérdida, con carácter meramente declarativo. El enunciado fecha la ley el «11 de julio», pero la Ley 20/2011 es de 21 de julio; no cambia la respuesta.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las cuestiones denominadas artículos de previo pronunciamiento podrán proponerse en el término de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 667.

Las cuestiones expresadas en el artículo anterior podrán proponerse en el término de tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos.

Explicación: Los artículos de previo pronunciamiento del art. 666 se proponen en el término de tres días desde la entrega de los autos para calificar. Las otras opciones solo cambian el número de días (dos, cinco o cuatro), que no aparece en el precepto.

Observaciones: Las cuestiones que el art. 666 llama artículos de previo pronunciamiento son: declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto y falta de autorización administrativa para procesar.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 803 ter e. Apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podrán ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 803 ter e.1.

Podrá ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo regulado en el presente Título la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p.

Explicación: El art. 803 ter e.1 remite como salvedad al art. 803 ter p. Las cuatro opciones solo se distinguen por la letra del artículo de remisión: f, j y h no son las que cita el precepto.

Observaciones: Es una pregunta de pura memoria de la remisión. Truco: el art. 803 ter p regula el decomiso autónomo cuando la acción ya se había ejercitado antes (el supuesto de la salvedad).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el procedimiento por delitos de injurias y calumnias contra particulares el juicio deberá celebrarse:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 809.

El juicio deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes al de la presentación de la querella ante el Juez instructor a quien corresponda su conocimiento. Si hubiere causa justa y se hiciere constar por certificación del Secretario, podrá ampliarse hasta ocho días el término para la celebración del juicio verbal.

Explicación: El art. 809 fija tres días, ampliables hasta ocho si hay causa justa certificada por el Secretario. Las combinaciones 4/7, 5/6 y 2/5 de las demás opciones no aparecen en la ley.

Observaciones: Para recordarlo: 3 días, ampliables a 8. El precepto conserva la denominación histórica «Secretario» (hoy, letrado de la Administración de Justicia).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 636. Último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 636, último párrafo.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

Explicación: El último párrafo del art. 636, en la redacción que le dio la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima, da veinte días y no exige que la víctima esté personada. Las opciones a y b fallan en el plazo (quince días); las opciones a y d, en exigir que se hayan mostrado parte.

Observaciones: Dos datos que se combinan: veinte días y sin necesidad de estar personada. El plazo empieza a contar cuando se entiende hecha la comunicación (cinco días después de enviarla).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 78.17 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.17, en relación con la disposición adicional octava.

Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de súplica, que se sustanciará y resolverá seguidamente.

Explicación: El art. 78.17 todavía dice «recurso de súplica», pero la disposición adicional octava de la LJCA (añadida por la Ley 13/2009) dispone que toda referencia al recurso de súplica se entiende hecha al recurso de reposición. Por eso la correcta es la c: reposición, en el acto y resuelto seguidamente. La a y la d hablan de apelación. La b menciona el recurso de reforma, propio del proceso penal, con un plazo de tres días que la ley no prevé.

Observaciones: Trampa clásica: el texto del artículo conserva la palabra «súplica», pero hoy es recurso de reposición (disp. adic. 8.ª LJCA). Se interpone en el mismo acto de la vista del procedimiento abreviado.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 127 ter punto sexto de la Ley de Jurisdicción contencioso -administrativa, en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado el órgano jurisdiccional, conclusas las actuaciones, dictará sentencia en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 127 ter.6.

Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco días.

Explicación: El art. 127 ter.6 fija cinco días para dictar sentencia en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Diez días es el plazo para formalizar la demanda y para contestarla (127 ter.3 y 4), y también el plazo de sentencia del procedimiento abreviado (art. 78.20). Tres y quince días no aparecen en este precepto.

Observaciones: En este procedimiento los plazos son breves: 5 días para remitir el expediente, 10 para la demanda, 10 para la contestación, prueba de 20 días como máximo y 5 días para la sentencia.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 60.6. de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, el Juez en el acto de emisión de la prueba pericial otorgará:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 60.6.

En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

Explicación: Desde la Ley 13/2009, el plazo es «no superior a cinco días». La opción c (tres días) recoge la redacción original de 1998, que ya no está vigente. Seis y siete días no aparecen en ninguna redacción.

Observaciones: Cuidado con los manuales antiguos: antes de 2009 el plazo era de tres días; hoy es de cinco.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 54.2.

Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla.

Explicación: El art. 54.2 fija veinte días. Las otras opciones solo cambian la cifra (quince, diez o nueve días).

Observaciones: El precepto añade que el letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente. Coincide con los veinte días del plazo para contestar la demanda (art. 54.1).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 228.1. segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso del incidente excepcional de nulidad de actuaciones el plazo para pedir la nulidad será de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 228.1, párrafo segundo.

El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

Explicación: El incidente excepcional de nulidad se pide en veinte días, con un tope de cinco años desde la notificación. Ninguna otra opción combina 20 días y 5 años: la a y la d dan 10 o 9 días y 4 años, y la b, 15 días y 3 años.

Observaciones: La regla es 20 días y 5 años. El art. 241 LOPJ recoge el mismo plazo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, que habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia mediante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 134.2.

La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá efectos suspensivos.

Explicación: El letrado de la Administración de Justicia aprecia la fuerza mayor mediante decreto, y contra ese decreto cabe recurso de revisión con efectos suspensivos. La a y la b fallan en la forma de la resolución (diligencia de ordenación) y en el recurso. La c niega el efecto suspensivo que la ley atribuye expresamente.

Observaciones: Lo excepcional, y por eso se pregunta, es que este recurso de revisión sí suspende. Lo normal es que los recursos no tengan efectos suspensivos.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal por medio de providencia podrá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 142.5.

En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.

Explicación: La habilitación de intérprete del art. 142.5 se refiere a las actuaciones orales y exige juramento o promesa previos. La a y la b hablan de actuaciones escritas. La b y la c suprimen el juramento o promesa.

Observaciones: Dos elementos: actuaciones ORALES y PREVIO juramento o promesa. Si falta cualquiera de los dos, la opción es incorrecta.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 243.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 243.2.

La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula.

Explicación: La opción b reproduce literalmente el art. 243.2 LOPJ, que recoge el principio de conservación de los actos. La a lo invierte. La c habla de «anulabilidad», término que el precepto no usa, y además invierte la regla. Como la b es correcta, la d cae.

Observaciones: Es el principio de conservación de los actos procesales: la parte independiente de la anulada se mantiene. La LEC lo recoge en términos idénticos en el art. 230.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 145.1. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 145, párrafo primero.

Para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán tres Magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios siete, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Explicación: Tras la Ley 13/2009, el párrafo primero del art. 145 exige tres magistrados para los autos y siete para las sentencias del Tribunal Supremo. Las combinaciones 2/6, 4/5 y 5/4 de las otras opciones no aparecen en la ley.

Observaciones: En el Tribunal Supremo hacen falta 3 magistrados para los autos y 7 para las sentencias. En las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia bastan 3 para autos y sentencias, y en todos los tribunales bastan 2 para las providencias si están conformes. El art. 145 no está dividido en apartados numerados: el «145.1» del enunciado es su párrafo primero.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales se denominarán autos:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 141, párrafo tercero.

Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; [...]

Explicación: La d reproduce la definición de auto del art. 141. La a altera la de providencia, que en la ley es la que resuelve «cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran legalmente la forma de auto», no «de sentencia». La b define la sentencia y la c, la sentencia firme.

Observaciones: Repasa las cuatro categorías del art. 141 LECrim: providencias, autos, sentencias y sentencias firmes. La opción a es un distractor tramposo porque se parece a la definición de providencia, pero cambia «auto» por «sentencia».

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 248.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la fórmula de las providencias se limitará:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 248.2 (redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero).

La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez, jueza o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

Explicación: La c reproduce íntegramente el art. 248.2 en la redacción de la LO 1/2025. La a añade «Solamente» y omite que la providencia puede motivarse sucintamente, así que da una regla incompleta y excluyente. La b convierte la motivación en obligatoria a petición de parte, algo que la ley no prevé. Como la c es correcta, la d cae.

Observaciones: Redacción nueva de la LO 1/2025: desaparecen la firma del juez y la del letrado, y la motivación sucinta procede cuando lo disponga la ley o quien la dicte lo estime conveniente. Hay quien podría defender la a porque reproduce la primera frase, pero el «Solamente» la hace excluyente y la c es la única que recoge el precepto completo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 214.1. y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las aclaraciones sobre las resoluciones que se hayan pronunciado una vez firmadas:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 214.1 y 2.

Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta [...] dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

Explicación: La aclaración puede hacerse de oficio o a petición de parte o del Ministerio Fiscal, y en ambos casos dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. La a y la b fallan por el «Únicamente», que excluye una de las dos vías. La c da tres días: ese es el plazo para resolver la solicitud, no para pedir la aclaración.

Observaciones: Distingue los dos plazos: 2 días hábiles para aclarar o pedir la aclaración y 3 días para resolver lo pedido. La opción c mezcla los dos.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 167.1. primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los mandamientos y oficios:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 167.1, párrafo primero (redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre).

Los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el letrado de la Administración de Justicia que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, debiendo utilizarse los medios previstos en el artículo 162.

Explicación: Desde la Ley 42/2015, el art. 167.1 obliga a usar los medios del art. 162 (medios electrónicos, telemáticos o similares). Las otras opciones solo cambian el artículo de remisión: el 161 regula la entrega de copia de la resolución o cédula, el 160 la remisión por correo o telegrama y el 163 el servicio común de notificaciones.

Observaciones: Desde 2015 la ley dice «debiendo» (antes, «pudiendo») utilizar los medios del art. 162, porque la comunicación electrónica es obligatoria. El segundo párrafo permite que las partes que lo pidan diligencien personalmente los mandamientos y oficios.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden usarán la forma de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 187.

Cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera.

Explicación: Para dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, el art. 187 prevé oficios o exposiciones. El suplicatorio se dirige a un tribunal superior (art. 184), el exhorto a uno de igual grado (art. 184) y el mandamiento a uno inferior o a los sujetos del art. 186.

Observaciones: Esquema de los actos de comunicación de la LECrim: al superior, suplicatorio; al igual, exhorto; al inferior, mandamiento; a autoridades o funcionarios de otro orden, oficio o exposición.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a Registradores de la Propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados y Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 186.

Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores de la propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento.

Explicación: El art. 186 prevé expresamente la forma de mandamiento. El exhorto y el suplicatorio sirven para comunicarse con otros tribunales, y el oficio, con autoridades o funcionarios de otro orden (art. 187).

Observaciones: Va en pareja con la pregunta 42: hacia registradores, notarios, auxiliares y policía judicial, mandamiento; hacia autoridades de otro orden, oficio o exposición.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 188.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los suplicatorios, exhortos o mandamientos que procedan de causas por delitos que solo puedan ser perseguidos por querella particular:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 188, párrafo segundo.

Los que procedan de causas por delitos que sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos.

Explicación: Para los delitos perseguibles solo por querella particular, el art. 188 dice que estos despachos «podrán» entregarse al interesado. La a recoge la regla del párrafo primero, que se aplica a los delitos que no son de querella privada. La b convierte la facultad en obligación («deberán... en todo caso»). La d mezcla las dos reglas en una fórmula inexistente.

Observaciones: Fíjate en el verbo: «podrán» entregarse (es una facultad). El art. 188 no tiene apartados numerados: el «188.2» del enunciado es su párrafo segundo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales se comunicarán estos:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 195.

se comunicarán éstos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa.

Explicación: El art. 195 LECrim prevé la forma de 'atentos oficios' para autoridades y funcionarios no subordinados, y como excepción la comunicación verbal por urgencia, dejando constancia en la causa. Los mandamientos (a y b) se reservan a funcionarios subordinados (art. 186 LECrim); la d invierte la excepción (por escrito) y suprime la constancia en la causa.

Observaciones: Recuerda el esquema de la LECrim: exhortos (entre tribunales), mandamientos (a subordinados), oficios (a autoridades no subordinadas).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1. de la Ley de Jurisdicción Social, las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 56.1.

se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo.

Explicación: El art. 56.1 LRJS exige correo certificado con acuse de recibo 'cualquiera que sea el destinatario'. Las opciones a y b hablan de correo ordinario, que la ley no prevé; la c restringe indebidamente la regla al demandado.

Observaciones: El precepto sigue hablando de 'secretario': hoy es el Letrado de la Administración de Justicia. La clave es 'cualquiera que sea el destinatario'.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se notificará la pendencia del proceso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 150.2.

Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento.

Explicación: La notificación de la pendencia la acuerda el Tribunal ('por disposición del Tribunal') y se dirige a quienes 'puedan verse afectados', no a quienes ya lo hayan sido de forma efectiva. Las opciones a y b exigen afectación efectiva y atribuyen la iniciativa al LAJ o al demandante; la c la atribuye a la parte demandada.

Observaciones: La ley dice 'resolución que ponga fin al procedimiento'; la opción d dice 'que haya puesto fin', pero es la única que recoge los dos elementos clave: posible afectación y decisión del Tribunal.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 155.4. primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el supuesto de que los actos de comunicación con las partes aún no personadas o representadas por procurador se hubiesen practicado dos o más veces:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 155.4 (redacción del Real Decreto-ley 6/2023).

En el supuesto de que los actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador se hubiesen practicado dos o más veces, se estará a lo establecido en el apartado 6 del artículo 152.

Explicación: El art. 155.4 LEC, en su redacción vigente desde el 20 de marzo de 2024, remite al apartado 6 del art. 152. Las demás opciones cambian el número del artículo (162, 163, 153).

Observaciones: Redacción introducida por el Real Decreto-ley 6/2023 (eficiencia digital); la LO 1/2025 solo retocó el apartado 1 del artículo.

Enunciado: ¿En qué parte de la Constitución Española se hace referencia explícita a la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 10.2.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Explicación: La única mención expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos está en el art. 10.2 CE. El Preámbulo habla de proteger los derechos humanos pero no cita la Declaración; el art. 93 regula la cesión de competencias a organizaciones internacionales y el art. 53 las garantías de los derechos.

Observaciones: Ojo con el Preámbulo: menciona 'los derechos humanos', no la Declaración Universal.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 16.1 y 16.3.

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Explicación: El art. 16.3 CE consagra la aconfesionalidad con cooperación. La a contradice la aconfesionalidad; la c niega la cooperación que la CE impone; la d es falsa porque el art. 16.1 garantiza la libertad religiosa 'de los individuos y las comunidades'.

Observaciones: Modelo de aconfesionalidad o laicidad positiva: separación, pero con cooperación.

Enunciado: El desarrollo normativo del artículo 18 de la Constitución Española en lo referido a la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, debe hacerse necesariamente mediante:

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 81.1 (en relación con el art. 18.1).

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas…

Explicación: El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen es un derecho fundamental (Sección 1.ª, Capítulo II, Título I), por lo que su desarrollo exige ley orgánica (art. 81.1 CE); de hecho se desarrolló por la LO 1/1982, de 5 de mayo. La ley ordinaria no basta; el decreto-ley no puede afectar a los derechos del Título I (art. 86.1 CE); las leyes de armonización (art. 150.3 CE) son otra figura.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Española:

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 67.2.

Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

Explicación: La d reproduce el art. 67.2 CE. La a contradice el art. 67.1 ('Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente'); la b contradice la prohibición de mandato imperativo; la c contradice el art. 67.3 (las reuniones sin convocatoria reglamentaria 'no vincularán a las Cámaras').

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la designación de senadores autonómicos según el artículo 69 de la Constitución Española es correcta?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 69.5.

Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma…

Explicación: La c recoge el art. 69.5 CE. La a confunde con el art. 69.2 (cuatro senadores por provincia, no por Comunidad); la b atribuye la designación al Gobierno autonómico y no a la Asamblea; la d suprime el senador mínimo y habla de elección directa, cuando es una designación.

Observaciones: El art. 69 CE fue reformado en mayo de 2026 solo en su apartado 3 (circunscripciones insulares de Ibiza y Formentera); el apartado 5 no cambia.

Enunciado: Tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 44, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 44.3.

se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

Explicación: El art. 44.3 completa la frase con 'normativa laboral y de Seguridad Social'. Las directivas, el EBEP o los convenios no aparecen en el precepto.

Observaciones: Aunque hoy el permiso se denomina 'por nacimiento y cuidado del menor' en el Estatuto de los Trabajadores, el art. 44.3 de la LO 3/2007 conserva su redacción original.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, cuando se dan situaciones generadas por prácticas aparentemente neutras que ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto a personas del otro, se considera:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 6.2.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro…

Explicación: La práctica aparentemente neutra que produce desventaja es la definición de discriminación indirecta (art. 6.2). La directa (art. 6.1) es el trato menos favorable en atención al sexo; la 'positiva' se refiere a acciones positivas (art. 11) y la 'negativa' no es una categoría legal.

Enunciado: Según recoge el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género tendrá carácter:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 3.1 (redacción de la LO 10/2022).

se pondrá en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente…

Explicación: Desde la reforma de la LO 10/2022 (vigente desde el 7 de octubre de 2022), el art. 3.1 califica el Plan Estatal como 'de carácter permanente'. Lo anual es el Informe de evaluación del Plan que la Delegación del Gobierno remite a las Cortes, no el Plan; semestral y temporal no aparecen.

Observaciones: Trampa: 'anual' es el Informe de evaluación del Plan, no el Plan. Antes de 2022 se llamaba 'Plan Nacional' y no tenía carácter permanente.

Enunciado: Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral de las víctimas de violencia de género, es un:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 2.g).

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: […] g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

Explicación: Es literalmente el fin de la letra g) del art. 2 ('Principios rectores'). El Plan Estatal (art. 3) contiene elementos de sensibilización, no este fin; el art. 4 recoge principios y valores del sistema educativo; los ODS son ajenos a la ley.

Enunciado: Respecto a las Comisiones Delegadas del Gobierno, descritas en el artículo 6 de la Ley 50/1997, del Gobierno, indique la afirmación incorrecta:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 6.1, 6.4 y 6.5.

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Explicación: La a invierte los papeles: acuerda el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente, no al revés. Las demás son correctas: 'como órganos colegiados del Gobierno' (art. 6.4), 'Las deliberaciones… serán secretas' (art. 6.5) y creación 'mediante Real Decreto' (art. 6.1).

Enunciado: La Ley 50/1997, del Gobierno, establece en su Capítulo I que la función de declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio corresponde:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 5.1.f).

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde […] f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.

Explicación: Es función del Consejo de Ministros (art. 5.1.f; en concordancia con el art. 116 CE). Al Presidente no se le atribuye; el Congreso autoriza la prórroga de la alarma, autoriza la excepción y declara el sitio, pero no declara alarma ni excepción, y las Cortes Generales no intervienen como tales.

Enunciado: Según el artículo 62 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el nombramiento y separación de los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado corresponde al:

Ley y artículo: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 62.2.c).

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

Explicación: El art. 62.2.c) atribuye esta competencia a los Secretarios de Estado. Ni el Director General, ni el Ministro, ni el Subsecretario la tienen respecto de los Subdirectores de la Secretaría de Estado.

Enunciado: Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la estructura de la Administración General del Estado no comprende:

Ley y artículo: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 55.2.

La Administración General del Estado comprende: a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. b) La Organización Territorial. c) La Administración General del Estado en el exterior.

Explicación: El art. 55.2 enumera solo tres bloques: central, territorial y exterior (opciones d, a y c). El INSS es una entidad gestora de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia, perteneciente al sector público institucional, no a la estructura de la AGE.

Enunciado: ¿Qué recoge el artículo 138 de la Constitución Española en su segundo apartado?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 138.2.

Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Explicación: La b es el texto literal del art. 138.2 CE. La a corresponde al art. 139.1, la c al art. 137 y la d al art. 139.2.

Observaciones: Los arts. 137, 138 y 139 CE suelen preguntarse cruzados: conviene memorizar qué dice cada apartado.

Enunciado: Según el artículo 150 de la Constitución española, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. ¿A quién corresponde la apreciación de esta necesidad?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 150.3.

Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Explicación: El art. 150.3 CE exige mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales. La c falla en la mayoría (simple); la a y la b atribuyen la apreciación a órganos ejecutivos o autonómicos sin base constitucional.

Enunciado: La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 3 que el municipio, la provincia y la isla son entidades locales territoriales; no gozan de esta condición:

Ley y artículo: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 3.2 (redacción de la Ley 27/2013).

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios […] b) Las Áreas Metropolitanas. c) Las Mancomunidades de Municipios.

Explicación: Las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades gozan de la condición de entidad local según el art. 3.2 LBRL; las 'regiones históricas' no figuran en el art. 3 y no son entidad local de ningún tipo. Es la respuesta que busca el examinador.

Observaciones: Mancomunidades, comarcas y áreas metropolitanas SÍ son entidades locales, pero no territoriales (art. 3.2). Las 'regiones históricas' no aparecen en la ley. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): Ambigüedad del enunciado: si «esta condición» es la de entidad local territorial (art. 3.1 LBRL), tampoco la tienen comarcas, áreas metropolitanas ni mancomunidades (art. 3.2): las cuatro opciones encajarían.

Enunciado: ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino de un municipio?

Ley y artículo: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 15 (párrafo cuarto).

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Explicación: El art. 15 LBRL vincula la vecindad a la inscripción padronal, sin plazo de residencia previo. Ni el nacimiento, ni un plazo de seis meses, ni el matrimonio otorgan por sí la condición de vecino.

Enunciado: La Unión Europea se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la opción correcta de las siguientes:

Ley y artículo: Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versiones consolidadas, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 1, párrafo tercero, TUE; art. 1.2 TFUE.

La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico.

Explicación: Los dos Tratados tienen el mismo valor jurídico (art. 1 TUE y art. 1.2 TFUE), por lo que no hay jerarquía entre ellos (falla la d). Las opciones b y c invierten los papeles: el TUE recoge los principios e instituciones básicos y el TFUE desarrolla el funcionamiento (la parte 'operativa').

Observaciones: La opción dice 'valor legal' en lugar de 'valor jurídico', pero el sentido es el mismo.

Enunciado: Según el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 8.

En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

Explicación: El art. 8 TFUE consagra la transversalidad de la igualdad: 'en todas sus acciones'. Las demás añaden condiciones o marcos (ODS, posibilidades estatales, ausencia de ley nacional) que el Tratado no contempla.

Enunciado: Tal y como establece el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, si el Defensor del Pueblo Europeo dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 228.2, párrafo segundo.

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

Explicación: Destituye el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento Europeo (art. 228.2 TFUE). La b invierte los papeles y mete a la Comisión, que no interviene; la c y la d describen procedimientos que el Tratado no prevé.

Observaciones: El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Europeo, pero no puede destituirlo: solo pedírselo al Tribunal de Justicia.

Enunciado: Según el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, ¿puede un ciudadano de la Unión, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro?

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83/2010), art. 20.2.c) TFUE (y art. 23 TFUE); art. 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

«de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado»

Explicación: El derecho de protección diplomática y consular es uno de los derechos de la ciudadanía de la Unión y se reconoce «en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado». La a) niega precisamente esa igualdad de condiciones; la c) y la d) niegan el derecho, que existe por mandato del propio Tratado y no depende de convenios bilaterales.

Observaciones: Ojo: el enunciado dice «Tratado de la Unión Europea», pero este derecho está en el artículo 20.2.c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), desarrollado en su art. 23. El artículo 20 del TUE regula las cooperaciones reforzadas. La respuesta no cambia: b).

Enunciado: El artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea, lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 4 bis.2.

«lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes»

Explicación: La LOPJ exige auto, previa audiencia de las partes, para plantear la cuestión prejudicial europea. No basta una providencia (a), no es una sentencia (c) porque no pone fin al proceso, y el recurso (d) no es una resolución judicial.

Observaciones: Recuerda la fórmula completa: «mediante auto, previa audiencia de las partes».

Enunciado: Según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a qué Tribunal le corresponde la competencia para decidir un recurso de casación admitido a trámite cuyo fundamento reside en la infracción de un precepto constitucional?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 5.4.

«En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.»

Explicación: Cuando la casación se funda en la infracción de un precepto constitucional, la competencia es siempre del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional (a) no conoce de recursos de casación, el TSJ (b) queda excluido por el «siempre» y el TJUE (d) solo interpreta el Derecho de la Unión.

Observaciones: La trampa es la a): el TC no resuelve casaciones aunque el motivo sea constitucional.

Enunciado: La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 11, que los jueces y juezas, así como los Tribunales, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes, de conformidad con:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 11.3.

«Los jueces y juezas, así como los Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen…»

Explicación: El art. 11.3 LOPJ vincula expresamente este deber al principio de tutela judicial efectiva del art. 24 CE. La justicia gratuita (b, c) y la Carta de Derechos (d) no son el fundamento que cita el precepto.

Observaciones: El enunciado ya recoge la redacción de la LO 1/2025 («los jueces y juezas, así como los Tribunales»).

Enunciado: Sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los Tribunales a los que se le atribuye, no figurando entre ellos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 26.

«a) Jueces y juezas de paz. b) Tribunales de Instancia. c) Audiencias Provinciales. d) Tribunales Superiores de Justicia. e) Tribunal Central de Instancia. f) Audiencia Nacional. g) Tribunal Supremo.»

Explicación: El art. 26 LOPJ, tras la LO 1/2025, enumera jueces y juezas de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial; se regula en el Título IX CE y en su propia Ley Orgánica.

Observaciones: Las opciones a), b) y c) sí figuran en la lista vigente.

Enunciado: Según el artículo 507 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios de los cuerpos a los que se refiere el Libro VI, cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a funcionarios de la Administración de Justicia, se hallarán en situación de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 507.2.g).

«2. Además, también se considerarán en servicio activo, los citados funcionarios: […] g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a funcionarios de la Administración de Justicia.»

Explicación: El art. 507.2.g) incluye este supuesto entre los casos de servicio activo. No son servicios especiales (a), ni excedencia voluntaria (c); la «excedencia temporal por servicios especiales» (d) no existe como situación.

Observaciones: Pregunta trampa: parece un supuesto de servicios especiales, pero la ley lo considera servicio activo.

Enunciado: La excedencia por cuidado de hijos es un derecho individual de los funcionarios de los cuerpos generales de la administración de justicia; su concesión:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 509.1 y 509.3.

«La concesión de la excedencia estará condicionada a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo.»

Explicación: El art. 509.1 condiciona la concesión a esa declaración previa. Las «razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios» (b) solo permiten limitar el ejercicio simultáneo cuando dos funcionarios generan el derecho por el mismo hijo (art. 509.3), no condicionan la concesión. La a) es inventada y la d) contradice el apartado 1.

Observaciones: La b) es el distractor: mezcla la regla de la limitación del ejercicio simultáneo con la concesión.

Enunciado: Tal y como establece el artículo 511 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la situación de suspensión provisional de funciones de un funcionario durante la tramitación de un expediente disciplinario será acordada por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 511.3.b).

«b) Durante la tramitación de un expediente disciplinario, por la autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses…»

Explicación: La suspensión provisional durante un expediente disciplinario la acuerda la autoridad que ordenó incoarlo. No la acuerda un juez (a), que solo interviene como medida cautelar en el proceso penal (art. 511.3.a), ni el instructor (c), ni el Secretario de Gobierno (d).

Enunciado: La duración de la suspensión provisional del funcionario durante la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de:

Ley y artículo: Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, Reglamento General de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, art. 22.1 RD 796/2005 (en relación con el art. 511.3.b) LOPJ).

Sólo podrá acordarse cuando existan indicios racionales de la comisión de una falta grave o muy grave, y la duración de la medida no podrá exceder de seis meses cuando se trate de falta muy grave, y de tres meses cuando se trate de falta grave, salvo en el caso de una paralización del procedimiento imputable al interesado.

Explicación: La c) reproduce literalmente el art. 22.1 del Reglamento disciplinario (RD 796/2005): seis meses para las faltas muy graves. La a) falla porque tres meses es el límite de las faltas graves, no de las muy graves; la b) y la d) fallan porque para la falta grave el máximo es de tres meses (no doce ni nueve). El art. 511.3.b) LOPJ fija el tope general de seis meses.

Enunciado: De conformidad con el artículo 236 sexies.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de Poder Judicial, ¿quién deberá elaborar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina Judicial?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 236 sexies.3.

«Previo informe del Consejo General del Poder judicial, y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia deberá elaborar y actualizar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina judicial y fiscal…»

Explicación: Elabora los códigos el Ministerio de Justicia. El CGPJ (a) y la Fiscalía General del Estado (b) solo emiten informe previo, y la Agencia de Protección de Datos (d) no aparece en el precepto.

Observaciones: Distingue quién elabora (Ministerio) de quién informa (CGPJ y, en su caso, FGE).

Enunciado: De conformidad con el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, cuando se presente un escrito por medios telemáticos en día u hora inhábil a efectos procesales:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 135.1, párrafo tercero.

«En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.»

Explicación: El art. 135.1 LEC no rechaza el escrito, sino que lo tiene por presentado el primer día y hora hábil siguiente. Se pueden presentar escritos electrónicos todos los días del año durante las 24 horas, así que no hay devolución (a) ni subsanación (c). Las «15:00 horas» (b) son el límite del día hábil siguiente al vencimiento de un plazo (art. 135.5), que es otra regla.

Observaciones: No confundas esta regla con la de las 15:00 horas del art. 135.5.

Enunciado: En virtud del artículo 137.bis.4 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, quien pretenda utilizar videoconferencia para la realización de una actuación judicial, deberá solicitarlo con la antelación suficiente y, en todo caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. añadido por el Real Decreto-ley 6/2023), art. 137 bis.4.

«El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.»

Explicación: El plazo legal es de diez días antes de la actuación. Los plazos de cinco, tres y cuatro días de las otras opciones no aparecen en la norma.

Enunciado: De conformidad con el artículo 436.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los servicios comunes de las oficinas judiciales podrán estructurarse en:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 436.5.

«Los servicios comunes podrán estructurarse en áreas, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y, si el servicio lo requiere, en equipos.»

Explicación: El art. 436.5 LOPJ habla de áreas y, si el servicio lo requiere, de equipos. Las demás combinaciones no existen: las unidades administrativas son otra figura (art. 439), las unidades de apoyo directo desaparecen con la LO 1/2025 y las jefaturas se refieren a áreas y equipos (art. 436.7).

Enunciado: En relación a la ordenación del Cuerpo de Secretarios, conforme establece el artículo 464.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en la ciudad de Ceuta y Melilla habrá:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 464.1.

«Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla…»

Explicación: El art. 464.1 prevé expresamente un Secretario de Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla. No hay Secretario General (b) ni LAJ director (d) en ese escalón, y el Secretario Coordinador (c) es provincial (art. 466).

Observaciones: El enunciado habla de «Cuerpo de Secretarios»: desde 2015 es el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. No afecta a la respuesta.

Enunciado: De conformidad con el artículo 441.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿un letrado de la Administración de Justicia de tercera categoría podrá optar a una plaza de primera categoría?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 441.5.

«En ningún caso un Letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera.»

Explicación: La prohibición es absoluta, sin excepción por razones del servicio ni autorización de ningún órgano. Las opciones a), b) y c) inventan excepciones que la ley no recoge.

Enunciado: De conformidad con el artículo 443 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, la condición de letrado de la Administración de Justicia se pierde:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 443.2.b).

«2. La condición de letrado de la Administración de Justicia se pierde en los siguientes supuestos: […] b) Por pérdida de la nacionalidad española.»

Explicación: La pérdida de la nacionalidad española es causa literal del art. 443.2.b). La renuncia ha de ser voluntaria y aceptada expresamente por el Ministerio (a); la sanción que hace perder la condición es la separación, no la suspensión (b); y la condena ha de ser superior a tres años por delito doloso (d).

Observaciones: Fíjate en los cambios de los distractores: «forzosa» por «voluntaria», «suspensión» por «separación» y «dos años» por «tres años».

Enunciado: De conformidad con el artículo 435.4 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los puestos de trabajo de la Oficina Judicial podrán ser cubiertos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 435.4.

«Los puestos de trabajo de la Oficina judicial solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia…»

Explicación: Hay una reserva exclusiva («solo») a favor de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Las opciones b), c) y d) abren los puestos a funcionarios de otras Administraciones, algo que la ley no permite en la Oficina judicial.

Enunciado: De conformidad con el artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no es una función del médico forense:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 479.5.

«b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos […] d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. […] f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función…»

Explicación: El art. 479.5 recoge como funciones la vigilancia facultativa de los detenidos (letra b, opción c), los informes y dictámenes a solicitud de particulares (letra d, opción d) y la investigación derivada de su propia función (letra f, opción b). Realizar análisis a petición de particulares no figura en la lista.

Observaciones: La d) es la trampa: los informes a solicitud de particulares sí son función del médico forense; lo que no recoge la ley son los «análisis».

Enunciado: Conforme establece el artículo 483.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 483.1.

«…el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.»

Explicación: El precepto cierra la enumeración con la publicidad. La imparcialidad y la transparencia son principios del art. 55 del EBEP, pero no los recoge el art. 483.1 LOPJ; la responsabilidad no es un principio de selección.

Observaciones: No mezcles el art. 483.1 LOPJ con la lista más larga del art. 55.2 EBEP.

Enunciado: De conformidad con el artículo 479.7 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los médicos forenses estarán destinados en:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 479.7.

«Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»

Explicación: El art. 479.7 destina a los médicos forenses a un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (o al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). No están destinados en oficinas judiciales (a) o fiscales (b), ni en un Tribunal de Instancia (d).

Observaciones: En el cuadernillo aparece «oficinal fiscal» en la opción b): es una errata tipográfica sin efecto.

Enunciado: Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, es una función del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 476.1.b) (y art. 477 b y c para los distractores).

«b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación.»

Explicación: Practicar y firmar comparecencias es función de Gestión (art. 476.1.b). El registro y clasificación de la correspondencia (b) y la formación de autos y expedientes (c) son funciones de Tramitación Procesal (art. 477.b y c). «Ordenar la dación en cuenta» (a) no es función de Gestión, que da cuenta al LAJ de la tramitación pero no la ordena.

Observaciones: Clásico de cuerpos cruzados: b) y c) son literales del art. 477 (Tramitación).

Enunciado: En virtud del artículo 13 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial se formalizará periódicamente:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 13.1.

«…se formalizará periódicamente, como mínimo con carácter anual, en función del volumen de gestión de cada archivo…»

Explicación: La remisión se hace, como mínimo, una vez al año. Los plazos de dos, tres o cuatro años no aparecen en el precepto.

Enunciado: De conformidad con el artículo 500.3 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, la incorporación de un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial a la jornada de mañana y tarde será:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 500.3.

«La incorporación de los funcionarios a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras.»

Explicación: La incorporación es voluntaria y va acompañada de medidas incentivadoras. La jornada de mañana y tarde sí está prevista (contra la b), pero nunca es obligatoria (contra la a y la d).

Enunciado: De conformidad con el artículo 504.3 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, indique la respuesta correcta en relación a la licencia por asuntos propios:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 504.3.

«Los funcionarios podrán disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada dos años de servicios efectivos y su concesión estará subordinada a las necesidades del servicio.»

Explicación: La c) reproduce los tres elementos del precepto: tres meses cada dos años, subordinada a las necesidades del servicio y sin retribución. La a) niega la subordinación, la b) invierte el plazo (dos meses cada tres años) y la d) invierte el plazo y añade una retribución inexistente.

Enunciado: En virtud del artículo 494.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿quién será competente para rehabilitar a un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial destinado en la Comunidad Autónoma de Madrid?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 494.1.

«El Ministro de Justicia será competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera. Asimismo, será competente para acordar la pérdida de la condición de funcionario, y en su caso la rehabilitación…»

Explicación: La rehabilitación es competencia del Ministro de Justicia aunque la Comunidad Autónoma tenga transferidas las competencias de personal; las CCAA solo intervienen en jubilaciones y prórrogas (art. 494.2). Las Salas de Gobierno (b y d) no tienen esta competencia.

Observaciones: La mención a Madrid es el gancho para que elijas la a): la competencia sigue siendo estatal.

Enunciado: En virtud del artículo 447.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la sentencia en los juicios verbales de desahucio de finca urbana se dictará:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (redacción dada por la LO 1/2025), art. 447.1.

«Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes…»

Explicación: La regla general del juicio verbal son diez días (b), pero el desahucio de finca urbana es una excepción expresa: cinco días. Los plazos de quince y veinte días no existen aquí.

Observaciones: La b) es la regla general; la pregunta busca la excepción.

Enunciado: Conforme al artículo 770.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el plazo para contestar a la reconvención en un procedimiento de divorcio contencioso será:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 770, regla 2.ª.

«2.ª La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla.»

Explicación: La regla 2.ª del art. 770 da al actor diez días para contestar la reconvención. La reconvención sí cabe en los supuestos tasados de esa regla (contra la b), y los plazos de veinte y quince días no son los legales.

Observaciones: El enunciado dice «art. 770.2», pero el artículo se divide en reglas: es la regla 2.ª.

Enunciado: En virtud del artículo 815 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento monitorio, el apercibimiento al demandado en el requerimiento de pago será de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 815.1, párrafo segundo.

«…con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente.»

Explicación: El apercibimiento del monitorio es el despacho de ejecución, que se acuerda sin sentencia (contra la a). No hay vista (b) ni declaración de rebeldía (c) en esta fase.

Enunciado: De conformidad con el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional serán de aplicación:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, art. 3.1 (y 3.2).

«1. Las disposiciones de este título son de aplicación a los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos.» / «2. Quedan excluidos, en todo caso, de lo dispuesto en este título las materias laboral, penal y concursal…»

Explicación: Los MASC del Título I de la LO 1/2025 se aplican a los asuntos civiles y mercantiles. No se aplican en todos los órdenes (a), y las materias penal, laboral y concursal están excluidas expresamente por el art. 3.2 (contra la c y la d).

Enunciado: De conformidad con el artículo 521 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no se despachará ejecución de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 521.1.

«1. No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas.»

Explicación: Las sentencias meramente declarativas (y las constitutivas) no se ejecutan. Las sentencias de condena firmes, las resoluciones que homologan transacciones judiciales y los laudos o resoluciones arbitrales sí son títulos ejecutivos (art. 517.2 LEC).

Enunciado: Conforme a lo establecido en el artículo 527 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, contra el auto que despache ejecución provisional cabrá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 527.4.

«Contra el auto que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.»

Explicación: El auto que despacha la ejecución provisional es irrecurrible; el ejecutado solo puede oponerse (art. 528). La apelación (c) es la vía contra el auto que la deniega, y la reposición (a) y la revisión (b) no proceden.

Observaciones: Distingue el auto que despacha (sin recurso) del que deniega (apelación preferente).

Enunciado: De conformidad con el art 7.3 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, los documentos que puedan afectar a la seguridad de las personas no podrán ser públicamente consultados hasta que hayan transcurrido:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 7.3.

«…no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos.»

Explicación: Si se conoce la fecha de la muerte, el plazo es de 25 años desde ella. Si no se conoce, no se cuenta desde la muerte sino 50 años desde la fecha de los documentos, así que a) y c) son falsas. La b) da un plazo (cinco años) que no existe.

Enunciado: RESERVA. Conforme establece el artículo 539 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (redacción dada por la LO 1/2025), art. 539.1.

«Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»

Explicación: El umbral vigente es de 2.000 euros. El de 900 euros (b) es el anterior a la Ley 4/2011, y el de 300 euros (a) no corresponde a este precepto. La d) contradice la excepción legal.

Observaciones: Pregunta de reserva. La b) recoge la cifra antigua (900 euros), anterior a 2011.

Enunciado: RESERVA. De conformidad con el artículo 612.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la reducción de un embargo se resolverá por:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 612.2.

«2. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto sobre estas peticiones. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos.»

Explicación: Las peticiones de mejora, reducción o modificación del embargo las resuelve el LAJ mediante decreto. La providencia (d) era la forma prevista antes de la reforma de 2009. Ni la diligencia de ordenación (a) ni el auto (c) son la forma legal.

Observaciones: Pregunta de reserva.

Enunciado: RESERVA. De conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, en defecto de nombramiento de secretario judicial, el responsable del Archivo Judicial Central será el:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 11.2.

«2. En defecto de nombramiento de secretario judicial, el responsable del Archivo Judicial Central será el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.»

Explicación: El art. 11.2 designa al Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. Los Secretarios de Gobierno de los TSJ (a) se ocupan de los archivos territoriales. No existe «Secretario Coordinador del Tribunal Supremo» (b), y los Secretarios Coordinadores son provinciales (d).

Observaciones: Pregunta de reserva.

Enunciado: RESERVA. En virtud del artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, las resoluciones dictadas por el letrado de la Administración de Justicia necesaria para la tramitación del proceso se denominarán:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 456.2.

«A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.»

Explicación: Las resoluciones del LAJ para la tramitación del proceso son diligencias. El decreto (b) sirve para admitir la demanda, poner fin al procedimiento de su competencia o cuando sea preciso razonar la decisión (art. 456.3). Los acuerdos (c) son sus resoluciones gubernativas (art. 456.5) y las actas (d) no son resoluciones.

Observaciones: Pregunta de reserva. La b) es la trampa: el decreto es la resolución motivada, no la de tramitación.

Don Juan Sánchez Hernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Doña Lucrecia Rojas Blanco y bajo la dirección letrada de Doña Ana Ibarrondo Alto, interpuso Demanda frente a la resolución de fecha 7 mayo de 2026, dictada por la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, declarándose responsable a la Sra. Rojas Blanco por el abandono de un animal de compañía y se le sanciona por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y se le impone una multa de 9.001 euros. Doña Lucrecia Rojas Blanco tiene su domicilio en la Calle Duquesa de Pastrana número 8 de Sigüenza (Guadalajara). La cuantía del procedimiento se fijó por el letrado de la Administración de Justicia en 9.001 euros.

Enunciado: De conformidad con el artículo 14.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa será competente con carácter general el órgano jurisdiccional:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 14.1, regla primera.

Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.

Explicación: La pregunta pide la regla GENERAL del art. 14.1, que es la regla primera: sede del órgano que dictó la disposición o el acto originario (a). La opción c reproduce la regla segunda (fuero electivo para personal, propiedades especiales, sanciones y responsabilidad patrimonial), que es especial, no general. La b no existe como regla autónoma y la d atribuye la elección al demandado, lo que la ley nunca hace.

Observaciones: Ojo con el supuesto: al tratarse de una sanción sí cabría el fuero electivo de la regla segunda, pero como el acto procede de la Comunidad de Madrid, la elección queda limitada a la circunscripción del TSJ donde tiene su sede el órgano autor (Madrid). El domicilio de la actora en Sigüenza (Guadalajara, TSJ de Castilla-La Mancha) no le permite litigar allí. En cualquier caso, la pregunta solo pide la regla general.

Enunciado: Doña Lucrecia Rojas Blanco:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 23.1 (en relación con el art. 8.2.b).

En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

Explicación: La sanción (multa de 9.001 €) procede de un órgano de la Comunidad Autónoma distinto del Consejo de Gobierno y no supera 60.000 €, por lo que conoce el órgano unipersonal de lo contencioso (art. 8.2.b LJCA; hoy, Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia tras la LO 1/2025). Ante órganos unipersonales el procurador es potestativo y el abogado obligatorio (art. 23.1): opción a. La b es la regla de los órganos colegiados (art. 23.2). La c y la d son falsas: el abogado es preceptivo y el procurador no.

Observaciones: La excepción de comparecer por sí mismo (art. 23.3) solo alcanza a funcionarios en cuestiones de personal; no es el caso.

Enunciado: En el presente caso, la demanda deberá sustanciarse por los trámites del procedimiento:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.1.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo [...] conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal [...] así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.

Explicación: Es asunto de la competencia del órgano unipersonal (art. 8.2.b) y su cuantía, fijada por el LAJ, es de 9.001 €, inferior a 30.000 €: procedimiento abreviado (b). El ordinario (a) sería residual; el de protección de derechos fundamentales (c) no se invoca; el monitorio (d) no existe en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Enunciado: En el supuesto de que el Sr. Sánchez Hernández no acompañe con su demanda copia de la resolución de fecha 7 de mayo 2026, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 45.2.c) y 45.3 (aplicables al abreviado por el art. 78.2).

Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior [...] requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto

Explicación: En el abreviado la demanda debe acompañar los documentos del art. 45.2 (art. 78.2), entre ellos la copia del acto recurrido (45.2.c). Si falta, el LAJ requiere al recurrente para que subsane en diez días (art. 45.3): opción c. No se requiere a la Administración (a y b) y el plazo no es de quince días (d).

Observaciones: Si no se subsana, el juez o tribunal se pronuncia sobre el archivo de las actuaciones.

Enunciado: El plazo para la interposición del recurso contencioso–administrativo por la Sra. Lucrecia Rojas Blanco es de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 46.1.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

Explicación: La resolución de la Viceconsejería, que desestima el recurso de alzada, pone fin a la vía administrativa y es expresa: el plazo es de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, según el art. 46.1 (b). Las opciones a y c citan el art. 45, que regula la iniciación del recurso, no el plazo; la c y la d omiten «desde el día siguiente».

Observaciones: Recuerda: el plazo de meses se computa de fecha a fecha y agosto no corre para interponer el recurso (art. 128.2 LJCA).

Enunciado: De conformidad con el artículo 57 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa si el demandado solicita la inadmisión del recurso y el juez o tribunal no han hecho uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 de la citada Ley, se dará traslado al demandante para alegaciones:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 57.

1.º Si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone. 2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba [...] En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones

Explicación: El traslado al demandante por cinco días para alegar sobre la causa de inadmisión se da en los dos supuestos del art. 57: el 1.º coincide literalmente con la opción d. La c invierte el 2.º supuesto (la ley dice «no se solicita» el recibimiento a prueba). La a y la b no se corresponden con un precepto que limita el traslado a esos dos supuestos.

Observaciones: El plazo para esas alegaciones es de cinco días; después se declara concluso el pleito.

Enunciado: En el presente caso práctico, la resolución por la que se acuerde celebrar vista, en su caso, se adoptará mediante:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 78.3, párrafos cuarto y quinto.

El juez o la jueza decidirá sobre dicha solicitud mediante auto. El auto que acuerde la celebración de vista no será recurrible [...] El auto que rechace la celebración de vista [...] contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición.

Explicación: Tras la LO 1/2025, en el abreviado, cuando el actor pide que se falle sin vista y la demandada solicita que se celebre, el juez decide por auto. Si el auto ACUERDA la vista, no es recurrible (a); si la RECHAZA, cabe reposición (b, que corresponde al auto denegatorio). La competencia es del juez, no del LAJ, por lo que no se resuelve por decreto (c y d).

Observaciones: Pregunta sobre la reforma de la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025. El «en su caso» del enunciado remite a este supuesto de vista solicitada por la demandada. Ten en cuenta que, en la tramitación ordinaria del abreviado, la citación a vista la acuerda el LAJ al admitir la demanda; sin embargo, la resolución que «acuerda celebrar vista» tras una petición de la parte la regula expresamente el art. 78.3 como auto no recurrible. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): Doble lectura del art. 78.3 LJCA: el auto que acuerda la vista a instancia de la demandada no es recurrible (a); en la vía ordinaria la cita el LAJ al admitir la demanda y cabe reposición (c), que es la que dan otras academias.

Enunciado: En el presente caso, recibido el expediente administrativo, se entregará al:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.4.

Recibido el expediente administrativo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia lo entregarán al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

Explicación: En el abreviado el expediente se entrega al actor (y a los interesados personados) para alegar en la vista, que es oral (a). No hay alegaciones escritas (b y d) y el demandado es la propia Administración que remite el expediente (c y d).

Observaciones: La LO 1/2025 cambió el verbo «remitirá» por «entregarán»; el contenido es el mismo.

Enunciado: En el supuesto de que, en el presente caso, al acto de la vista no compareciere la parte actora:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.5, párrafo segundo.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas

Explicación: Si no comparece el actor (comparezca o no el demandado), se le tiene por desistido y se le condena en costas (d). La vista prosigue solo cuando falta el demandado (b). No hay suspensión (a) ni desistimiento sin costas (c).

Enunciado: En el supuesto de celebrarse la vista, la sentencia se dictará en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.20.

El juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista.

Explicación: El art. 78.20 fija diez días desde la celebración de la vista (b). Desde la LO 1/2025 también puede dictarse sentencia oral al concluir el acto, pero el plazo escrito sigue siendo de diez días.

Enunciado: En el presente caso, si la sentencia que se dicte fuera desestimatoria, las partes podrán interponer:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 81.1.a) y 81.2.

Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo [...] serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.

Explicación: La cuantía es de 9.001 €, que no excede de 30.000 €: la sentencia no es apelable (art. 81.1.a), y una sentencia desestimatoria de fondo en materia sancionadora no encaja en ninguna de las excepciones del art. 81.2 (inadmisibilidad, derechos fundamentales, litigios entre Administraciones, impugnación indirecta, extensión de efectos). Reposición y súplica no proceden contra sentencias. Respuesta: d.

Observaciones: Matiz: el art. 86.1 LJCA admite casación contra sentencias de los juzgados en única instancia solo si contienen doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos; es un supuesto excepcional que ninguna opción recoge y que no altera la respuesta.

Enunciado: De dictarse sentencia, la notificación de la misma a la parte actora se realizará en el presente caso a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (supletoria) y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 153 y art. 162 LEC; art. 23.1 LJCA.

La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su procurador cuando éste las represente. El procurador firmará las notificaciones [...] incluso las de sentencias

Explicación: La actora está representada por el procurador Juan Sánchez Hernández, de modo que las notificaciones, incluida la sentencia, se hacen a él (art. 153 LEC), por medios electrónicos (LexNET), a los que está obligado (art. 162 LEC). Solo se notificaría al abogado si la representación se hubiera conferido a éste (art. 23.1, párrafo segundo, LJCA), lo que no ocurre (b). No se notifica personalmente a la parte (c y d).

Enunciado: De dictarse sentencia, la notificación de la misma a la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se entenderá por realizada a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (supletoria de la LJCA), art. 151.2.

Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, [...] o de las demás Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas [...] se tendrán por realizados al día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su efectiva recepción

Explicación: La Abogacía General de la Comunidad de Madrid es el servicio jurídico de una Administración autonómica: sus notificaciones se tienen por realizadas al día siguiente HÁBIL a la recepción (a). No es día natural (b) ni el mismo día (c). La regla de los tres días sin acceso (d) es del art. 162.2 LEC y opera solo cuando el destinatario no accede al contenido.

Enunciado: En el supuesto de que la notificación de la sentencia a la representación procesal de la parte actora fuera enviada por el Tribunal de Instancia el lunes 8 de junio de 2026 a las 15:30 horas se tendrá por realizada (siendo todos los días hábiles):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (supletoria de la LJCA), art. 151.2.

[...] así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores se tendrán por realizados al día siguiente hábil a la fecha de recepción [...] Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.

Explicación: La representación procesal de la actora es el procurador, que recibe las notificaciones a través del servicio del Colegio de Procuradores. Hay dos pasos: 1) enviada el lunes 8-6-2026 a las 15:30, después de las 15:00, se tiene por RECIBIDA el día siguiente hábil, martes 9-6-2026; 2) se tiene por REALIZADA el día siguiente hábil a la recepción, miércoles 10-6-2026 (c). La a ignora ambas reglas; la b aplica solo una de ellas; la d añade un día sin base legal.

Observaciones: Error típico: quedarse en el martes 9, que es solo el día de recepción. Si se hubiera enviado antes de las 15:00 del lunes, se habría recibido el lunes y se tendría por realizada el martes.

Enunciado: En el supuesto anterior, si Doña Lucrecia quiere pedir la aclaración de la sentencia, el plazo empezará a contar:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 267.2 LOPJ; arts. 214.2 y 133.1 LEC.

Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo (art. 133.1 LEC); aclaración a petición de parte dentro de los dos días hábiles siguientes (art. 267.2 LOPJ).

Explicación: Según la pregunta anterior, la notificación se tiene por realizada el miércoles 10-6-2026. El plazo de dos días hábiles para pedir la aclaración comienza a correr el día siguiente, jueves 11-6-2026 (c), y vence el viernes 12-6-2026. La a y la b confunden el inicio con la recepción o con la realización de la notificación; la d es el día del vencimiento, no el del inicio.

Observaciones: Cómputo: envío lunes 8 (15:30) → recepción martes 9 → notificación realizada miércoles 10 → día 1 del plazo: jueves 11 → día 2 y vencimiento: viernes 12 de junio de 2026. Aunque la LOPJ y la LEC hablan de la «publicación» de la resolución, para la parte el plazo se cuenta desde la notificación.

Enunciado: En relación al caso expuesto, en el supuesto de haberse acordado la celebración de vista, la administración demandada deberá remitir el expediente administrativo:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.3, párrafo segundo.

requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista.

Explicación: El plazo se cuenta hacia atrás desde la vista: al menos quince días de antelación (a). No son diez días (b, d) y no se cuenta desde la citación (c, d).

Enunciado: De conformidad con lo dispuesto en el art 128 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, transcurrido un plazo el letrado de la Administración de Justicia tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 128.1.

No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.

Explicación: Es la llamada rehabilitación de plazos: el escrito presentado dentro del día en que se notifica la resolución que declara caducado el trámite se admite, salvo en los plazos para preparar o interponer recursos (d). La c invierte la excepción; la a y la b contradicen el precepto.

Observaciones: Es una especialidad de lo contencioso-administrativo; en el proceso civil los plazos son improrrogables sin esta rehabilitación.

Enunciado: En el supuesto de solicitud de medida cautelar, esta se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 131.

El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes.

Explicación: El incidente cautelar ordinario se tramita en pieza separada y con audiencia de la parte contraria, por plazo no superior a diez días, y se resuelve por auto en cinco días (a). Sin audiencia solo se adoptan las medidas de especial urgencia del art. 135, que no son el cauce general del art. 131.

Enunciado: Conforme al artículo 5 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa el órgano judicial apreciará de oficio la falta de jurisdicción:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 5.2.

Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

Explicación: Literal del art. 5.2: de oficio, con audiencia previa de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días (a). No son quince días (b), y el propio enunciado dice «de oficio», lo que excluye la c y la d.

Enunciado: En el supuesto que a la Señora Rojas Blanco le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, este derecho en el transcurso de una misma instancia se extiende a:

Ley y artículo: Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, art. 7.1.

La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.

Explicación: Reproducción literal del art. 7.1: todos los trámites e incidencias, incluida la ejecución, y no se aplica a un proceso distinto (d). La a excluye la ejecución; la b excluye incidentes y ejecución y admite otro proceso; la c admite otro proceso.

Dª. Miriam Muñoz García, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Mayor nº 5 de Segovia, actuando en su propio nombre y derecho, presenta demanda de despido nulo con vulneración de derechos fundamentales y, de forma subsidiaria, despido improcedente contra la empresa Verde Light, con domicilio social en Calle Balmes nº 32 de Barcelona, en la persona de su representante legal, desempeñando sus servicios en el centro situado en Avenida de la Albufera nº 45 de Madrid, y en la directora de recursos humanos Dª Josefina Pérez Martín con domicilio en el citado centro de trabajo. También es parte el Ministerio Fiscal.

La trabajadora ostenta la cualidad de representante sindical de los trabajadores.

La Sra. Muñoz ha venido prestando servicios en la citada mercantil desde el día 3/06/2024 con un contrato de trabajo indefinido, con la categoría de auxiliar administrativo percibiendo un salario bruto mensual de 1.400 euros con absoluta diligencia y profesionalidad. El día 7/01/2025 comunica a la Sra. Pérez, su incorporación de la baja por maternidad y como consecuencia de ello, durante los tres meses posteriores sufre varios episodios de hostigamiento y trato degradante lo que le provoca un estado de ansiedad y deterioro emocional, causando finalmente con fecha 7/04/2025 baja por incapacidad temporal. Con fecha 20/06/2025, cinco días después de incorporarse de la citada baja, la empresa le comunica el despido disciplinario basado en incumplimiento grave y culpable de la trabajadora por supuestas faltas graves, según la carta de despido que adjunta.

Con posterioridad las partes acuden al preceptivo acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) cuyo resultado es celebrado sin avenencia.

La demandante solicita la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, siendo totalmente discriminatorio ya que el verdadero motivo del despido es su reciente maternidad, así como a una indemnización adicional de 10.000 euros por los daños morales y perjuicios sufridos y, de forma subsidiaria, despido improcedente con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia competente, dicta sentencia estimatoria contra la empresa Verde Light declarando el despido improcedente absolviendo a la Sra. Pérez Martín de todas las pretensiones ejercitadas.

Enunciado: Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ¿puede la Sra. Muñoz presentar la demanda por sí misma?

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 18.1 (en relación con el art. 21.1).

Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Explicación: En la instancia social las partes pueden comparecer por sí mismas (art. 18.1), y la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social son facultativas (art. 21.1). La Sra. Muñoz puede, por tanto, demandar por sí misma (a). La b y la d inventan una intervención preceptiva; la c traslada el límite de 2.000 € del proceso civil (art. 31 LEC), que no rige en lo social.

Observaciones: La asistencia letrada solo es preceptiva en lo social en suplicación (abogado o graduado social) y en casación y ante el Tribunal Supremo (abogado).

Enunciado: Para conocimiento de este proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, será competente la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que por turno corresponda de:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 10.1.

Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

Explicación: Los servicios se prestan en Madrid (Avenida de la Albufera) y la empresa demandada tiene su domicilio en Barcelona: la trabajadora puede elegir entre Madrid y Barcelona (b). El domicilio de la demandante, Segovia (a), no es fuero en este caso, porque los servicios no se prestan en varias circunscripciones. La c y la d suprimen indebidamente la elección.

Observaciones: Como también se demanda a la directora de RR. HH., con domicilio en Madrid, el fuero del domicilio permitiría elegir el de cualquiera de los demandados; la conclusión es la misma. Las referencias legales a «Juzgados de lo Social» se entienden hechas, tras la LO 1/2025, a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia.

Enunciado: De conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ¿en qué plazo la Sra. Muñoz puede reclamar contra el despido?

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 103.1.

El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

Explicación: Veinte días hábiles desde el día siguiente al despido, plazo de caducidad que excluye sábados, domingos y festivos en la sede del órgano (b). Las demás opciones alteran el número de días o su naturaleza.

Observaciones: Recuerda que la presentación de la papeleta de conciliación ante el SMAC suspende el cómputo de la caducidad.

Enunciado: Recibida la demanda, observándose que no consta la fecha y firma por la Sra. Muñoz, el letrado de la administración de justicia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, requerirá a la parte actora para que lo subsane en el siguiente plazo:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 81.1 (en relación con el art. 80.1.f).

[...] o advertirá a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar la demanda [...] a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días.

Explicación: La fecha y la firma son requisitos de la demanda (art. 80.1.f). Ante su falta, el LAJ advierte a la parte para que los subsane en cuatro días (art. 81.1): opción a. Cinco, siete y diez días no tienen apoyo en el precepto; diez días es el plazo de subsanación de lo contencioso-administrativo (art. 45.3 LJCA).

Observaciones: Si lo que falta es la certificación del acto de conciliación, el plazo es distinto: quince días (art. 81.3).

Enunciado: En el caso de que no fuera subsanada la demanda de despido por la Sra. Muñoz, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, el letrado de la administración de justicia dará cuenta al juez para que resuelva sobre su admisibilidad en el siguiente plazo:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 81.2.

Realizada la subsanación, el letrado o letrada de la Administración de Justicia admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al juez, jueza o tribunal para que por el mismo se resuelva, dentro de los tres días siguientes, sobre su admisibilidad.

Explicación: Si la demandante no subsana, el LAJ no inadmite por sí mismo: da cuenta al juez, que resuelve sobre la admisibilidad dentro de los tres días siguientes (art. 81.2 LRJS). El plazo de cinco días no aparece en el precepto; el de cuatro días es el que se concede a la parte para subsanar (art. 81.1) y el de quince días es el de acreditar la conciliación previa (art. 81.3). Siete y diez días no tienen apoyo en el artículo.

Observaciones: Distingue los tres plazos del art. 81 LRJS: 4 días para que la parte subsane, 3 días para que el juez resuelva sobre la admisión si no se subsana, y 15 días para acreditar la conciliación o mediación previa.

Enunciado: No acompañándose a la demanda documentación acreditativa de haber intentado la Sra. Muñoz la previa conciliación ante el SMAC, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, el letrado de la administración de justicia:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 81.3.

Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa [...] el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

Explicación: El art. 81.3 LRJS ordena al LAJ advertir al demandante para que acredite la conciliación o mediación previa en quince días, con apercibimiento de archivo. La opción c reproduce el precepto. La d cambia el plazo a diez días. La a es incorrecta porque no se archiva de inmediato: el archivo es solo el apercibimiento si no se acredita. La b también falla: no se da cuenta al juez, lo resuelve el propio LAJ.

Observaciones: Recuerda que la falta de conciliación previa NO impide admitir la demanda y señalar: el LAJ admite, señala y advierte; si no se acredita en 15 días, se archiva y el señalamiento queda sin efecto.

Enunciado: Según lo previsto en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, subsanados los defectos por la Sra. Muñoz, el letrado de la administración de justicia, en el decreto de admisión:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 81.4 (en relación con arts. 81.5 y 82.1 y 82.2).

Si la demanda fuera directamente admisible, o una vez subsanada la misma, y en ella se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, en el decreto de admisión de la demanda, acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio.

Explicación: La opción b reproduce el art. 81.4 LRJS, en la redacción del Real Decreto-ley 6/2023. La a falla por el plazo: el art. 82.1 exige un mínimo de diez días entre la citación y la celebración, no quince. La c falla también por el plazo: el art. 81.5 da dos días para designar letrado, graduado social o procurador, no tres. La d es incorrecta porque, según el art. 82.2, la conciliación anticipada puede acordarse a instancia de cualquiera de las partes o de oficio por el LAJ.

Observaciones: Plazos de la admisión en el proceso social: 10 días mínimo entre citación y juicio (art. 82.1); 2 días para que el demandado designe defensa o representación (art. 81.5); la conciliación anticipada, a instancia de parte o de oficio (art. 82.2), se celebra a partir de los 10 días desde la admisión y con 30 días de antelación mínima al juicio (art. 82.3).

Enunciado: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, el acto de comunicación efectuado de forma telemática al Ministerio Fiscal, se tendrá por realizado:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 60.3, párrafo segundo.

Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los letrados de las Cortes Generales y a los letrados de las Comunidades Autónomas y de la Administración de la Seguridad Social, así como las notificaciones a las partes [...] se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Explicación: El Ministerio Fiscal es parte en el proceso, como indica el supuesto. El art. 60.3 LRJS establece que la comunicación electrónica que se le hace se tiene por realizada el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo. Los plazos de dos, tres y cinco días de las demás opciones no aparecen en el precepto.

Observaciones: No confundas esta regla («el día siguiente a la recepción») con la de los tres días sin acceder al contenido, que el art. 162 LEC aplica para entender rechazada o practicada la comunicación electrónica.

Enunciado: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, en las cédulas de citación se hará constar las siguientes prevenciones:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 82.4 (y 82.5), en la redacción de la LO 1/2025.

En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, salvo causas justificadas y en los supuestos legalmente previstos.

Explicación: La opción b reproduce el art. 82.4 LRJS en la redacción dada por la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025. La a es incorrecta porque la prueba debe presentarse en formato electrónico, y el papel solo se admite si la parte no está obligada a relacionarse electrónicamente (art. 82.5). La c cambia el plazo: la aportación anticipada es con diez días de antelación, no cinco; los cinco días eran los de la redacción anterior a la LO 1/2025. La d contradice el art. 82.4, según el cual las partes podrán someter la cuestión litigiosa a mediación.

Observaciones: Ojo a la reforma de la LO 1/2025: la aportación anticipada de prueba documental o pericial pasa de 5 a 10 días antes del juicio y se generaliza (ya no depende de su volumen o complejidad).

Enunciado: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 61 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, si la diligencia de citación no se hubiera practicado correctamente:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 61.

Serán nulos las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo. No obstante, si el interesado se hubiere dado por enterado o constara de forma suficiente su conocimiento procesal o extraprocesal de los elementos esenciales de la resolución, la diligencia surtirá efecto desde ese momento.

Explicación: La regla general del art. 61 LRJS es la nulidad, con una sanación: si el interesado se da por enterado, la diligencia surte efecto desde ese momento. Eso es lo que dice la d. La b omite la sanación al decir «en ningún caso». La a habla de anulabilidad, figura que el precepto no utiliza. La c es contraria al precepto.

Observaciones: Mismo esquema que el art. 166 LEC: nulidad del acto de comunicación defectuoso, salvo que el destinatario se haya dado por enterado.

Enunciado: Para la práctica del primer acto de comunicación con la demandada Verde Light, realizándose por medios electrónicos, si transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se procederá a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 155.1, párrafo segundo (redacción dada por la LO 1/2025).

No obstante, si el acto de comunicación tuviese por objeto el primer emplazamiento o citación, o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, y transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se procederá a la comunicación domiciliaria mediante entrega al destinatario en los términos del artículo 161. Si esta segunda comunicación resultara infructuosa, se procederá a su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único conforme a lo dispuesto en el artículo 164.

Explicación: Verde Light es una persona jurídica y está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Su primera citación se hace, por tanto, por medios electrónicos (art. 155.1 LEC). Si pasan tres días sin que acceda al contenido, la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, ordena la comunicación domiciliaria mediante entrega (art. 161 LEC). Esa es la opción a. La b correspondía a la redacción del Real Decreto-ley 6/2023 (publicación directa en el Tablón Edictal Judicial Único); hoy el Tablón solo procede si esta segunda comunicación resulta infructuosa, que es justo lo que plantea la pregunta 136. La c (correo certificado) no está prevista para este caso. La d (tenerla por efectuada) es la regla del art. 162 LEC para comunicaciones electrónicas ordinarias, no para el primer emplazamiento o citación.

Observaciones: Pregunta construida sobre la reforma de la LO 1/2025, que intercala la entrega domiciliaria antes del edicto. Las preguntas 135 y 136 van encadenadas: primero electrónica, después entrega domiciliaria y, si resulta infructuosa, edictos.

Enunciado: Si la segunda comunicación con la demandada Verde Light resultara infructuosa ignorándose su paradero, habiéndose utilizado los medios oportunos para la investigación de su domicilio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 39/2011, reguladora de la jurisdicción social:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 59.1 y 59.2.

De resultar infructuosas las averiguaciones efectuadas, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho Registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación acordando directamente la comunicación edictal del interesado.

Explicación: Agotada la averiguación del domicilio sin resultado, el art. 59.2 LRJS (redacción del Real Decreto-ley 6/2023) permite al LAJ consultar el Registro Central de Rebeldes Civiles. Después, el propio LAJ dicta diligencia de ordenación acordando directamente la comunicación edictal, que se practica conforme al art. 164 LEC. La a cambia «Civiles» por «Penales». La c atribuye la decisión al juez mediante providencia, cuando es el LAJ por diligencia de ordenación. La d no está prevista: la averiguación ya se ha hecho por la oficina judicial.

Observaciones: El enunciado cita la «Ley 39/2011»; es una errata: la ley reguladora de la jurisdicción social es la Ley 36/2011. La denominación completa que se añade («reguladora de la jurisdicción social») impide cualquier confusión y la respuesta no cambia.

Enunciado: Si con posterioridad la empresa demandada Verde Light fuera declarada insolvente o desaparecida, a tenor de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, el letrado de la administración de justicia citará como parte y dará traslado de la demanda a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que a su derecho convenga al:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 23.2.

En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas [...] el secretario judicial citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.

Explicación: Cuando la empresa está en concurso o ha sido declarada insolvente o desaparecida, el art. 23.2 LRJS obliga a citar como parte al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), porque puede tener que responder de salarios e indemnizaciones (art. 33 del Estatuto de los Trabajadores). Las demás figuras no tienen esa intervención: el Ministerio Fiscal ya es parte en este proceso por la tutela de derechos fundamentales.

Observaciones: Este apartado del art. 23 conserva todavía la expresión «secretario judicial»; hoy debe leerse como letrado de la Administración de Justicia.

Enunciado: De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, la notificación realizada a la Sra. Muñoz se practicará:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 56.1 y 56.5.

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo.

Explicación: La Sra. Muñoz es una persona física que litiga en su propio nombre y tiene su domicilio de notificaciones en Segovia, fuera de la sede del órgano. Su notificación se rige por el art. 56.1 LRJS: correo certificado con acuse de recibo, dando fe el LAJ del contenido del sobre. La b es falsa: el art. 56.5 dice expresamente que en el orden social no cabe obligar contractualmente al trabajador a relacionarse electrónicamente. Como persona física, no está obligada salvo que opte por esos medios. La a es incorrecta: el exhorto no procede «en todo caso». La d describe la forma subsidiaria del art. 57, que solo se usa si no puede hacerse por correo.

Observaciones: El art. 56.1 LRJS sigue diciendo «secretario»; hoy es el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Orden de las formas de comunicación en el proceso social: primero correo certificado con acuse de recibo (art. 56) y, si no es posible, entrega personal (art. 57).

Enunciado: En el caso de que el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial acuda al domicilio de la Sra. Pérez a fin de practicar la notificación y citación al acto de conciliación y juicio, y no fuere hallada, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 57.1.

Si los actos de comunicación no pudieran efectuarse en la forma indicada, se practicarán mediante entrega de la copia de la resolución o de cédula al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de catorce años, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempeñe funciones de portería o conserjería de la finca.

Explicación: En la entrega personal, si el destinatario no es hallado, el art. 57.1 LRJS no manda extender diligencia negativa sin más. Ordena entregar la copia al pariente más cercano, familiar o empleado mayor de catorce años que esté en el domicilio y, en su defecto, al portero o conserje. Eso es la opción d. La a es incorrecta: el edicto es el último recurso del art. 59, cuando se ignora el domicilio, y aquí el domicilio es conocido. La b solo procedería si no hubiera nadie a quien entregar la copia. La c no es una forma prevista: dejar la cédula en el buzón no garantiza la recepción.

Observaciones: En el supuesto, la Sra. Pérez (directora de RR. HH.) tiene su domicilio en el centro de trabajo, por lo que también podría entregarse a un empleado. La respuesta d recoge el primer sustituto que cita la ley: el pariente más cercano mayor de 14 años.

Enunciado: De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, en el caso de que las partes hubieran alcanzado la avenencia ante el letrado de la administración de justicia:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 84.1 y 84.5.

Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. [...] La conciliación alcanzada ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia y los acuerdos logrados entre las partes y aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial. (art. 84.5): La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

Explicación: La opción a une el art. 84.1 LRJS (el LAJ aprueba la avenencia por decreto y acuerda el archivo) con el 84.5 (lo conciliado se ejecuta por los trámites de la ejecución de sentencias). La b falla en la resolución: el LAJ no dicta sentencias. La c falla en la calificación: la ley dice «conciliación judicial», no «procesal». La d falla en la forma de documentarla: se recoge «en la propia acta de comparecencia», no mediante diligencia.

Observaciones: Cuidado con la c: es la típica trampa de una sola palabra («judicial» frente a «procesal»). Con la LO 1/2025, si el acuerdo llega firmado digitalmente por todas las partes, el decreto se dicta en tres días como máximo; si no, se cita a las partes a comparecencia en cinco días como máximo para ratificarlo.

Enunciado: En el caso de la incomparecencia injustificada de la parte demandada, citada en forma al acto de conciliación, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 83.3 (redacción de la LO 1/2025).

La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía y sin perjuicio de la sanción que, por esta circunstancia, se podrá imponer en sentencia en los términos establecidos en el artículo 97.3.

Explicación: La opción d reproduce el art. 83.3 LRJS. Si el demandado no comparece, el proceso sigue y no se le declara en rebelde; la LO 1/2025 añade que podrá imponérsele en sentencia una sanción pecuniaria (art. 97.3). La b es la consecuencia de la incomparecencia del ACTOR (art. 83.2), no del demandado. La a y la c contradicen el precepto.

Observaciones: Contraste clave: si no comparece el actor, se le tiene por desistido (art. 83.2); si no comparece el demandado, el proceso sigue sin declarar su rebeldía (art. 83.3).

Enunciado: De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, el juez o tribunal dictará sentencia en el siguiente plazo:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 97.1.

El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.

Explicación: El art. 97.1 LRJS fija dos plazos: cinco días para dictar sentencia y dos días para notificarla. Solo la d combina ambos. La b acierta en los cinco días pero dice tres para notificar. La a y la c invierten o alteran los plazos.

Observaciones: Regla mnemotécnica: «5 para dictar, 2 para notificar».

Enunciado: En el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, al declararse improcedente el despido:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 110.1 y 110.2 (también 110.3 y 110.4 para descartar c y d).

(110.1) Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación [...] o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización [...]. (110.2) En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opción prevista en el número anterior corresponderá al trabajador.

Explicación: La clave está en «En el presente caso»: según el supuesto, la Sra. Muñoz «ostenta la cualidad de representante sindical de los trabajadores». Por el art. 110.2 LRJS, si se declara improcedente el despido de un representante legal o sindical, la opción entre readmisión e indemnización corresponde al trabajador y no al empresario. Por eso la respuesta es la b. La a recoge la regla general del art. 110.1 (opción del empresario), que aquí no se aplica. La c falla dos veces: el plazo de opción es de cinco días, no tres, y se ejercita sin esperar a la firmeza (art. 110.3). La d también: el nuevo despido por defectos de forma cabe en siete días, no diez (art. 110.4).

Observaciones: Pregunta trampa típica de supuesto práctico: hay que releer los datos del caso. Al ser representante sindical, la trabajadora elige entre readmisión e indemnización. La opción c contiene la errata «dento» por «dentro», que no afecta a la respuesta.

Enunciado: De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, si el despido se hubiera declarado nulo los efectos serían:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 113.

Si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos por el artículo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador.

Explicación: La c reproduce el art. 113 LRJS: el despido nulo conlleva la readmisión inmediata, sin opción por la indemnización, y el abono de los salarios dejados de percibir. La a describe el despido improcedente (art. 110). La b describe el despido procedente (art. 109 LRJS y art. 55.7 del Estatuto de los Trabajadores). La d no es el efecto que fija el art. 113. La indemnización por daños morales que pide la demandante es un pronunciamiento adicional propio de la tutela de derechos fundamentales (arts. 182.1.d y 183 LRJS), no el contenido del art. 113.

Observaciones: Resumen de efectos: procedente, extinción sin indemnización ni salarios de tramitación; improcedente, readmisión o indemnización (opción del empresario, o del trabajador si es representante); nulo, readmisión inmediata con salarios dejados de percibir.

Enunciado: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el emplazamiento a la administración se entenderá efectuado por:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 50.1 (y 50.2).

1. El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente. 2. Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.

Explicación: El art. 50 LJCA distingue dos momentos. El emplazamiento de la Administración se entiende hecho con la reclamación del expediente (apartado 1); su personación, con el envío del expediente (apartado 2). La a confunde ambos momentos: corresponde a la personación, no al emplazamiento. La c y la d no tienen apoyo en el precepto.

Observaciones: Pareja clásica de examen: RECLAMACIÓN del expediente equivale al emplazamiento; ENVÍO del expediente, a la personación.

Enunciado: En un procedimiento laboral, ¿puede el juez en el momento de terminar el juicio pronunciar sentencia de viva voz?

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 50 (redacción de la LO 1/2025).

El juez o la jueza, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz [...]. Su dictado tendrá lugar al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las partes, quedando documentada en el soporte audiovisual del acto, sin perjuicio de la ulterior redacción por el juez, la jueza o el magistrado o la magistrada del encabezamiento, los hechos probados y la mera referencia a la motivación pronunciada de viva voz [...]. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde que se notificase a la parte la resolución así redactada.

Explicación: Tras la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, el art. 50 LRJS permite la sentencia oral en cualquier materia y cuantía, documentada en el soporte audiovisual y sin perjuicio de su redacción posterior. Es la opción b. La a niega una posibilidad que la ley reconoce. La c añade un plazo inexistente: el plazo para recurrir cuenta desde que se notifica la resolución redactada, sin «dos días siguientes». La d falla porque la firmeza en el mismo acto exige que TODAS las partes estén presentes, debidamente asistidas o representadas, y manifiesten que no recurren.

Observaciones: La LO 1/2025 suprimió la antigua limitación de la sentencia oral a los asuntos sin recurso de suplicación. Hoy solo se excluye en los procedimientos sin abogado ni graduado social, en los que la sentencia ha de ser necesariamente escrita.

Enunciado: ¿En qué parte de la Constitución Española se hace referencia explícita a la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 10.2.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Explicación: La única mención expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos está en el art. 10.2 CE. El Preámbulo habla de proteger los derechos humanos pero no cita la Declaración; el art. 93 regula la cesión de competencias a organizaciones internacionales y el art. 53 las garantías de los derechos.

Observaciones: Ojo con el Preámbulo: menciona 'los derechos humanos', no la Declaración Universal.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 16.1 y 16.3.

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Explicación: El art. 16.3 CE consagra la aconfesionalidad con cooperación. La a contradice la aconfesionalidad; la c niega la cooperación que la CE impone; la d es falsa porque el art. 16.1 garantiza la libertad religiosa 'de los individuos y las comunidades'.

Observaciones: Modelo de aconfesionalidad o laicidad positiva: separación, pero con cooperación.

Enunciado: El desarrollo normativo del artículo 18 de la Constitución Española en lo referido a la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, debe hacerse necesariamente mediante:

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 81.1 (en relación con el art. 18.1).

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas…

Explicación: El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen es un derecho fundamental (Sección 1.ª, Capítulo II, Título I), por lo que su desarrollo exige ley orgánica (art. 81.1 CE); de hecho se desarrolló por la LO 1/1982, de 5 de mayo. La ley ordinaria no basta; el decreto-ley no puede afectar a los derechos del Título I (art. 86.1 CE); las leyes de armonización (art. 150.3 CE) son otra figura.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Española:

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 67.2.

Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

Explicación: La d reproduce el art. 67.2 CE. La a contradice el art. 67.1 ('Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente'); la b contradice la prohibición de mandato imperativo; la c contradice el art. 67.3 (las reuniones sin convocatoria reglamentaria 'no vincularán a las Cámaras').

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la designación de senadores autonómicos según el artículo 69 de la Constitución Española es correcta?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 69.5.

Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma…

Explicación: La c recoge el art. 69.5 CE. La a confunde con el art. 69.2 (cuatro senadores por provincia, no por Comunidad); la b atribuye la designación al Gobierno autonómico y no a la Asamblea; la d suprime el senador mínimo y habla de elección directa, cuando es una designación.

Observaciones: El art. 69 CE fue reformado en mayo de 2026 solo en su apartado 3 (circunscripciones insulares de Ibiza y Formentera); el apartado 5 no cambia.

Enunciado: Tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 44, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 44.3.

se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

Explicación: El art. 44.3 completa la frase con 'normativa laboral y de Seguridad Social'. Las directivas, el EBEP o los convenios no aparecen en el precepto.

Observaciones: Aunque hoy el permiso se denomina 'por nacimiento y cuidado del menor' en el Estatuto de los Trabajadores, el art. 44.3 de la LO 3/2007 conserva su redacción original.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, cuando se dan situaciones generadas por prácticas aparentemente neutras que ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto a personas del otro, se considera:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 6.2.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro…

Explicación: La práctica aparentemente neutra que produce desventaja es la definición de discriminación indirecta (art. 6.2). La directa (art. 6.1) es el trato menos favorable en atención al sexo; la 'positiva' se refiere a acciones positivas (art. 11) y la 'negativa' no es una categoría legal.

Enunciado: Según recoge el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género tendrá carácter:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 3.1 (redacción de la LO 10/2022).

se pondrá en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente…

Explicación: Desde la reforma de la LO 10/2022 (vigente desde el 7 de octubre de 2022), el art. 3.1 califica el Plan Estatal como 'de carácter permanente'. Lo anual es el Informe de evaluación del Plan que la Delegación del Gobierno remite a las Cortes, no el Plan; semestral y temporal no aparecen.

Observaciones: Trampa: 'anual' es el Informe de evaluación del Plan, no el Plan. Antes de 2022 se llamaba 'Plan Nacional' y no tenía carácter permanente.

Enunciado: Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral de las víctimas de violencia de género, es un:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 2.g).

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: […] g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

Explicación: Es literalmente el fin de la letra g) del art. 2 ('Principios rectores'). El Plan Estatal (art. 3) contiene elementos de sensibilización, no este fin; el art. 4 recoge principios y valores del sistema educativo; los ODS son ajenos a la ley.

Enunciado: Respecto a las Comisiones Delegadas del Gobierno, descritas en el artículo 6 de la Ley 50/1997, del Gobierno, indique la afirmación incorrecta:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 6.1, 6.4 y 6.5.

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Explicación: La a invierte los papeles: acuerda el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente, no al revés. Las demás son correctas: 'como órganos colegiados del Gobierno' (art. 6.4), 'Las deliberaciones… serán secretas' (art. 6.5) y creación 'mediante Real Decreto' (art. 6.1).

Enunciado: La Ley 50/1997, del Gobierno, establece en su Capítulo I que la función de declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio corresponde:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 5.1.f).

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde […] f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.

Explicación: Es función del Consejo de Ministros (art. 5.1.f; en concordancia con el art. 116 CE). Al Presidente no se le atribuye; el Congreso autoriza la prórroga de la alarma, autoriza la excepción y declara el sitio, pero no declara alarma ni excepción, y las Cortes Generales no intervienen como tales.

Enunciado: Según el artículo 62 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el nombramiento y separación de los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado corresponde al:

Ley y artículo: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 62.2.c).

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

Explicación: El art. 62.2.c) atribuye esta competencia a los Secretarios de Estado. Ni el Director General, ni el Ministro, ni el Subsecretario la tienen respecto de los Subdirectores de la Secretaría de Estado.

Enunciado: Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la estructura de la Administración General del Estado no comprende:

Ley y artículo: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 55.2.

La Administración General del Estado comprende: a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. b) La Organización Territorial. c) La Administración General del Estado en el exterior.

Explicación: El art. 55.2 enumera solo tres bloques: central, territorial y exterior (opciones d, a y c). El INSS es una entidad gestora de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia, perteneciente al sector público institucional, no a la estructura de la AGE.

Enunciado: ¿Qué recoge el artículo 138 de la Constitución Española en su segundo apartado?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 138.2.

Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Explicación: La b es el texto literal del art. 138.2 CE. La a corresponde al art. 139.1, la c al art. 137 y la d al art. 139.2.

Observaciones: Los arts. 137, 138 y 139 CE suelen preguntarse cruzados: conviene memorizar qué dice cada apartado.

Enunciado: Según el artículo 150 de la Constitución española, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. ¿A quién corresponde la apreciación de esta necesidad?

Ley y artículo: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, art. 150.3.

Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Explicación: El art. 150.3 CE exige mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales. La c falla en la mayoría (simple); la a y la b atribuyen la apreciación a órganos ejecutivos o autonómicos sin base constitucional.

Enunciado: La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 3 que el municipio, la provincia y la isla son entidades locales territoriales; no gozan de esta condición:

Ley y artículo: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 3.2 (redacción de la Ley 27/2013).

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios […] b) Las Áreas Metropolitanas. c) Las Mancomunidades de Municipios.

Explicación: Las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades gozan de la condición de entidad local según el art. 3.2 LBRL; las 'regiones históricas' no figuran en el art. 3 y no son entidad local de ningún tipo. Es la respuesta que busca el examinador.

Observaciones: Mancomunidades, comarcas y áreas metropolitanas SÍ son entidades locales, pero no territoriales (art. 3.2). Las 'regiones históricas' no aparecen en la ley. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): Ambigüedad del enunciado: si «esta condición» es la de entidad local territorial (art. 3.1 LBRL), tampoco la tienen comarcas, áreas metropolitanas ni mancomunidades (art. 3.2): las cuatro opciones encajarían.

Enunciado: ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino de un municipio?

Ley y artículo: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 15 (párrafo cuarto).

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Explicación: El art. 15 LBRL vincula la vecindad a la inscripción padronal, sin plazo de residencia previo. Ni el nacimiento, ni un plazo de seis meses, ni el matrimonio otorgan por sí la condición de vecino.

Enunciado: La Unión Europea se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la opción correcta de las siguientes:

Ley y artículo: Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versiones consolidadas, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 1, párrafo tercero, TUE; art. 1.2 TFUE.

La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico.

Explicación: Los dos Tratados tienen el mismo valor jurídico (art. 1 TUE y art. 1.2 TFUE), por lo que no hay jerarquía entre ellos (falla la d). Las opciones b y c invierten los papeles: el TUE recoge los principios e instituciones básicos y el TFUE desarrolla el funcionamiento (la parte 'operativa').

Observaciones: La opción dice 'valor legal' en lugar de 'valor jurídico', pero el sentido es el mismo.

Enunciado: Según el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 8.

En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.

Explicación: El art. 8 TFUE consagra la transversalidad de la igualdad: 'en todas sus acciones'. Las demás añaden condiciones o marcos (ODS, posibilidades estatales, ausencia de ley nacional) que el Tratado no contempla.

Enunciado: Tal y como establece el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, si el Defensor del Pueblo Europeo dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010), art. 228.2, párrafo segundo.

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

Explicación: Destituye el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento Europeo (art. 228.2 TFUE). La b invierte los papeles y mete a la Comisión, que no interviene; la c y la d describen procedimientos que el Tratado no prevé.

Observaciones: El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Europeo, pero no puede destituirlo: solo pedírselo al Tribunal de Justicia.

Enunciado: Según el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, ¿puede un ciudadano de la Unión, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro?

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83/2010), art. 20.2.c) TFUE (y art. 23 TFUE); art. 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

«de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado»

Explicación: El derecho de protección diplomática y consular es uno de los derechos de la ciudadanía de la Unión y se reconoce «en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado». La a) niega precisamente esa igualdad de condiciones; la c) y la d) niegan el derecho, que existe por mandato del propio Tratado y no depende de convenios bilaterales.

Observaciones: Ojo: el enunciado dice «Tratado de la Unión Europea», pero este derecho está en el artículo 20.2.c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), desarrollado en su art. 23. El artículo 20 del TUE regula las cooperaciones reforzadas. La respuesta no cambia: b).

Enunciado: El artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea, lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 4 bis.2.

«lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes»

Explicación: La LOPJ exige auto, previa audiencia de las partes, para plantear la cuestión prejudicial europea. No basta una providencia (a), no es una sentencia (c) porque no pone fin al proceso, y el recurso (d) no es una resolución judicial.

Observaciones: Recuerda la fórmula completa: «mediante auto, previa audiencia de las partes».

Enunciado: Según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a qué Tribunal le corresponde la competencia para decidir un recurso de casación admitido a trámite cuyo fundamento reside en la infracción de un precepto constitucional?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 5.4.

«En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.»

Explicación: Cuando la casación se funda en la infracción de un precepto constitucional, la competencia es siempre del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional (a) no conoce de recursos de casación, el TSJ (b) queda excluido por el «siempre» y el TJUE (d) solo interpreta el Derecho de la Unión.

Observaciones: La trampa es la a): el TC no resuelve casaciones aunque el motivo sea constitucional.

Enunciado: La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 11, que los jueces y juezas, así como los Tribunales, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes, de conformidad con:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 11.3.

«Los jueces y juezas, así como los Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen…»

Explicación: El art. 11.3 LOPJ vincula expresamente este deber al principio de tutela judicial efectiva del art. 24 CE. La justicia gratuita (b, c) y la Carta de Derechos (d) no son el fundamento que cita el precepto.

Observaciones: El enunciado ya recoge la redacción de la LO 1/2025 («los jueces y juezas, así como los Tribunales»).

Enunciado: Sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los Tribunales a los que se le atribuye, no figurando entre ellos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 26.

«a) Jueces y juezas de paz. b) Tribunales de Instancia. c) Audiencias Provinciales. d) Tribunales Superiores de Justicia. e) Tribunal Central de Instancia. f) Audiencia Nacional. g) Tribunal Supremo.»

Explicación: El art. 26 LOPJ, tras la LO 1/2025, enumera jueces y juezas de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial; se regula en el Título IX CE y en su propia Ley Orgánica.

Observaciones: Las opciones a), b) y c) sí figuran en la lista vigente.

Enunciado: Según el artículo 507 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los funcionarios de los cuerpos a los que se refiere el Libro VI, cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a funcionarios de la Administración de Justicia, se hallarán en situación de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 507.2.g).

«2. Además, también se considerarán en servicio activo, los citados funcionarios: […] g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad General Judicial, adscrito a funcionarios de la Administración de Justicia.»

Explicación: El art. 507.2.g) incluye este supuesto entre los casos de servicio activo. No son servicios especiales (a), ni excedencia voluntaria (c); la «excedencia temporal por servicios especiales» (d) no existe como situación.

Observaciones: Pregunta trampa: parece un supuesto de servicios especiales, pero la ley lo considera servicio activo.

Enunciado: La excedencia por cuidado de hijos es un derecho individual de los funcionarios de los cuerpos generales de la administración de justicia; su concesión:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 509.1 y 509.3.

«La concesión de la excedencia estará condicionada a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo.»

Explicación: El art. 509.1 condiciona la concesión a esa declaración previa. Las «razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios» (b) solo permiten limitar el ejercicio simultáneo cuando dos funcionarios generan el derecho por el mismo hijo (art. 509.3), no condicionan la concesión. La a) es inventada y la d) contradice el apartado 1.

Observaciones: La b) es el distractor: mezcla la regla de la limitación del ejercicio simultáneo con la concesión.

Enunciado: Tal y como establece el artículo 511 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la situación de suspensión provisional de funciones de un funcionario durante la tramitación de un expediente disciplinario será acordada por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 511.3.b).

«b) Durante la tramitación de un expediente disciplinario, por la autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses…»

Explicación: La suspensión provisional durante un expediente disciplinario la acuerda la autoridad que ordenó incoarlo. No la acuerda un juez (a), que solo interviene como medida cautelar en el proceso penal (art. 511.3.a), ni el instructor (c), ni el Secretario de Gobierno (d).

Enunciado: La duración de la suspensión provisional del funcionario durante la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de:

Ley y artículo: Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, Reglamento General de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, art. 22.1 RD 796/2005 (en relación con el art. 511.3.b) LOPJ).

Sólo podrá acordarse cuando existan indicios racionales de la comisión de una falta grave o muy grave, y la duración de la medida no podrá exceder de seis meses cuando se trate de falta muy grave, y de tres meses cuando se trate de falta grave, salvo en el caso de una paralización del procedimiento imputable al interesado.

Explicación: La c) reproduce literalmente el art. 22.1 del Reglamento disciplinario (RD 796/2005): seis meses para las faltas muy graves. La a) falla porque tres meses es el límite de las faltas graves, no de las muy graves; la b) y la d) fallan porque para la falta grave el máximo es de tres meses (no doce ni nueve). El art. 511.3.b) LOPJ fija el tope general de seis meses.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las cuestiones denominadas artículos de previo pronunciamiento podrán proponerse en el término de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 667.

Las cuestiones expresadas en el artículo anterior podrán proponerse en el término de tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos.

Explicación: Los artículos de previo pronunciamiento del art. 666 se proponen en el término de tres días desde la entrega de los autos para calificar. Las otras opciones solo cambian el número de días (dos, cinco o cuatro), que no aparece en el precepto.

Observaciones: Las cuestiones que el art. 666 llama artículos de previo pronunciamiento son: declinatoria de jurisdicción, cosa juzgada, prescripción del delito, amnistía o indulto y falta de autorización administrativa para procesar.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 803 ter e. Apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podrán ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 803 ter e.1.

Podrá ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo regulado en el presente Título la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p.

Explicación: El art. 803 ter e.1 remite como salvedad al art. 803 ter p. Las cuatro opciones solo se distinguen por la letra del artículo de remisión: f, j y h no son las que cita el precepto.

Observaciones: Es una pregunta de pura memoria de la remisión. Truco: el art. 803 ter p regula el decomiso autónomo cuando la acción ya se había ejercitado antes (el supuesto de la salvedad).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el procedimiento por delitos de injurias y calumnias contra particulares el juicio deberá celebrarse:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 809.

El juicio deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes al de la presentación de la querella ante el Juez instructor a quien corresponda su conocimiento. Si hubiere causa justa y se hiciere constar por certificación del Secretario, podrá ampliarse hasta ocho días el término para la celebración del juicio verbal.

Explicación: El art. 809 fija tres días, ampliables hasta ocho si hay causa justa certificada por el Secretario. Las combinaciones 4/7, 5/6 y 2/5 de las demás opciones no aparecen en la ley.

Observaciones: Para recordarlo: 3 días, ampliables a 8. El precepto conserva la denominación histórica «Secretario» (hoy, letrado de la Administración de Justicia).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 636. Último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 636, último párrafo.

Las víctimas podrán recurrir el auto de sobreseimiento dentro del plazo de veinte días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa.

Explicación: El último párrafo del art. 636, en la redacción que le dio la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima, da veinte días y no exige que la víctima esté personada. Las opciones a y b fallan en el plazo (quince días); las opciones a y d, en exigir que se hayan mostrado parte.

Observaciones: Dos datos que se combinan: veinte días y sin necesidad de estar personada. El plazo empieza a contar cuando se entiende hecha la comunicación (cinco días después de enviarla).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 78.17 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 78.17, en relación con la disposición adicional octava.

Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de súplica, que se sustanciará y resolverá seguidamente.

Explicación: El art. 78.17 todavía dice «recurso de súplica», pero la disposición adicional octava de la LJCA (añadida por la Ley 13/2009) dispone que toda referencia al recurso de súplica se entiende hecha al recurso de reposición. Por eso la correcta es la c: reposición, en el acto y resuelto seguidamente. La a y la d hablan de apelación. La b menciona el recurso de reforma, propio del proceso penal, con un plazo de tres días que la ley no prevé.

Observaciones: Trampa clásica: el texto del artículo conserva la palabra «súplica», pero hoy es recurso de reposición (disp. adic. 8.ª LJCA). Se interpone en el mismo acto de la vista del procedimiento abreviado.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 127 ter punto sexto de la Ley de Jurisdicción contencioso -administrativa, en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado el órgano jurisdiccional, conclusas las actuaciones, dictará sentencia en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 127 ter.6.

Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco días.

Explicación: El art. 127 ter.6 fija cinco días para dictar sentencia en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Diez días es el plazo para formalizar la demanda y para contestarla (127 ter.3 y 4), y también el plazo de sentencia del procedimiento abreviado (art. 78.20). Tres y quince días no aparecen en este precepto.

Observaciones: En este procedimiento los plazos son breves: 5 días para remitir el expediente, 10 para la demanda, 10 para la contestación, prueba de 20 días como máximo y 5 días para la sentencia.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 60.6. de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, el Juez en el acto de emisión de la prueba pericial otorgará:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 60.6.

En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

Explicación: Desde la Ley 13/2009, el plazo es «no superior a cinco días». La opción c (tres días) recoge la redacción original de 1998, que ya no está vigente. Seis y siete días no aparecen en ninguna redacción.

Observaciones: Cuidado con los manuales antiguos: antes de 2009 el plazo era de tres días; hoy es de cinco.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 54.2.

Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla.

Explicación: El art. 54.2 fija veinte días. Las otras opciones solo cambian la cifra (quince, diez o nueve días).

Observaciones: El precepto añade que el letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente. Coincide con los veinte días del plazo para contestar la demanda (art. 54.1).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 228.1. segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso del incidente excepcional de nulidad de actuaciones el plazo para pedir la nulidad será de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 228.1, párrafo segundo.

El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

Explicación: El incidente excepcional de nulidad se pide en veinte días, con un tope de cinco años desde la notificación. Ninguna otra opción combina 20 días y 5 años: la a y la d dan 10 o 9 días y 4 años, y la b, 15 días y 3 años.

Observaciones: La regla es 20 días y 5 años. El art. 241 LOPJ recoge el mismo plazo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, que habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia mediante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 134.2.

La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá efectos suspensivos.

Explicación: El letrado de la Administración de Justicia aprecia la fuerza mayor mediante decreto, y contra ese decreto cabe recurso de revisión con efectos suspensivos. La a y la b fallan en la forma de la resolución (diligencia de ordenación) y en el recurso. La c niega el efecto suspensivo que la ley atribuye expresamente.

Observaciones: Lo excepcional, y por eso se pregunta, es que este recurso de revisión sí suspende. Lo normal es que los recursos no tengan efectos suspensivos.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal por medio de providencia podrá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 142.5.

En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.

Explicación: La habilitación de intérprete del art. 142.5 se refiere a las actuaciones orales y exige juramento o promesa previos. La a y la b hablan de actuaciones escritas. La b y la c suprimen el juramento o promesa.

Observaciones: Dos elementos: actuaciones ORALES y PREVIO juramento o promesa. Si falta cualquiera de los dos, la opción es incorrecta.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 243.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 243.2.

La nulidad parcial de un acto no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula.

Explicación: La opción b reproduce literalmente el art. 243.2 LOPJ, que recoge el principio de conservación de los actos. La a lo invierte. La c habla de «anulabilidad», término que el precepto no usa, y además invierte la regla. Como la b es correcta, la d cae.

Observaciones: Es el principio de conservación de los actos procesales: la parte independiente de la anulada se mantiene. La LEC lo recoge en términos idénticos en el art. 230.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 145.1. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 145, párrafo primero.

Para dictar autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán tres Magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios siete, salvo que la Ley disponga otra cosa.

Explicación: Tras la Ley 13/2009, el párrafo primero del art. 145 exige tres magistrados para los autos y siete para las sentencias del Tribunal Supremo. Las combinaciones 2/6, 4/5 y 5/4 de las otras opciones no aparecen en la ley.

Observaciones: En el Tribunal Supremo hacen falta 3 magistrados para los autos y 7 para las sentencias. En las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia bastan 3 para autos y sentencias, y en todos los tribunales bastan 2 para las providencias si están conformes. El art. 145 no está dividido en apartados numerados: el «145.1» del enunciado es su párrafo primero.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales se denominarán autos:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 141, párrafo tercero.

Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los investigados o encausados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; [...]

Explicación: La d reproduce la definición de auto del art. 141. La a altera la de providencia, que en la ley es la que resuelve «cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran legalmente la forma de auto», no «de sentencia». La b define la sentencia y la c, la sentencia firme.

Observaciones: Repasa las cuatro categorías del art. 141 LECrim: providencias, autos, sentencias y sentencias firmes. La opción a es un distractor tramposo porque se parece a la definición de providencia, pero cambia «auto» por «sentencia».

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 248.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la fórmula de las providencias se limitará:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 248.2 (redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero).

La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez, jueza o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

Explicación: La c reproduce íntegramente el art. 248.2 en la redacción de la LO 1/2025. La a añade «Solamente» y omite que la providencia puede motivarse sucintamente, así que da una regla incompleta y excluyente. La b convierte la motivación en obligatoria a petición de parte, algo que la ley no prevé. Como la c es correcta, la d cae.

Observaciones: Redacción nueva de la LO 1/2025: desaparecen la firma del juez y la del letrado, y la motivación sucinta procede cuando lo disponga la ley o quien la dicte lo estime conveniente. Hay quien podría defender la a porque reproduce la primera frase, pero el «Solamente» la hace excluyente y la c es la única que recoge el precepto completo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 214.1. y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las aclaraciones sobre las resoluciones que se hayan pronunciado una vez firmadas:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 214.1 y 2.

Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta [...] dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

Explicación: La aclaración puede hacerse de oficio o a petición de parte o del Ministerio Fiscal, y en ambos casos dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. La a y la b fallan por el «Únicamente», que excluye una de las dos vías. La c da tres días: ese es el plazo para resolver la solicitud, no para pedir la aclaración.

Observaciones: Distingue los dos plazos: 2 días hábiles para aclarar o pedir la aclaración y 3 días para resolver lo pedido. La opción c mezcla los dos.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 167.1. primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los mandamientos y oficios:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 167.1, párrafo primero (redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre).

Los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el letrado de la Administración de Justicia que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, debiendo utilizarse los medios previstos en el artículo 162.

Explicación: Desde la Ley 42/2015, el art. 167.1 obliga a usar los medios del art. 162 (medios electrónicos, telemáticos o similares). Las otras opciones solo cambian el artículo de remisión: el 161 regula la entrega de copia de la resolución o cédula, el 160 la remisión por correo o telegrama y el 163 el servicio común de notificaciones.

Observaciones: Desde 2015 la ley dice «debiendo» (antes, «pudiendo») utilizar los medios del art. 162, porque la comunicación electrónica es obligatoria. El segundo párrafo permite que las partes que lo pidan diligencien personalmente los mandamientos y oficios.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden usarán la forma de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 187.

Cuando los Jueces o Tribunales tengan que dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso requiera.

Explicación: Para dirigirse a autoridades o funcionarios de otro orden, el art. 187 prevé oficios o exposiciones. El suplicatorio se dirige a un tribunal superior (art. 184), el exhorto a uno de igual grado (art. 184) y el mandamiento a uno inferior o a los sujetos del art. 186.

Observaciones: Esquema de los actos de comunicación de la LECrim: al superior, suplicatorio; al igual, exhorto; al inferior, mandamiento; a autoridades o funcionarios de otro orden, oficio o exposición.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 186 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a Registradores de la Propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados y Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 186.

Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores de la propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento.

Explicación: El art. 186 prevé expresamente la forma de mandamiento. El exhorto y el suplicatorio sirven para comunicarse con otros tribunales, y el oficio, con autoridades o funcionarios de otro orden (art. 187).

Observaciones: Va en pareja con la pregunta 42: hacia registradores, notarios, auxiliares y policía judicial, mandamiento; hacia autoridades de otro orden, oficio o exposición.

Enunciado: Conforme dispone el artículo 188.2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los suplicatorios, exhortos o mandamientos que procedan de causas por delitos que solo puedan ser perseguidos por querella particular:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 188, párrafo segundo.

Los que procedan de causas por delitos que sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos.

Explicación: Para los delitos perseguibles solo por querella particular, el art. 188 dice que estos despachos «podrán» entregarse al interesado. La a recoge la regla del párrafo primero, que se aplica a los delitos que no son de querella privada. La b convierte la facultad en obligación («deberán... en todo caso»). La d mezcla las dos reglas en una fórmula inexistente.

Observaciones: Fíjate en el verbo: «podrán» entregarse (es una facultad). El art. 188 no tiene apartados numerados: el «188.2» del enunciado es su párrafo segundo.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales se comunicarán estos:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 195.

se comunicarán éstos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa.

Explicación: El art. 195 LECrim prevé la forma de 'atentos oficios' para autoridades y funcionarios no subordinados, y como excepción la comunicación verbal por urgencia, dejando constancia en la causa. Los mandamientos (a y b) se reservan a funcionarios subordinados (art. 186 LECrim); la d invierte la excepción (por escrito) y suprime la constancia en la causa.

Observaciones: Recuerda el esquema de la LECrim: exhortos (entre tribunales), mandamientos (a subordinados), oficios (a autoridades no subordinadas).

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.1. de la Ley de Jurisdicción Social, las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 56.1.

se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo.

Explicación: El art. 56.1 LRJS exige correo certificado con acuse de recibo 'cualquiera que sea el destinatario'. Las opciones a y b hablan de correo ordinario, que la ley no prevé; la c restringe indebidamente la regla al demandado.

Observaciones: El precepto sigue hablando de 'secretario': hoy es el Letrado de la Administración de Justicia. La clave es 'cualquiera que sea el destinatario'.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se notificará la pendencia del proceso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 150.2.

Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento.

Explicación: La notificación de la pendencia la acuerda el Tribunal ('por disposición del Tribunal') y se dirige a quienes 'puedan verse afectados', no a quienes ya lo hayan sido de forma efectiva. Las opciones a y b exigen afectación efectiva y atribuyen la iniciativa al LAJ o al demandante; la c la atribuye a la parte demandada.

Observaciones: La ley dice 'resolución que ponga fin al procedimiento'; la opción d dice 'que haya puesto fin', pero es la única que recoge los dos elementos clave: posible afectación y decisión del Tribunal.

Enunciado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 155.4. primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el supuesto de que los actos de comunicación con las partes aún no personadas o representadas por procurador se hubiesen practicado dos o más veces:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 155.4 (redacción del Real Decreto-ley 6/2023).

En el supuesto de que los actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador se hubiesen practicado dos o más veces, se estará a lo establecido en el apartado 6 del artículo 152.

Explicación: El art. 155.4 LEC, en su redacción vigente desde el 20 de marzo de 2024, remite al apartado 6 del art. 152. Las demás opciones cambian el número del artículo (162, 163, 153).

Observaciones: Redacción introducida por el Real Decreto-ley 6/2023 (eficiencia digital); la LO 1/2025 solo retocó el apartado 1 del artículo.

Enunciado: De conformidad con el artículo 236 sexies.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de Poder Judicial, ¿quién deberá elaborar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina Judicial?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 236 sexies.3.

«Previo informe del Consejo General del Poder judicial, y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia deberá elaborar y actualizar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la Oficina judicial y fiscal…»

Explicación: Elabora los códigos el Ministerio de Justicia. El CGPJ (a) y la Fiscalía General del Estado (b) solo emiten informe previo, y la Agencia de Protección de Datos (d) no aparece en el precepto.

Observaciones: Distingue quién elabora (Ministerio) de quién informa (CGPJ y, en su caso, FGE).

Enunciado: De conformidad con el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, cuando se presente un escrito por medios telemáticos en día u hora inhábil a efectos procesales:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 135.1, párrafo tercero.

«En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.»

Explicación: El art. 135.1 LEC no rechaza el escrito, sino que lo tiene por presentado el primer día y hora hábil siguiente. Se pueden presentar escritos electrónicos todos los días del año durante las 24 horas, así que no hay devolución (a) ni subsanación (c). Las «15:00 horas» (b) son el límite del día hábil siguiente al vencimiento de un plazo (art. 135.5), que es otra regla.

Observaciones: No confundas esta regla con la de las 15:00 horas del art. 135.5.

Enunciado: En virtud del artículo 137.bis.4 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, quien pretenda utilizar videoconferencia para la realización de una actuación judicial, deberá solicitarlo con la antelación suficiente y, en todo caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. añadido por el Real Decreto-ley 6/2023), art. 137 bis.4.

«El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.»

Explicación: El plazo legal es de diez días antes de la actuación. Los plazos de cinco, tres y cuatro días de las otras opciones no aparecen en la norma.

Enunciado: De conformidad con el artículo 436.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los servicios comunes de las oficinas judiciales podrán estructurarse en:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025), art. 436.5.

«Los servicios comunes podrán estructurarse en áreas, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y, si el servicio lo requiere, en equipos.»

Explicación: El art. 436.5 LOPJ habla de áreas y, si el servicio lo requiere, de equipos. Las demás combinaciones no existen: las unidades administrativas son otra figura (art. 439), las unidades de apoyo directo desaparecen con la LO 1/2025 y las jefaturas se refieren a áreas y equipos (art. 436.7).

Enunciado: En relación a la ordenación del Cuerpo de Secretarios, conforme establece el artículo 464.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en la ciudad de Ceuta y Melilla habrá:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 464.1.

«Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla…»

Explicación: El art. 464.1 prevé expresamente un Secretario de Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla. No hay Secretario General (b) ni LAJ director (d) en ese escalón, y el Secretario Coordinador (c) es provincial (art. 466).

Observaciones: El enunciado habla de «Cuerpo de Secretarios»: desde 2015 es el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. No afecta a la respuesta.

Enunciado: De conformidad con el artículo 441.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, ¿un letrado de la Administración de Justicia de tercera categoría podrá optar a una plaza de primera categoría?

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 441.5.

«En ningún caso un Letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera.»

Explicación: La prohibición es absoluta, sin excepción por razones del servicio ni autorización de ningún órgano. Las opciones a), b) y c) inventan excepciones que la ley no recoge.

Enunciado: De conformidad con el artículo 443 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, la condición de letrado de la Administración de Justicia se pierde:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 443.2.b).

«2. La condición de letrado de la Administración de Justicia se pierde en los siguientes supuestos: […] b) Por pérdida de la nacionalidad española.»

Explicación: La pérdida de la nacionalidad española es causa literal del art. 443.2.b). La renuncia ha de ser voluntaria y aceptada expresamente por el Ministerio (a); la sanción que hace perder la condición es la separación, no la suspensión (b); y la condena ha de ser superior a tres años por delito doloso (d).

Observaciones: Fíjate en los cambios de los distractores: «forzosa» por «voluntaria», «suspensión» por «separación» y «dos años» por «tres años».

Enunciado: De conformidad con el artículo 435.4 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los puestos de trabajo de la Oficina Judicial podrán ser cubiertos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 435.4.

«Los puestos de trabajo de la Oficina judicial solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia…»

Explicación: Hay una reserva exclusiva («solo») a favor de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Las opciones b), c) y d) abren los puestos a funcionarios de otras Administraciones, algo que la ley no permite en la Oficina judicial.

Enunciado: De conformidad con el artículo 479.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, no es una función del médico forense:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 479.5.

«b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos […] d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. […] f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función…»

Explicación: El art. 479.5 recoge como funciones la vigilancia facultativa de los detenidos (letra b, opción c), los informes y dictámenes a solicitud de particulares (letra d, opción d) y la investigación derivada de su propia función (letra f, opción b). Realizar análisis a petición de particulares no figura en la lista.

Observaciones: La d) es la trampa: los informes a solicitud de particulares sí son función del médico forense; lo que no recoge la ley son los «análisis».

Enunciado: Conforme establece el artículo 483.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 483.1.

«…el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.»

Explicación: El precepto cierra la enumeración con la publicidad. La imparcialidad y la transparencia son principios del art. 55 del EBEP, pero no los recoge el art. 483.1 LOPJ; la responsabilidad no es un principio de selección.

Observaciones: No mezcles el art. 483.1 LOPJ con la lista más larga del art. 55.2 EBEP.

Enunciado: De conformidad con el artículo 479.7 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los médicos forenses estarán destinados en:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 479.7.

«Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»

Explicación: El art. 479.7 destina a los médicos forenses a un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (o al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). No están destinados en oficinas judiciales (a) o fiscales (b), ni en un Tribunal de Instancia (d).

Observaciones: En el cuadernillo aparece «oficinal fiscal» en la opción b): es una errata tipográfica sin efecto.

Enunciado: Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, es una función del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 476.1.b) (y art. 477 b y c para los distractores).

«b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación.»

Explicación: Practicar y firmar comparecencias es función de Gestión (art. 476.1.b). El registro y clasificación de la correspondencia (b) y la formación de autos y expedientes (c) son funciones de Tramitación Procesal (art. 477.b y c). «Ordenar la dación en cuenta» (a) no es función de Gestión, que da cuenta al LAJ de la tramitación pero no la ordena.

Observaciones: Clásico de cuerpos cruzados: b) y c) son literales del art. 477 (Tramitación).

Enunciado: En virtud del artículo 13 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, la remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial se formalizará periódicamente: