Plantilla provisional del examen de Gestión Procesal del 3 de octubre de 2026 (modelos A y B) con todas las respuestas explicadas

Si la rehabilitación de un juez o magistrado se denegase, no podrá iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 381.2 LOPJ).

Cita literal: ««Si la rehabilitación se denegare, no podrá iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los tres años siguientes, plazo que se computará a partir de la resolución denegatoria inicial del Consejo General del Poder Judicial.»»

Justificación: Literal del art. 381.2 LOPJ: tres años, computados desde la resolución denegatoria inicial del CGPJ. La opción d altera el día inicial (la notificación) y las opciones b y c alteran la duración.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no conocerá de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 56.2º LOPJ).

Cita literal: ««…Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía.»»

Justificación: El art. 56.2º incluye a los Consejeros del Tribunal de Cuentas, a los del Consejo de Estado y a los Consejeros autonómicos cuando lo determine su Estatuto. Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales no figuran en el elenco de aforados ante la Sala Primera.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 57.1.2º y 3º LOPJ).

Cita literal: «2º: «…Vocales del Consejo General del Poder Judicial, … Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo…»; 3º: «…causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.»»

Justificación: El art. 57.1 incluye a los Vocales del CGPJ, a los Consejeros del Consejo de Estado (2º) y a los Fiscales europeos delegados (3º, añadido por la LO 9/2021). Solo cita al Defensor del Pueblo, no a sus Adjuntos.

El aforamiento de los Adjuntos tiene otra base legal (LO 3/1981) y no está en el art. 57 LOPJ, que es lo que se pregunta.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 10.1 a), b), d) y f) LJCA).

Cita literal: «10.1.f): «Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas…»»

Justificación: El art. 10.1 atribuye a los TSJ, en única instancia, los actos de las Entidades locales no atribuidos a los órganos unipersonales (letra a; opción a), las disposiciones generales de las Entidades locales (letra b; opción b) y las resoluciones de los TEA Regionales y Locales (letra d; opción c). En materia electoral (letra f) solo cita las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, no las Locales.

El texto consolidado del art. 10.1.a) LJCA mantiene aún «Juzgados de lo Contencioso-Administrativo»; la opción a) usa la denominación adaptada a la LO 1/2025 («Secciones … de los Tribunales de Instancia»). No cambia la respuesta.

El Gobierno podrá establecer Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 86.2 LOPJ).

Cita literal: ««…el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.»»

Justificación: El art. 86.2 LOPJ exige siempre la propuesta del CGPJ. El informe favorable de la comunidad autónoma solo se exige «en su caso», cuando tenga competencias en materia de Justicia, así que c) no es un requisito general. La opción a) («oído») y la d) (propuesta del Ministerio) no son las fórmulas de la ley.

Posible impugnación: c) también aparece en el precepto, pero condicionada («en su caso»). La opción que el precepto recoge sin condiciones es b).

El Gobierno podrá extender a una provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma, cuando esa provincia tenga una población inferior a los:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 87.3 LOPJ (redacción LO 1/2025; antes art. 86.2)).

Cita literal: ««…cuando una provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la comunidad autónoma … podrá extender a esa provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.»»

Justificación: El umbral legal es de 500.000 habitantes y se mantiene tras la LO 1/2025, que solo cambió «Juzgado» por «Sección» de lo Mercantil. Las otras cifras no aparecen en el precepto.

Tras la LO 1/2025 la regulación de la Sección de lo Mercantil está en el art. 87 LOPJ; antes estaba en el art. 86.2. El umbral de 500.000 habitantes no ha cambiado.

Los municipios cuyas Oficinas de Justicia formen parte de una Agrupación de Oficinas de Justicia en los municipios:

Ley y artículo: Real Decreto 530/2025 (Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones) (art. 2.1, párrafo segundo, RD 530/2025).

Cita literal: ««Los municipios cuyas Oficinas de Justicia formen parte de una Agrupación de Oficinas de Justicia en los municipios deberán ser limítrofes y formar parte de un mismo partido judicial.»»

Justificación: Literal del art. 2.1 del RD 530/2025: los dos requisitos son obligatorios. Las opciones b y c convierten uno de ellos en potestativo. La opción d mezcla la regla con el art. 2.2, que se refiere al instrumento de creación (resolución del centro directivo o disposición general), no a la contigüidad.

Es la pregunta A100 del Modelo A.

El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el juez o por el secretario judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial, por lo que:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (2002) (apartado 14 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia).

Cita literal: «Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes.»

Justificación: La c reproduce literalmente el desarrollo del apartado 14 de la Carta. La a excluye indebidamente las comparecencias; la b sustituye al Juez o Tribunal por el LAJ; la d añade «diligencias» y una excepción («excepto los testimonios») que la Carta no contempla.

Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 440 LOPJ).

Cita literal: «Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.»

Justificación: La b es la redacción literal del art. 440 LOPJ (redacción de la LO 7/2015, sin cambios posteriores). La a dice que están al servicio del CGPJ y la c, que dependen de él; la d cambia «autoridad» por «director» y «dirección» por «jefatura».

Según la LOPJ, habrá un Secretario de Gobierno:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 464.1 LOPJ).

Cita literal: «Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla»

Justificación: La b es el literal del art. 464.1 LOPJ en su redacción vigente. La a y la d mencionan el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial ni lo regula la LOPJ; la c cambia la Audiencia Nacional por la Audiencia Provincial.

Según el artículo 490 de la LOPJ, la promoción interna se efectuará mediante:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 490.3 LOPJ).

Cita literal: «La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición [...]. En todo caso, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.»

Justificación: El art. 490.3 LOPJ fija el concurso-oposición y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La a y la c dicen «oposición libre»; la c y la d cambian «igualdad» por «paridad», y la d además «capacidad» por «profesionalidad».

La LO 1/2025 (art. 1.96) solo modificó el apartado 2 del art. 490 (promoción interna equivalente al 50 % de las plazas de la OEP); el apartado 3 sigue igual.

Si, a la vista del escrito recusando a un funcionario de los Cuerpos Generales, el LAJ inadmite en el acto la petición, expresando las razones en que ello se funde, frente a esta resolución cabe:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 122 LEC (en relación con art. 121 LEC y art. 499.2.b) LOPJ)).

Cita literal: «inadmitirá en el acto la petición expresando las razones en que se funde tal inadmisión. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.»

Justificación: Según el art. 122 LEC (redacción de la Ley 13/2009 y la LO 7/2015), contra la inadmisión en el acto de la recusación de un funcionario de Gestión, Tramitación o Auxilio, acordada por el LAJ, no cabe recurso alguno. Las demás opciones dan recursos que la ley excluye; la redacción original remitía al recurso del art. 224.3, pero esa remisión se suprimió en 2009.

La duración de la excedencia por cuidado de familiar a cargo, para los funcionarios de los Cuerpos Generales, será:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 509.2 LOPJ).

Cita literal: «También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad»

Justificación: El art. 509.2 LOPJ, en la redacción dada por la LO 13/2007, fija una duración no superior a tres años. La redacción original de 2003 decía «no superior a un año» (opción a), que ya no está vigente. Los cinco años y los seis meses no tienen base legal.

Distractor histórico: la opción a (un año) correspondía a la redacción de la LO 19/2003, superada por la LO 13/2007.

Señale la afirmación correcta, según la LO 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (art. 13 LOLS).

Cita literal: «Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical [...] podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.»

Justificación: La a reproduce el art. 13 LOLS, omitiendo solo el inciso sobre los posibles sujetos lesionadores. La b dice «empresario» y «derecho al honor y propia imagen»; la c dice «libre asociación» y «jurisdicción laboral»; la d excluye al trabajador y habla del «derecho al trabajo».

Conforme al artículo 6 de la LEC, ¿quiénes tienen capacidad para ser parte en el proceso civil?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 6.1 LEC).

Cita literal: «1.º Las personas físicas. [...] 3.º Las personas jurídicas. 4.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular [...]. 5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.»

Justificación: La b resume los ordinales 1.º, 3.º, 4.º y 5.º del art. 6.1 LEC. La a es incorrecta: el Ministerio Fiscal solo es parte «respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte» (6.1.6.º), y el Abogado del Estado no figura en el precepto. La c confunde la capacidad para ser parte con la capacidad procesal (art. 7) y exige una inscripción que la ley no pide; la d describe la legitimación (art. 10), no la capacidad para ser parte.

La b es un resumen impreciso: las masas patrimoniales del 6.1.4.º no requieren que «la ley lo permita» (ese inciso es propio de las entidades sin personalidad del 5.º). Aun así, es la única opción compatible con el art. 6.

De acuerdo con el artículo 12 de la LEC, el litisconsorcio es necesario cuando:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 12.2 LEC).

Cita literal: «Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes»

Justificación: El litisconsorcio pasivo necesario del art. 12.2 LEC se produce cuando la tutela solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados. La a describe la acumulación de acciones; la c, un litisconsorcio voluntario o una intervención; la d, un supuesto de acumulación de procesos.

De acuerdo con el artículo 749.1 de la LEC, la intervención del Ministerio fiscal en los procesos civiles:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 749.1 LEC).

Cita literal: «En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la filiación, será siempre parte el Ministerio Fiscal»

Justificación: El art. 749.1 LEC (redacción de la Ley 8/2021) dispone que el Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de nulidad matrimonial. Ninguna de las otras opciones tiene apoyo legal: la intervención no se limita a procesos derivados de causas penales, no depende de que las partes invoquen un interés público y el Fiscal no sustituye a la parte demandante («aunque no haya sido promotor de los mismos»).

En relación con la competencia territorial, conforme a la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 54.1 LEC).

Cita literal: «Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita [...]. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1.º y 4.º a 15.º del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo.»

Justificación: Cuando hay un fuero imperativo no cabe sumisión, ni expresa ni tácita (art. 54.1 LEC), así que la b es correcta y la d es falsa. La a es falsa porque casi todos los fueros del art. 52 son imperativos. La c es falsa porque el demandado solo puede actuar sobre la competencia territorial mediante sumisión tácita o declinatoria, en los momentos que fija la ley (arts. 56 y 59 LEC), y no en cualquier fase.

Conforme a lo dispuesto en la LEC en relación con los plazos procesales, señale la respuesta correcta:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 133.1 LEC).

Cita literal: «Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo»

Justificación: La d reproduce el art. 133.1 LEC. La a y la c chocan con el art. 133.2 («En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles»). La b choca con el art. 134.1 («Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables»).

Errata de imprenta del modelo A: las opciones de esta pregunta aparecen impresas como e), f), g) y h). La correcta es la d), impresa como «h)».

Según los artículos 225 y 231 de la LEC, en relación con los actos procesales defectuosos:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 225 y 231 LEC).

Cita literal: «Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: [...] (art. 225). El Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes (art. 231).»

Justificación: La c resume ambos preceptos: la nulidad se limita a los casos tasados del art. 225 y los defectos son subsanables según el art. 231. La a es falsa porque no toda infracción produce nulidad; la b contradice el deber de procurar la subsanación (art. 231); la d contradice el art. 227.2 LEC, que exige oír a las partes antes de declarar de oficio la nulidad.

De conformidad con el artículo 198 de la LEC, señale la respuesta correcta:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 198.1 LEC).

Cita literal: «El Presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o sobre parte de la decisión que haya de dictarse.»

Justificación: La d es el art. 198.1 LEC. La b contradice el art. 198.3 («Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable»); la c invierte el orden del art. 198.2 (vota primero el ponente, después los demás por orden inverso de antigüedad y el Presidente el último); la a choca con el carácter secreto de las deliberaciones (art. 233 LOPJ).

Según el artículo 149 de la LEC, los actos de comunicación del Tribunal con autoridades no judiciales adoptarán la forma de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 149.6.º LEC).

Cita literal: «6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.»

Justificación: Según el art. 149.6.º LEC, las comunicaciones con autoridades no judiciales se hacen por oficio. La providencia es una resolución judicial, no un acto de comunicación (art. 206); el requerimiento ordena una conducta o inactividad (art. 149.4.º); el exhorto sirve para la cooperación entre órganos jurisdiccionales (art. 171).

En el proceso penal, los mandamientos tienen por objeto:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 184 y 186 LECrim).

Cita literal: «Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento o carta-orden, cuando se dirija a un subordinado suyo.»

Justificación: Según el art. 184 LECrim, la diligencia que debe ejecutar otro Juez o Tribunal se encomienda por mandamiento cuando se dirige a un órgano subordinado. Además, el art. 186 lo emplea para ordenar diligencias a registradores, notarios, auxiliares o policía judicial. La b es la única que recoge esa función de «ordenar». La a describe el exhorto (igual grado); la c, la notificación; la d no corresponde a ninguna figura.

La b es imprecisa: el mandamiento se dirige a órganos inferiores o subordinados (art. 184), no a cualquier «otro órgano judicial», y omite su uso con registradores, notarios, funcionarios y policía judicial (art. 186). Aun así, es la única opción defendible; la a corresponde al exhorto. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): El art. 186 LECR reserva el mandamiento a Registradores, Notarios, auxiliares o subalternos y policía judicial; la opción b habla de «otros órganos judiciales» (ámbito del exhorto). En rigor, ninguna opción es exacta.

De acuerdo con el artículo 164 de la LEC, la comunicación edictal procederá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 164 LEC).

Cita literal: «Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos [...] mandará que se haga la comunicación, a través del Tablón Edictal Judicial Único»

Justificación: La comunicación edictal es subsidiaria y procede cuando no se conoce el domicilio del destinatario o no puede hallársele (art. 164 LEC, redacción del RDL 6/2023). No procede por simple solicitud de parte (a), ni por haber varios demandados (c), ni tras un único intento fallido (d): antes hay que agotar las averiguaciones del art. 156 y los demás medios.

Redacción vigente desde el 20-3-2024 (RDL 6/2023): la comunicación se hace por el Tablón Edictal Judicial Único. No afecta a la respuesta.

Conforme a la normativa procesal, en relación con el proceso civil y penal:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 149 LEC).

Cita literal: «2.º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.»

Justificación: El emplazamiento llama a personarse y actuar dentro de un plazo (art. 149.2.º LEC), así que la d es correcta. La a describe la notificación («dar noticia de una resolución», 149.1.º), no la citación, que fija lugar, fecha y hora (149.3.º). La b es falsa porque el requerimiento ordena una conducta o inactividad (149.4.º). La c atribuye a la notificación lo propio del requerimiento.

De conformidad con el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, por el que se regula la modernización de los archivos judiciales, sobre las fases del archivo judicial, la documentación:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (art. 5 RD 937/2003 (en relación con arts. 4 y 10)).

Cita literal: «Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial [...]. Los procedimientos con sentencia firme [...] podrán ser remitidos [...] transcurrido un año desde la firmeza»

Justificación: Según el art. 5.2, el paso del Archivo de Gestión al Territorial depende de la antigüedad (cinco años desde la incoación o un año desde la firmeza) y del estado del procedimiento (sin actuación pendiente), lo que corresponde a la b. La a es falsa porque la documentación no permanece indefinidamente. La c es falsa porque el Archivo Central solo recibe la documentación del TS, la AN y los órganos con jurisdicción nacional (art. 10), no la de cualquier ejecución finalizada. La d es falsa porque es en el Archivo de Gestión donde los documentos permanecen «mientras constituyan asuntos susceptibles de resolución judicial» (art. 5.1).

La b es genérica, pero es la única compatible con el art. 5; la d es una trampa que cambia «Gestión» por «Territorial».

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, por el que se regula la modernización de los archivos judiciales, en relación con el uso de nuevas tecnologías en los archivos judiciales:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (art. 3.3 RD 937/2003 (el enunciado cita por error el art. 14)).

Cita literal: «Asimismo, los documentos judiciales que estén contenidos en soportes electrónicos podrán ser transformados a soporte escrito mediante mecanismos de reproducción.»

Justificación: La b reproduce literalmente el art. 3.3, párrafo segundo, del RD 937/2003 («Implantación de las nuevas tecnologías»). La a es falsa porque la conversión del papel a otros soportes es potestativa («podrán convertirse»); la c y la d contradicen el art. 3.1, según el cual todos los archivos (de Gestión, Territoriales y Central) se gestionan mediante aplicaciones informáticas.

ERROR EN EL ENUNCIADO: en el texto consolidado, el art. 14 del RD 937/2003 regula las Juntas de Expurgo; las nuevas tecnologías están en el art. 3. La respuesta (b) no cambia porque es el literal del art. 3.3. Posible motivo de impugnación por cita errónea, aunque no es probable que se anule al no afectar a la solución.

Fundada la petición de proposición de pruebas anticipadas en un proceso de los declarativos previstos en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 294.2 LEC).

Cita literal: «Si el Tribunal estimare fundada la petición, accederá a ella, disponiendo, por medio de providencia, que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el Letrado de la Administración de Justicia el oportuno señalamiento.»

Justificación: La opción a reproduce el art. 294.2 LEC: resolución por providencia y práctica siempre antes del juicio o vista. La b falla por la forma (auto, no providencia); la c porque quien accede es el Tribunal (el LAJ solo hace el señalamiento) y nunca con posterioridad al juicio; la d porque admite la práctica con posterioridad al juicio o vista.

Redacción vigente; el art. 294 LEC no fue modificado por la LO 1/2025.

¿Cuál de las siguientes finalidades no es objeto de la audiencia previa del juicio ordinario previsto en la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 414.1 LEC (redacción LO 1/2025)).

Cita literal: «La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales [...], fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.»

Justificación: El art. 414.1 LEC fija como objeto de la audiencia los extremos sobre los que exista CONTROVERSIA, no conformidad; la opción c altera ese término y añade un fin inexistente ('a efectos de hacerlo constar en sentencia'). Las opciones a, b y d se recogen literalmente en el precepto (la b con la redacción dada por la LO 1/2025).

Art. 414.1 modificado por LO 1/2025 (efectos 3-4-2025); la opción b reproduce precisamente la nueva redacción.

Terminada la vista en el juicio verbal en que se pida el desahucio de finca urbana, de conformidad con lo dispuesto en la LEC, el Tribunal dictará sentencia:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 447.1 LEC).

Cita literal: «Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes»

Justificación: Regla general del juicio verbal: sentencia en diez días; excepción expresa para el desahucio de finca urbana: cinco días (art. 447.1 LEC). Los diez días (b) son la regla general, no la del desahucio; 15 y 20 días no aparecen.

Redacción vigente tras LO 1/2025 (mantiene los cinco días para el desahucio de finca urbana).

Indique la respuesta incorrecta en relación con el procedimiento para la división de la herencia regulado en la LEC.

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 782.2, 783.1 y 785.2-3 LEC).

Cita literal: «A instancia de parte, podrá el Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.»

Justificación: La d es incorrecta en tres puntos: el plazo se fija a instancia de parte (no de oficio), es potestativo ('podrá', no 'deberá') y se hace mediante diligencia, no decreto (art. 785.3 LEC). La a es literal del art. 783.1, la b del art. 785.2 y la c del art. 782.2.

Quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible acreditada mediante factura, de conformidad con lo dispuesto en la LEC, podrá acudir al:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 812.1.2.ª LEC).

Cita literal: «Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes: [...] 2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones...»

Justificación: El enunciado reproduce los presupuestos del proceso monitorio del art. 812.1 LEC (sin límite de cuantía desde la Ley 37/2011) y la factura es uno de los documentos de la regla 2.ª. El juicio cambiario exige letra de cambio, cheque o pagaré (art. 819), y ordinario/verbal se determinan por cuantía o materia, no por estos presupuestos.

De las demandas sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad conocerá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 756.2 LEC).

Cita literal: «Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.»

Justificación: La c es literal del art. 756.2 LEC (redacción Ley 8/2021). La a omite la excepción por cambio de residencia; la b prescinde de la regla de conexión con el expediente previo; la d añade 'una vez celebrada la vista', cuando el art. 756.3 se refiere al cambio de residencia ANTES de la vista (remisión de actuaciones).

En los expedientes de jurisdicción voluntaria sobre aceptación o repudiación de herencia, será competente el Juzgado de Primera Instancia:

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (art. 94.1 LJV (párrafo 2.º añadido por LO 1/2025)).

Cita literal: «Cuando sea llamado a la herencia un menor o persona con medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad, será competente para su conocimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que estos residan.»

Justificación: Tras la LO 1/2025 (DF 24.ª, efectos 3-4-2025), el art. 94.1 LJV atribuye la competencia, cuando el llamado es un menor o una persona con medidas judiciales de apoyo, al juzgado del lugar de residencia de estos: opción d. La regla general es el último domicilio o residencia del CAUSANTE, nunca del acreedor (a), del defensor judicial (b) ni del progenitor solicitante (c; en el caso de menores el fuero es la residencia del propio menor).

La respuesta depende de la reforma de la LO 1/2025: con la redacción anterior ninguna opción coincidiría (el fuero era solo el del causante). La LJV conserva la denominación 'Juzgado de Primera Instancia'.

Indique la respuesta correcta en relación con los expedientes de jurisdicción voluntaria para la obtención de dispensa del impedimento matrimonial.

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (arts. 81.3, 83 y 84 LJV).

Cita literal: «3. En la práctica de estas actuaciones no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.»

Justificación: La b es literal del art. 81.3 LJV. La a falla porque el Ministerio Fiscal solo se cita para la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, no «en todo caso» (art. 83.1). La c falla porque esa dispensa la resuelve el Juez, no el LAJ (art. 83.2). La d falla porque el art. 84 LJV prevé el testimonio en caso de «concesión» de la dispensa, no de denegación.

¿Cuáles de los siguientes recursos se encuentran regulados expresamente en el TÍTULO IV del LIBRO II de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 448-495 LEC (Título IV, Libro II): reposición (451-454), revisión (454 bis), apelación (455-467), casación (477-489), queja (494-495)).

Cita literal: «Artículo 454 bis. Recurso de revisión. [...] Artículo 468 [...] se deja sin contenido por el art. 103.92 del Real Decreto-ley 6/2023 [...] Artículo 490 [...] se deja sin contenido por el art. 225.17 del Real Decreto-ley 5/2023»

Justificación: Hoy el Título IV del Libro II ('De los recursos') regula reposición, revisión contra decretos del LAJ (art. 454 bis), apelación, casación y queja. El recurso en interés de ley (arts. 490-493) quedó sin contenido por el RDL 5/2023 y el extraordinario por infracción procesal (arts. 468-476) por el RDL 6/2023, por lo que b y c fallan; la suplicación (a) es un recurso laboral (LRJS), no de la LEC.

La revisión del art. 454 bis (contra decretos) no debe confundirse con la revisión de sentencias firmes (Título VI, arts. 509 ss.).

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto del recurso de queja regulado en la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 494 y 495 LEC).

Cita literal: «Los recursos de queja se tramitarán y resolverán con carácter preferente.»

Justificación: El art. 494 LEC dice 'con carácter preferente', no 'sumario', por lo que la c es la incorrecta. La a es literal del art. 495.1, la d del art. 495.2 ('resolverá sobre él en el plazo de cinco días') y la b del art. 495.3.

En cuanto a la sustanciación del recurso de casación previsto en la LEC, el LAJ:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 482.1, 483 y 485 LEC (redacción RDL 5/2023)).

Cita literal: «Dentro de los cinco días siguientes a la resolución que tenga por interpuesto el recurso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia remitirá todos los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.»

Justificación: La a recoge el art. 482.1 LEC. La b falla porque el recurso se declara desierto si no comparece el RECURRENTE, no el recurrido (art. 482.1, párr. 2.º). La c falla porque el LAJ eleva las actuaciones 'concurriendo los requisitos' que debe comprobar (art. 483). La d falla en el plazo de oposición, que es de veinte días (art. 485).

Según el artículo 509 de la LEC, la revisión de sentencias firmes se solicitará a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 509 LEC).

Cita literal: «La revisión de sentencias firmes se solicitará a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Justificación: La c es literal del art. 509 LEC. La a falla porque la Sala de lo Civil del TS es la Sala Primera (la Segunda es la de lo Penal); la Audiencia Nacional no tiene Sala de lo Civil (b) y las Audiencias Provinciales no conocen de la revisión (d).

En los procesos de ejecución regulados en la LEC adoptarán la forma de decreto las resoluciones del LAJ que:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 545.5 y 6 LEC).

Cita literal: «6. Adoptarán la forma de decreto las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia que determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución y aquellas otras que se señalen en esta ley.»

Justificación: La c es literal del art. 545.6 LEC. Las opciones a, b y d corresponden a resoluciones del Tribunal que adoptan forma de auto (art. 545.5: orden general de ejecución, oposición a la ejecución definitiva por motivos procesales o de fondo y tercerías de dominio), con independencia de quién dictara el título ejecutivo.

Decretada por el LAJ a solicitud de todas las partes personadas la suspensión en un proceso de ejecución previsto en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 565 LEC).

Cita literal: «2. Decretada la suspensión, podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas de garantía de los embargos acordados y se practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados.»

Justificación: La a es literal del art. 565.2 LEC. La b cambia 'podrán' por 'deberán'. La c falla porque, si hay acuerdo extrajudicial que se cumple, es la parte EJECUTANTE la que lo pone en conocimiento del órgano judicial, que archiva (art. 565.1, redacción LO 1/2025), no la ejecutada con un escrito de desistimiento. La d no responde al régimen de la suspensión por acuerdo de todas las partes.

Art. 565.1 modificado por LO 1/2025 (efectos 3-4-2025); el apartado 2 no varía.

Consignada por el ejecutado la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución en un procedimiento de los previstos en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 585 y 586 LEC).

Cita literal: «Si el ejecutado no formulare oposición, la cantidad consignada para evitar el embargo se entregará al ejecutante sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas.»

Justificación: La d es literal del art. 586, párr. 2.º LEC. La c falla porque, si hay oposición, la cantidad se deposita y el embargo sigue en suspenso (art. 586, párr. 1.º). La a falla porque la consignación suspende el embargo (art. 585, párr. 1.º). La b falla porque la consignación posterior al embargo solo alza los embargos si se hace antes de que se resuelva la oposición (art. 585, párr. 2.º).

En los procesos ejecutivos regulados en la LEC en los que se decretare el reembargo de los bienes o derechos ya embargados:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 610.2 y 3 LEC).

Cita literal: «3. Los ejecutantes de los procesos en que se decretare el reembargo podrán solicitar del Letrado de la Administración de Justicia que adopte medidas de garantía de esta traba siempre que no entorpezcan una ejecución anterior y no sean incompatibles con las adoptadas a favor de quien primero logró el embargo.»

Justificación: La b es literal del art. 610.3 LEC. La a invierte la condición (sí entorpecen / son incompatibles) e inventa la caución. La c y la d fallan porque, alzado el primer embargo, el primer reembargante queda en la posición del primer ejecutante y PUEDE solicitar la realización forzosa sin exigencia de caución alguna (art. 610.2).

El perito tasador designado para la valoración de los bienes embargados objeto del procedimiento de apremio regulado en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 638.2 y 638.3, 639.1 y 639.2 LEC).

Cita literal: «Art. 638.2: "El perito designado por el Letrado de la Administración de Justicia podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido."»

Justificación: La a) reproduce el art. 638.2 LEC. La b) falla: el perito acepta "en el siguiente día" (art. 639.1; la aceptación «podrá» comunicarse telemáticamente), no de forma inmediata. La c) falla: «podrá» solicitar provisión en los TRES días siguientes (art. 638.3), no cinco ni como deber. La d) falla: el plazo de entrega simultánea al tribunal y a las partes es de OCHO días desde la aceptación (art. 639.2, redacción RDL 6/2023).

Art. 639 en redacción del RDL 6/2023 (en vigor 20-3-2024).

De conformidad con lo establecido en el artículo 640 de la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 640.1, 640.2 y 640.3 LEC).

Cita literal: «Art. 640.1: "El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución, incluida la realización por persona o entidad especializada."»

Justificación: Desde el 3-4-2025 (art. 22.53 LO 1/2025) el art. 640.1 ya no prevé pedir una comparecencia: las partes «podrán convenir» directamente el modo de realización (b). La a) es la redacción ANTERIOR (comparecencia convocada por el LAJ), suprimida. La c) falla: aprueba el acuerdo el LAJ mediante decreto, no el Tribunal mediante auto (art. 640.2). La d) falla: es el LAJ quien sobresee la ejecución (art. 640.3), y el precepto no habla de declarar la completa satisfacción.

Pregunta de reforma LO 1/2025: con la redacción previa la a) también habría sido correcta; con la vigente solo la b).

Contra el decreto que acuerde el embargo de bienes de ejecutado en garantía para asegurar pago de indemnizaciones sustitutorias y costas de ejecución, tras el requerimiento de hacer, no hacer o entregar cosa distinta del dinero, según la LEC, cabe:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 700, párrafo segundo, LEC).

Cita literal: «"Contra este decreto cabe recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución."»

Justificación: El art. 700 LEC prevé literalmente recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. La a) y la d) hablan de reposición (no existe «recurso directo de reposición»); la c) atribuye efecto suspensivo, que la ley niega.

Será competente para conocer de las solicitudes relativas medidas cautelares que se formulen en la segunda instancia o de un recurso de casación, según la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 723.2 LEC (redacción RDL 6/2023)).

Cita literal: «"Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dicho recurso."»

Justificación: El art. 723.2 atribuye la competencia al tribunal que conozca de la segunda instancia o del recurso de casación. La a) es la regla del 723.1 (primera instancia o proceso no iniciado), no aplicable a este supuesto; b) y d) no tienen apoyo legal.

Redacción vigente desde 20-3-2024 (RDL 6/2023 suprimió la mención al extraordinario por infracción procesal).

Contra el auto que acuerde medidas cautelares, según la LEC, sin previa audiencia del demandado:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 733.2, párrafo segundo, LEC).

Cita literal: «"Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título."»

Justificación: El art. 733.2 excluye cualquier recurso; el demandado puede formular oposición (arts. 739 y ss., capítulo III). Las demás opciones contradicen el texto legal (la apelación es la del auto dictado con audiencia, art. 735.2).

Señale cuál de los siguientes conceptos no se incluye como costas en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 241.1, párrafo segundo, 2.º, 4.º, 5.º y 7.º LEC).

Cita literal: «Art. 241.1.7.º: "La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual."»

Justificación: a), b) y c) reproducen los ordinales 2.º, 4.º y 5.º del art. 241.1 (conceptos que SÍ son costas). La d) es la exclusión expresa del ordinal 7.º, introducida por el RDL 3/2013: la tasa abonada en ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual no se incluye en costas.

En la LEC, frente al decreto de inadmisión a trámite de la impugnación de tasación de costas por no mencionarse las cuentas o minutas, partidas concretas o discrepancia de éstas:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 245.4 LEC).

Cita literal: «"De no efectuarse dicha mención, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer recurso de revisión."»

Justificación: Desde el 3-4-2025 (art. 22.17 LO 1/2025) el art. 245.4 prevé recurso de revisión contra el decreto de inadmisión. La c) (reposición) era la respuesta con la redacción anterior (Ley 13/2009: «únicamente recurso de reposición»), hoy superada. a) y d) carecen de apoyo (la aclaración no es un recurso).

TRAMPA DE REFORMA: con la LEC anterior a la LO 1/2025 la respuesta era c). Si la plantilla oficial diera c) sería impugnable, porque la convocatoria (Orden PJC/1549/2025, de 22-12-2025) es posterior a la reforma.

Según el artículo 2.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, el Registro Civil tiene por objeto:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 2.2 LRC).

Cita literal: «"El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley."»

Justificación: La b) recoge en síntesis el art. 2.2. Las demás son ajenas al objeto del Registro Civil.

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, señale la afirmación correcta:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 15.1 LRC).

Cita literal: «"Los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual."»

Justificación: El art. 15.1 consagra el libre acceso del ciudadano a su propio registro individual. El interés legítimo de la d) se exige para obtener información de persona distinta del solicitante (art. 15.3), no del propio registro; a) y b) no tienen apoyo.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, la inscripción de la defunción:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 33.1 LRC).

Cita literal: «"La inscripción de la defunción, no existiendo obstáculo legal, se practicará en el mismo día de la presentación de la documentación."»

Justificación: El art. 33.1 fija para la defunción el mismo día de la presentación. Los cinco días (a) son la regla general para los demás asientos; «el plazo más breve posible» (d) es el de las Oficinas Consulares para nacionalidad y matrimonio; la autorización judicial (b) no se exige.

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, contra las decisiones del encargado:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 85.1 LRC).

Cita literal: «"Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por esta Ley, los interesados sólo podrán interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes."»

Justificación: El art. 85.1 fija recurso ante la Dirección General en el plazo de un mes. a) y c) yerran el órgano (la Oficina Central no resuelve recursos); b) yerra el plazo (quince días).

El texto consolidado del art. 85.1 sigue diciendo literalmente «Dirección General de los Registros y del Notariado», y así lo usa la pregunta. Hoy ese centro directivo se denomina Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (RD 139/2020 y normas de estructura del Ministerio). No afecta a la respuesta: es la denominación legal literal.

Según lo preceptuado en el artículo 8 de la LECrim, la jurisdicción criminal:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 8 LECrim).

Cita literal: «"La jurisdicción criminal es siempre improrrogable."»

Justificación: Literal del art. 8 LECrim. Las otras tres admiten prórroga, lo que contradice el precepto.

Señale la respuesta incorrecta. Son jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 18.1 LECrim).

Cita literal: «"2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena."»

Justificación: a), b) y c) reproducen los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del art. 18.1. La d) añade una condición inexistente (acuerdo del Ministerio Fiscal y de las partes): es la incorrecta.

La querella está regulada en la LECrim., en los artículos:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (Libro II, Título II (arts. 270 a 281) LECrim).

Cita literal: «Libro II, Título II «De la querella»: arts. 270 a 281 (el Título III comienza en el art. 282, Policía Judicial).»

Justificación: La querella ocupa el Título II del Libro II, arts. 270 a 281. El Título I (arts. 259-269) regula la denuncia y el Título III (arts. 282 y ss.) la Policía Judicial; las demás horquillas no corresponden a la querella.

Comprobado con el índice del texto consolidado (TÍTULO II entre a269 y a270; TÍTULO III antes de a282).

La investigación judicial en el sumario se desarrollará en un plazo máximo desde la incoación de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 324.1 LECrim).

Cita literal: «"La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. [...] el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses."»

Justificación: Tras la Ley 2/2020, el art. 324.1 LECrim fija un plazo de doce meses desde la incoación, prorrogable por periodos sucesivos iguales o inferiores a seis meses. La a) no recoge la regla vigente (seis meses prorrogables); la c) niega las prórrogas, que la ley permite; la d) reduce las prórrogas a tres meses, plazo que no figura en el precepto.

Señale la respuesta incorrecta. Los efectos judiciales de lícito comercio, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo, y siempre que no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento, podrán realizarse:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 367 quáter.1 LECrim).

Cita literal: «"a) Cuando sean perecederos. [...] c) Cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del objeto en sí. d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública [...]"»

Justificación: a), b) y c) se corresponden con las letras a), c) y d) del art. 367 quáter.1. El mero transcurso de doce meses desde la incautación no figura entre los supuestos de realización anticipada: la d) es la incorrecta.

En el orden jurisdiccional penal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 487 de la LECrim., si la persona a la que se le impute un acto punible, citado en legal forma, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 487 LECrim).

Cita literal: «"Si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención."»

Justificación: El art. 487 prevé como consecuencia la conversión de la orden de comparecencia en orden de detención. Las multas de las otras opciones no las prevé este precepto para el investigado.

La detención de una persona efectuada por un particular no podrá durar más de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 496 LECrim).

Cita literal: «"El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma."»

Justificación: El art. 496 fija veinticuatro horas para que el particular libere o entregue al detenido al Juez. Las 72 horas y el «tiempo estrictamente necesario» de a) y b) corresponden a la detención policial (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); la prórroga de la d) no existe.

En la práctica el particular debe entregar al detenido de inmediato a la autoridad, pero el único plazo que la ley fija es el de 24 horas del art. 496.

¿La sustanciación de recursos de apelación admitidos sólo en un efecto impedirá la terminación del sumario?:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 622, párrafo tercero, LECrim).

Cita literal: «"La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto no impedirá nunca la terminación del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que preceptúa el artículo 227 de esta Ley, y habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del testimonio correspondiente."»

Justificación: La c) es literal del art. 622, párrafo tercero. a), b) y d) contradicen el «no impedirá nunca» del precepto; lo que queda en suspenso en la Audiencia es la aplicación de los arts. 627 y ss. hasta que se resuelvan las apelaciones, no la terminación del sumario.

Señale la respuesta incorrecta. El intérprete que auxilie a un testigo que no conozca el idioma español, según lo previsto en el artículo 441 de la LECrim.:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 441 LECrim).

Cita literal: «El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa.»

Justificación: El art. 441 establece un orden subsidiario: intérprete titulado; en su defecto, maestro del idioma; y si tampoco lo hay, cualquier persona que lo sepa. Por tanto no se exige 'en todo caso' título oficial: d es la incorrecta. a, b y c reproducen el precepto.

Los debates del juicio oral, según la LECrim.:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 680 LECrim).

Cita literal: «Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.»

Justificación: El art. 680 (redacción Ley 4/2015) proclama la publicidad bajo pena de nulidad. a es falsa porque el art. 681 permite excepciones (puerta cerrada). c y d no responden al régimen legal: la puerta cerrada la acuerda el juez o tribunal de oficio o a instancia de parte y por las causas tasadas del art. 681, no por mero acuerdo de las partes ni por libre decisión.

Señale la respuesta incorrecta. En las diligencias de instrucción en el procedimiento abreviado:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 778.1, 2 y 4 LECrim).

Cita literal: «1. El informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito cuando el Juez lo considere suficiente.»

Justificación: En el procedimiento abreviado el art. 778.1 permite un solo perito si el juez lo considera suficiente, por lo que no es obligatorio que sean dos: a es la incorrecta. b reproduce el 778.1, c el 778.2 y d el 778.4.

Según lo dispuesto en el artículo 782 de la LECrim., si el Ministerio fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, el juez de Instrucción:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 782.2.b) LECrim).

Cita literal: «b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días.»

Justificación: El art. 782.2 prevé que, antes de acordar el sobreseimiento, el juez podrá hacer saber la pretensión a los ofendidos (a) o remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal (b), que decide en diez días. Por eso el sobreseimiento no es automático 'en todo caso' (a falsa) y sí cabe (c falsa). El levantamiento de prisión y cautelares (d) está ligado a acordar el sobreseimiento (782.1, párr. 2.º), no 'independientemente de la decisión'.

Contra el auto dictado por el Juzgado de guardia acordando, si procede, la incoación de diligencias urgentes cabrá:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 797.1 párr. 1.º LECrim).

Cita literal: «incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno.»

Justificación: En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, el art. 797.1 (redacción LO 13/2003) declara irrecurrible el auto de incoación de diligencias urgentes. Quedan descartados reforma, apelación o ambas.

Señale la respuesta incorrecta. Según lo previsto en el artículo 797.1 de la LECrim., el Juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial junto con los objetos, instrumentos y pruebas, incoará, si procede, diligencias urgentes y, cuando resulte pertinente:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 797.1, reglas 1.ª, 2.ª a), 6.ª y 7.ª LECrim).

Cita literal: «7.ª Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e investigados o investigados entre sí.»

Justificación: El careo se ordena 'de considerarlo necesario', no 'en todo caso': c es la incorrecta. a recoge la regla 1.ª (el precepto añade 'por el medio más rápido'), b la regla 2.ª a) y d la regla 6.ª.

Señale la respuesta incorrecta. El Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los siguientes delitos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (art. 1.2 LOTJ).

Cita literal: «c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). [...] e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). [...] h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). [...] j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).»

Justificación: El art. 1.2 LOTJ atribuye al Jurado las negociaciones prohibidas 'a funcionarios' (arts. 439 y 440 CP), no 'a cualquier persona': d es la incorrecta. Omisión del deber de socorro, infidelidad en la custodia de documentos y malversación figuran expresamente en las letras c), e) y h).

Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, el magistrado-Presidente devolverá el acta al Jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes circunstancias:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (art. 63.1 LOTJ).

Cita literal: «e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación.»

Justificación: El art. 63.1 enumera causas tasadas de devolución del acta; entre ellas figura haber incurrido en un defecto relevante en la deliberación y votación (letra e), no una facultad discrecional del Magistrado-Presidente sin defecto alguno: c es la incorrecta. a, b y d reproducen las letras a), d) y b).

Señale la respuesta incorrecta. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la LECrim, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 89 bis.5 LOPJ).

Cita literal: «a) Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes. [...] c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.»

Justificación: El art. 89 bis.5 LOPJ (redacción por art. 1.29 LO 1/2025) no incluye el tráfico de drogas; además, el criterio de atribución es que la víctima (no el investigado) sea menor. b es la incorrecta. a corresponde a la letra c) y c y d a la letra a).

Finalizada la audiencia, el juez de Menores dictará sentencia en el plazo máximo de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 38 LORPM).

Cita literal: «Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de cinco días.»

Justificación: El art. 38 LORPM (redacción LO 8/2006) fija un plazo máximo de cinco días. Las demás opciones no corresponden al precepto.

Según lo dispuesto en el artículo 967 de la LECrim., cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 967.2 LECrim).

Cita literal: «2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de 200 a 2.000 euros.»

Justificación: En el juicio sobre delitos leves, el art. 967.2 fija la multa de 200 a 2.000 euros. Las demás cuantías no figuran en el precepto.

Cuantía vigente del art. 967.2 LECrim.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 bis de la LECrim, admitido a trámite el recurso de reposición, por el LAJ se concederá al Ministerio fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 238 bis, párr. 4.º LECrim).

Cita literal: «Admitido a trámite el recurso de reposición, por el Secretario judicial se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para presentar por escrito sus alegaciones, transcurrido el cual resolverá sin más trámite.»

Justificación: Plazo común de dos días y resolución 'sin más trámite'. a añade un plazo de cinco días inexistente; c y d alteran el plazo de alegaciones.

El texto consolidado mantiene 'Secretario judicial' (hoy LAJ).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 988 bis de la LECrim, las liquidaciones de condena practicadas por el LAJ:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 988 bis.4 LECrim).

Cita literal: «De dichas liquidaciones, que se notificarán personalmente al condenado, se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, que podrán impugnarlas en el plazo de dos días.»

Justificación: El art. 988 bis.4 (añadido por el art. 20.17 LO 1/2025, en vigor desde el 3-4-2025) exige notificación personal al condenado, traslado al Fiscal y a las partes y un plazo de impugnación de dos días. a y c yerran en el plazo (cinco días); c y d omiten la notificación personal y d además el traslado al Fiscal y a las partes.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, corresponde al juez de vigilancia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (art. 76.2 LOGP).

Cita literal: «i) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.»

Justificación: El juez de vigilancia autoriza los permisos de salida superiores a dos días (no tres): d es la incorrecta. a, b y c reproducen las letras b), d) y h) del art. 76.2.

La competencia de las Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por estas, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio fiscal por plazo común de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 7.2 LJCA).

Cita literal: «La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.»

Justificación: El art. 7.2 LJCA fija un plazo común de diez días. Las demás opciones no corresponden.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo no conocerán de las autorizaciones para:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 8.6, párrs. 3.º y 4.º LJCA).

Cita literal: «los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [...] conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria»

Justificación: El art. 8.6 LJCA atribuye a estos órganos las autorizaciones de entrada e inspección (incluidos medios de transporte) acordadas por la CNMC (a y b) y las de entrada en domicilio acordadas por la Administración Tributaria (c, añadida por Ley 11/2021). No menciona ninguna 'Comisión Nacional del Transporte por Carretera' (órgano que no aparece en el precepto), luego d es la respuesta.

Tras la LO 1/2025, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo pasan a ser Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia; el texto consolidado del art. 8 LJCA conserva aún la denominación «Juzgados». No afecta a la respuesta.

Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 19.1.i), último párrafo, LJCA).

Cita literal: «La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio.»

Justificación: El art. 19.1.i) LJCA (redacción disp. final 3.1 Ley 15/2022) reserva la legitimación en litigios de acoso sexual y acoso discriminatorio exclusivamente a la persona acosada. La Autoridad Independiente (a, c) y las asociaciones LGTBI (d, art. 19.1.j, añadido por Ley 4/2023) están legitimadas para la defensa de la igualdad de trato en general, pero no en los litigios de acoso.

En el art. 19.1.j) se repite la regla para el acoso discriminatorio por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales: también la persona acosada es la única legitimada.

De acuerdo con el artículo 30 LJCA, en caso de vía de hecho, se podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo cuando habiéndose formulado requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación, dicha intimación no fuere atendida dentro de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 30 LJCA).

Cita literal: «Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.»

Justificación: El art. 30 LJCA fija diez días desde la presentación del requerimiento. Las demás opciones alteran el plazo.

Señale la respuesta incorrecta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 de la LJCA, el Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 51.1 y 51.2 LJCA).

Cita literal: «51.2: «El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme…»»

Justificación: El art. 51.1 enumera como causas de inadmisión preceptiva: a) falta de jurisdicción o incompetencia, b) falta de legitimación, c) actividad no susceptible de impugnación y d) caducidad del plazo. La desestimación en el fondo de recursos sustancialmente iguales no está en el 51.1: es una inadmisión potestativa («podrá») del art. 51.2. Las opciones a, b y c reproducen letras del 51.1.

En el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, cuando se acuerde el trámite de conclusiones, el plazo para formular escrito será de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 64.2 LJCA).

Cita literal: ««El plazo para formular el escrito será de diez días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona…»»

Justificación: El art. 64.2 fija diez días sucesivos para demandantes y demandados. Los cinco días sucesivos (opción c) corresponden al trámite de conclusiones del abreviado sin vista (art. 78.3), no al procedimiento ordinario. Las opciones b y d no existen en la ley.

Distractor c tomado del art. 78.3 (abreviado).

En el procedimiento abreviado del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 78.3, párrafo sexto, LJCA (redacción LO 1/2025)).

Cita literal: ««El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición.»»

Justificación: Literal del art. 78.3 LJCA en la redacción de la LO 1/2025: se contesta en el plazo que reste y cabe reposición. Es el auto que acuerda la vista el que no es recurrible. No hay preclusión del plazo para contestar.

Párrafo introducido por el art. 21.5 de la LO 1/2025.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la LJCA, el recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo contado desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 89.1 LJCA).

Cita literal: ««El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre…»»

Justificación: Desde la reforma de la LO 7/2015 (vigente desde el 22-7-2016), el plazo de preparación es de treinta días. Los diez días corresponden a la redacción anterior. Los quince días son el plazo de emplazamiento ante el TS (art. 89.5, tras el RDL 5/2023).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la LJCA, relativo a los procedimientos de cuestión de ilegalidad, señale la respuesta incorrecta:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 126.2, párrafo segundo, LJCA).

Cita literal: ««Se publicarán también las sentencias firmes que desestimen la cuestión.»»

Justificación: El art. 126.2 ordena publicar también las sentencias firmes que desestimen la cuestión, así que b) es incorrecta. Las opciones a, c y d reproducen los apartados 3, 4 y 5 del art. 126 (la mención al «Secretario judicial» se entiende hecha al LAJ).

En los procedimientos de incidentes e invalidez de actos procesales regulados en el artículo 137 de la LJCA, todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 137 LJCA).

Cita literal: ««Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.»»

Justificación: Es el literal del art. 137, cuya redacción original sigue vigente. Las demás opciones cambian la pieza separada por el procedimiento principal, el efecto no suspensivo por la suspensión, o ambas cosas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la LJS, los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las cuestiones litigiosas:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (arts. 2 y 3.b) LRJS).

Cita literal: «Art. 3: «No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: … b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales…»»

Justificación: Las opciones a, c y d son materias atribuidas al orden social por el art. 2, letras c), g) e i). La opción b es una materia excluida expresamente por el art. 3.b) LRJS. El enunciado cita el art. 2, pero la exclusión está en el art. 3.

El enunciado cita el art. 2, aunque la respuesta está en el art. 3.b). No afecta a la solución.

Señale la respuesta incorrecta. Para la tramitación del proceso laboral se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos relativos a:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 64.1 LRJS).

Cita literal: ««Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, … movilidad geográfica, … los de impugnación de convenios colectivos, … los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas…»»

Justificación: El art. 64.1 exceptúa expresamente la movilidad geográfica, la impugnación de convenios colectivos y la tutela de derechos fundamentales. Los conflictos colectivos no figuran en la lista: exigen el intento de conciliación o mediación previa (art. 156 LRJS). Por eso b) es la incorrecta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.5 de la LJS, en la citación a los actos de conciliación y juicio se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental o pericial de que intenten valerse:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 82.5 LRJS).

Cita literal: ««En la citación también se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, con diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial de que intenten valerse.»»

Justificación: En su redacción vigente (art. 24.5 LO 1/2025), el art. 82.5 exige el traslado o la aportación con diez días de antelación y con carácter preceptivo. Los cinco días (opción a) corresponden al antiguo art. 82.4, donde el requerimiento era potestativo y solo para prueba voluminosa o compleja.

La respuesta depende de la reforma de la LO 1/2025: con la redacción anterior serían cinco días (art. 82.4 antiguo).

Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignará el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el LAJ, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 142.1 LRJS).

Cita literal: ««…el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo.»»

Justificación: El plazo del art. 142.1 es de cuatro días. Los diez días son el plazo del informe de la Inspección (art. 142.2) y los cinco días la antelación para reiterarlo. El «secretario judicial» se entiende hoy LAJ.

Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 154 de la LJS, estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 154.c) LRJS).

Cita literal: ««c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.»»

Justificación: El art. 154.c) legitima a empresarios y representantes de los trabajadores en conflictos de empresa o de ámbito inferior, no superior, así que c) es incorrecta. Las opciones a, b y d reproducen literalmente las letras a), b) y d).

Corresponde al Rey, señale la incorrecta:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 63.3 CE (en relación con arts. 62.f), 62.h) y 63.2 CE)).

Cita literal: «Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.»

Justificación: La declaración de guerra requiere autorización previa de las Cortes Generales, no del Consejo de Ministros (art. 63.3 CE), por lo que b es la incorrecta. La a reproduce el art. 63.2 CE, la c el art. 62.f) CE y la d el art. 62.h) CE.

El plazo de dos meses del que el Senado dispone para vetar o enmendar un proyecto de ley se reducirá al de:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 90.3 CE).

Cita literal: «se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.»

Justificación: El art. 90.3 CE fija la reducción a veinte días naturales para los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. La b cambia «urgentes» por «estratégicos»; la c y la d alteran el plazo (diez días) y el supuesto («extraordinaria y urgente necesidad» es el presupuesto del decreto-ley, art. 86 CE).

El Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 64 LO 3/2007).

Cita literal: «El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.»

Justificación: El órgano es el Gobierno y el momento, el inicio de cada legislatura (art. 64 LO 3/2007). La a y la d fijan una periodicidad «cada cuatro años» que la ley no establece (el Consejo de Ministros solo evalúa anualmente su cumplimiento); la b atribuye la aprobación al Congreso.

La preparación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación corresponde a:

Ley y artículo: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (art. 34.2 Ley 15/2022).

Cita literal: «Corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad su preparación, seguimiento y evaluación [...]. La aprobación de la Estrategia corresponderá al Consejo de Ministros.»

Justificación: El art. 34.2 atribuye a la Conferencia Sectorial de Igualdad la preparación, seguimiento y evaluación de la Estrategia, y su aprobación al Consejo de Ministros. A la Comisión competente del Congreso solo se le da traslado del informe de evaluación (art. 34.3); la Autoridad Independiente se limita a informar con carácter preceptivo sobre la Estrategia (art. 40.j); el «Observatorio» no tiene esa función en la ley.

En relación con el funcionamiento del Consejo de Ministros, señale la incorrecta:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (art. 18 Ley 50/1997).

Cita literal: «El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.»

Justificación: El orden del día lo fija el Presidente del Gobierno (art. 18.3), no el Ministro de la Presidencia, que actúa como Secretario (art. 18.1). La a reproduce el art. 18.1, la b el art. 18.2 y la d el art. 18.4.

El Estado no tiene competencia exclusiva sobre una de las siguientes materias:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 148.1.10.ª CE (frente a art. 149.1.15.ª, 20.ª y 32.ª CE)).

Cita literal: «Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: [...] 10.ª [...] las aguas minerales y termales.»

Justificación: Las aguas minerales y termales figuran entre las materias que pueden asumir las CCAA (art. 148.1.10.ª CE). Las demás son competencia exclusiva del Estado según el art. 149.1 CE: el referéndum (32.ª), el servicio meteorológico (20.ª) y el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica (15.ª).

La representación mínima de cada Estado miembro en el Parlamento Europeo será de:

Ley y artículo: Tratado de la Unión Europea (art. 14.2 TUE).

Cita literal: «La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.»

Justificación: El art. 14.2 TUE fija un mínimo de seis diputados por Estado miembro y un máximo de 96 escaños. Las cifras de siete, cinco y ocho no tienen apoyo en el Tratado.

Los que ejerciendo la abogacía fueren nombrados jueces o magistrados, deberán optar, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible, en el plazo máximo de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 390.1 LOPJ (en relación con art. 389.6.º LOPJ)).

Cita literal: «Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en el artículo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, deberán optar, en el plazo de ocho días, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.»

Justificación: El ejercicio de la Abogacía es incompatible con el cargo judicial (art. 389.6.º LOPJ), y el art. 390.1 LOPJ da un plazo de ocho días para optar o cesar. Si no se opta en plazo, se entiende que se renuncia al nombramiento (art. 390.2). Los plazos de seis, diez y cinco días son inventados.

La solicitud de declaración de concurso presentada por cualquier acreedor deberá fundarse en alguno de los siguientes hechos externos reveladores del estado de insolvencia. Señale la incorrecta:

Ley y artículo: Texto refundido de la Ley Concursal (RDLeg. 1/2020, de 5 de mayo) (art. 2.4.5º TRLC).

Cita literal: ««5.º El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso…»»

Justificación: El plazo legal es de tres meses, no de seis, así que b) es incorrecta. Las opciones a, c y d reproducen los hechos 3.º, 6.º y 1.º del art. 2.4 TRLC.

Indique la afirmación incorrecta sobre el derecho a la libertad sindical:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (art. 5.3 LOLS).

Cita literal: ««3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo.»»

Justificación: El art. 5.3 LOLS declara inembargables las cuotas sindicales, así que c) es incorrecta. Las opciones a, b y d reproducen literalmente los apartados 1, 2 y 4 del art. 5.

Pregunta de reserva.

¿Cuál de las siguientes demandas no se decidirá en juicio verbal, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 250.1 y 249.1.7º LEC).

Cita literal: «Art. 249.1: «Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: … 7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.»»

Justificación: Las opciones a, c y d corresponden a los ordinales 3.º, 6.º y 9.º del art. 250.1 LEC (verbal por razón de la materia). La acción de retracto de cualquier tipo se tramita por juicio ordinario, sea cual sea su cuantía (art. 249.1.7º).

Errata de imprenta del modelo A: las opciones de esta pregunta aparecen impresas como e), f), g) y h). La correcta es la b), impresa como «f)». Pregunta de reserva.

No corresponde al Presidente del Gobierno:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (arts. 2.2 y 6.1 Ley 50/1997).

Cita literal: «Art. 6.1: «La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.»»

Justificación: Las opciones a, b y c son atribuciones del Presidente según el art. 2.2, letras i), b) y j). La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas la acuerda el Consejo de Ministros por real decreto, a propuesta del Presidente (art. 6.1). No es una atribución del Presidente «previa deliberación».

Pregunta de reserva.

De conformidad con el artículo 131 de la LJCA el incidente cautelar se sustanciará en pieza separada:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 131 LJCA).

Cita literal: ««El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes.»»

Justificación: Literal del art. 131: audiencia de la parte contraria por plazo no superior a diez días y auto dentro de los cinco días siguientes. Las opciones b y c suprimen la audiencia, propia de las medidas «inaudita parte» de los arts. 135-136. La opción d reduce la audiencia a cinco días.

Pregunta de reserva.

Doña Urraca de Lezón es la única propietaria de una empresa de mosaicos vidriados y cerámica de barro cocido para restauración de casas palaciegas, sita en Zaragoza. Entre sus clientes más preciados se encuentra D. José Luis Rodríguez, vecino de León, casado con Doña María Jesús del Moral, con el que suscribe una letra de cambio en virtud de la que, el Sr. Rodríguez debe pagar, a su vencimiento, la cantidad de 205.000 euros por el suministro e instalación del mosaico en la fachada de una casa colgada adquirida por herencia, sita en la localidad de Cuenca. La letra figura inscrita en Cuenca y pagadera en la entidad bancaria de BBVA donde posee cuenta abierta el Sr. Rodríguez. Vencida la misma y resultando impagada, la Sra. Lezón tras varios requerimientos extrajudiciales, recurre a un prestigioso bufete de abogados para iniciar el procedimiento cambiario y así poder cobrar los 205.000 euros de principal, más los 43.000 presupuestados para intereses y costas, decidiendo demandar al Sr. Rodríguez.

Examinada la letra de cambio aportada con la demanda, el tribunal aprecia defectos formales que impiden considerarla título cambiario válido. En tal caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2 y 821.3 LEC (en relación con art. 552.2 LEC)).

Cita literal: «El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario [...] Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552.»

Justificación: El examen de la corrección formal del título se resuelve por auto del tribunal; si el título no es conforme, el auto deniega el requerimiento de pago y el embargo preventivo (art. 821.3), recurrible en reposición y/o apelación (art. 552.2). La LEC no prevé trámite de subsanación de defectos del título, ni inadmisión por decreto del LAJ, ni comparecencia previa.

La opción b reproduce casi literalmente el art. 821.3 LEC.

Qué plazo tendría el Sr. José Luis Rodríguez para proceder al pago, tras ser requerido?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.1.ª LEC).

Cita literal: «1.ª Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.»

Justificación: El auto que aprecia la corrección formal del título acuerda requerir al deudor para que pague en diez días. Cinco días es el plazo del art. 823.1 para personarse y pedir el alzamiento del embargo; veinte días es el del monitorio (art. 815).

El enunciado impreso omite el signo de apertura '¿'.

¿Qué medida adoptará el tribunal junto con el requerimiento de pago si aprecia la corrección formal del título cambiario?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.2.ª LEC).

Cita literal: «2.ª Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.»

Justificación: Junto al requerimiento de pago, el auto ordena el inmediato embargo preventivo por el principal del título más una cantidad para intereses de demora, gastos y costas (en el caso, 205.000 € + 43.000 €). El despacho de ejecución solo procede si no hay oposición (art. 825); no hay vista ni contestación en esta fase.

Si el Sr. José Luis Rodríguez atiende el requerimiento y paga la cantidad reclamada, ¿qué resolución pondrá fin al procedimiento?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 822 LEC en relación con art. 583.3 LEC).

Cita literal: «Art. 822: 'Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago se procederá como dispone el artículo 583, pero las costas serán de cargo del deudor.' Art. 583.3: 'Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminada la ejecución.'»

Justificación: El art. 822 remite al art. 583, cuyo apartado 3 atribuye al LAJ la terminación mediante decreto una vez satisfechos intereses y costas (que en el juicio cambiario son siempre a cargo del deudor que paga). No hay sentencia porque no hay oposición; el auto y la providencia no son la resolución prevista.

La remisión es en cadena (822 -> 583.3); el art. 822 por sí solo no nombra la resolución.

¿Qué plazo tiene el Sr. José Luis Rodríguez para formular oposición en el juicio cambiario?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 824.1 LEC).

Cita literal: «en los diez días siguientes al del requerimiento de pago el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario.»

Justificación: El plazo de oposición es de diez días desde el requerimiento de pago. Los cinco días (opción a) corresponden a la personación para pedir el alzamiento del embargo (art. 823.1), que es un trámite distinto.

La oposición del Sr. José Luis Rodríguez en el juicio cambiario deberá formularse mediante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 824.2 LEC).

Cita literal: «La oposición se hará en forma de demanda.»

Justificación: El art. 824 exige que la oposición cambiaria se formule en forma de demanda (art. 824.1: 'demanda de oposición'), en la que el deudor puede oponer las causas del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque. 'Sucinta' es la demanda inicial del acreedor (art. 821.1), no la de oposición.

El embargo acordado al admitir la demanda cambiaria tiene carácter:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.2.ª LEC).

Cita literal: «Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor [...] por si no se atendiera el requerimiento de pago.»

Justificación: La ley califica expresamente el embargo del juicio cambiario como preventivo (también la rúbrica del art. 821 y el art. 827.2 hablan de 'embargos preventivos'). Solo si no hay oposición se despacha ejecución (art. 825).

Presentada la oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma al acreedor para que la impugne por escrito en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 826 LEC (redacción Ley 42/2015, vigente desde 07-10-2015)).

Cita literal: «Presentado por el deudor escrito de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días.»

Justificación: Desde la Ley 42/2015 ya no se cita directamente a vista: el LAJ da traslado al acreedor para impugnar por escrito en diez días, y las partes pueden pedir vista en sus escritos (trámites del juicio verbal, arts. 438 y ss.); si no se pide o no se considera procedente, se resuelve sin más trámites.

Versión vigente: la dada por la Ley 42/2015 (en vigor desde el 7-10-2015). La redacción anterior citaba directamente a vista. La LO 1/2025 no ha modificado el art. 826.

El Juzgado dictará la sentencia resolviendo sobre la oposición en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 827.1 LEC).

Cita literal: «En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición.»

Justificación: El art. 827.1 fija un plazo único de diez días para la sentencia sobre la oposición cambiaria, sin distinguir supuestos (lo que descarta la opción d).

El enunciado habla de 'Juzgado'; tras la LO 1/2025 sería la Sección Civil del Tribunal de Instancia. No afecta a la respuesta.

¿Qué juzgado sería competente para conocer de la demanda?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 820 LEC).

Cita literal: «Será competente para el juicio cambiario el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. [...] No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita»

Justificación: El fuero del juicio cambiario es imperativo: domicilio del demandado. El Sr. Rodríguez es vecino de León, luego compete el órgano de León. Cuenca (lugar de libramiento/situación de la obra) y Zaragoza (domicilio de la acreedora) son irrelevantes, y la sumisión expresa está expresamente excluida por el párrafo tercero del art. 820.

El art. 820 conserva la expresión 'Juzgado de Primera Instancia' (LO 1/2025 no modificó los arts. 819-827 en la versión consolidada); tras la LO 1/2025 debe entenderse referida a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León. No altera la respuesta.

¿Cómo se iniciaría el juicio cambiario a tenor de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.1 LEC).

Cita literal: «El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.»

Justificación: Literalidad del art. 821.1. La 'petición' o impreso es propio del monitorio (art. 814); el escrito de interposición es propio del contencioso-administrativo; la demanda no es 'extensa' sino sucinta.

Pregunta de RESERVA.

El Tribunal no levantará el embargo cuando, señale la incorrecta:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 823.2 LEC).

Cita literal: «2.º Cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiere alegado falta absoluta de representación. 3.º Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público.»

Justificación: Las opciones a y b reproducen el art. 823.2.3.º y la d reproduce el inciso final del 823.2.2.º. La c altera el 823.2.2.º: la ley habla de no haber negado 'categóricamente la autenticidad' de la firma, no de su 'legitimidad' (y suprime 'categóricamente'). Es la única que no se ajusta al texto legal.

Pregunta de RESERVA. La incorrección de c descansa en un cambio de palabras ('legitimidad' por 'autenticidad' y omisión de 'categóricamente'), no en un cambio de supuesto; es la única opción que se aparta del literal, pero un tribunal podría considerarla sinónima. Si se anulase, sería por esa razón.

Corresponde al Rey, señale la incorrecta:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 63.3 CE (en relación con arts. 62.f), 62.h) y 63.2 CE)).

Cita literal: «Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.»

Justificación: La declaración de guerra requiere autorización previa de las Cortes Generales, no del Consejo de Ministros (art. 63.3 CE), por lo que b es la incorrecta. La a reproduce el art. 63.2 CE, la c el art. 62.f) CE y la d el art. 62.h) CE.

El plazo de dos meses del que el Senado dispone para vetar o enmendar un proyecto de ley se reducirá al de:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 90.3 CE).

Cita literal: «se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.»

Justificación: El art. 90.3 CE fija la reducción a veinte días naturales para los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. La b cambia «urgentes» por «estratégicos»; la c y la d alteran el plazo (diez días) y el supuesto («extraordinaria y urgente necesidad» es el presupuesto del decreto-ley, art. 86 CE).

El Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

Ley y artículo: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 64 LO 3/2007).

Cita literal: «El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.»

Justificación: El órgano es el Gobierno y el momento, el inicio de cada legislatura (art. 64 LO 3/2007). La a y la d fijan una periodicidad «cada cuatro años» que la ley no establece (el Consejo de Ministros solo evalúa anualmente su cumplimiento); la b atribuye la aprobación al Congreso.

La preparación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación corresponde a:

Ley y artículo: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (art. 34.2 Ley 15/2022).

Cita literal: «Corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad su preparación, seguimiento y evaluación [...]. La aprobación de la Estrategia corresponderá al Consejo de Ministros.»

Justificación: El art. 34.2 atribuye a la Conferencia Sectorial de Igualdad la preparación, seguimiento y evaluación de la Estrategia, y su aprobación al Consejo de Ministros. A la Comisión competente del Congreso solo se le da traslado del informe de evaluación (art. 34.3); la Autoridad Independiente se limita a informar con carácter preceptivo sobre la Estrategia (art. 40.j); el «Observatorio» no tiene esa función en la ley.

En relación con el funcionamiento del Consejo de Ministros, señale la incorrecta:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (art. 18 Ley 50/1997).

Cita literal: «El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.»

Justificación: El orden del día lo fija el Presidente del Gobierno (art. 18.3), no el Ministro de la Presidencia, que actúa como Secretario (art. 18.1). La a reproduce el art. 18.1, la b el art. 18.2 y la d el art. 18.4.

El Estado no tiene competencia exclusiva sobre una de las siguientes materias:

Ley y artículo: Constitución Española (art. 148.1.10.ª CE (frente a art. 149.1.15.ª, 20.ª y 32.ª CE)).

Cita literal: «Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: [...] 10.ª [...] las aguas minerales y termales.»

Justificación: Las aguas minerales y termales figuran entre las materias que pueden asumir las CCAA (art. 148.1.10.ª CE). Las demás son competencia exclusiva del Estado según el art. 149.1 CE: el referéndum (32.ª), el servicio meteorológico (20.ª) y el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica (15.ª).

La representación mínima de cada Estado miembro en el Parlamento Europeo será de:

Ley y artículo: Tratado de la Unión Europea (art. 14.2 TUE).

Cita literal: «La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.»

Justificación: El art. 14.2 TUE fija un mínimo de seis diputados por Estado miembro y un máximo de 96 escaños. Las cifras de siete, cinco y ocho no tienen apoyo en el Tratado.

Los que ejerciendo la abogacía fueren nombrados jueces o magistrados, deberán optar, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible, en el plazo máximo de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 390.1 LOPJ (en relación con art. 389.6.º LOPJ)).

Cita literal: «Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en el artículo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, deberán optar, en el plazo de ocho días, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.»

Justificación: El ejercicio de la Abogacía es incompatible con el cargo judicial (art. 389.6.º LOPJ), y el art. 390.1 LOPJ da un plazo de ocho días para optar o cesar. Si no se opta en plazo, se entiende que se renuncia al nombramiento (art. 390.2). Los plazos de seis, diez y cinco días son inventados.

El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el juez o por el secretario judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial, por lo que:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (2002) (apartado 14 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia).

Cita literal: «Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes.»

Justificación: La c reproduce literalmente el desarrollo del apartado 14 de la Carta. La a excluye indebidamente las comparecencias; la b sustituye al Juez o Tribunal por el LAJ; la d añade «diligencias» y una excepción («excepto los testimonios») que la Carta no contempla.

Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 440 LOPJ).

Cita literal: «Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.»

Justificación: La b es la redacción literal del art. 440 LOPJ (redacción de la LO 7/2015, sin cambios posteriores). La a dice que están al servicio del CGPJ y la c, que dependen de él; la d cambia «autoridad» por «director» y «dirección» por «jefatura».

Según la LOPJ, habrá un Secretario de Gobierno:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 464.1 LOPJ).

Cita literal: «Habrá un Secretario de Gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla»

Justificación: La b es el literal del art. 464.1 LOPJ en su redacción vigente. La a y la d mencionan el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial ni lo regula la LOPJ; la c cambia la Audiencia Nacional por la Audiencia Provincial.

Según el artículo 490 de la LOPJ, la promoción interna se efectuará mediante:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 490.3 LOPJ).

Cita literal: «La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición [...]. En todo caso, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.»

Justificación: El art. 490.3 LOPJ fija el concurso-oposición y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La a y la c dicen «oposición libre»; la c y la d cambian «igualdad» por «paridad», y la d además «capacidad» por «profesionalidad».

La LO 1/2025 (art. 1.96) solo modificó el apartado 2 del art. 490 (promoción interna equivalente al 50 % de las plazas de la OEP); el apartado 3 sigue igual.

Si, a la vista del escrito recusando a un funcionario de los Cuerpos Generales, el LAJ inadmite en el acto la petición, expresando las razones en que ello se funde, frente a esta resolución cabe:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 122 LEC (en relación con art. 121 LEC y art. 499.2.b) LOPJ)).

Cita literal: «inadmitirá en el acto la petición expresando las razones en que se funde tal inadmisión. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.»

Justificación: Según el art. 122 LEC (redacción de la Ley 13/2009 y la LO 7/2015), contra la inadmisión en el acto de la recusación de un funcionario de Gestión, Tramitación o Auxilio, acordada por el LAJ, no cabe recurso alguno. Las demás opciones dan recursos que la ley excluye; la redacción original remitía al recurso del art. 224.3, pero esa remisión se suprimió en 2009.

La duración de la excedencia por cuidado de familiar a cargo, para los funcionarios de los Cuerpos Generales, será:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 509.2 LOPJ).

Cita literal: «También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad»

Justificación: El art. 509.2 LOPJ, en la redacción dada por la LO 13/2007, fija una duración no superior a tres años. La redacción original de 2003 decía «no superior a un año» (opción a), que ya no está vigente. Los cinco años y los seis meses no tienen base legal.

Distractor histórico: la opción a (un año) correspondía a la redacción de la LO 19/2003, superada por la LO 13/2007.

Señale la afirmación correcta, según la LO 11/85 de 2 de agosto de Libertad Sindical:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (art. 13 LOLS).

Cita literal: «Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical [...] podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.»

Justificación: La a reproduce el art. 13 LOLS, omitiendo solo el inciso sobre los posibles sujetos lesionadores. La b dice «empresario» y «derecho al honor y propia imagen»; la c dice «libre asociación» y «jurisdicción laboral»; la d excluye al trabajador y habla del «derecho al trabajo».

Conforme al artículo 6 de la LEC, ¿quiénes tienen capacidad para ser parte en el proceso civil?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 6.1 LEC).

Cita literal: «1.º Las personas físicas. [...] 3.º Las personas jurídicas. 4.º Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular [...]. 5.º Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.»

Justificación: La b resume los ordinales 1.º, 3.º, 4.º y 5.º del art. 6.1 LEC. La a es incorrecta: el Ministerio Fiscal solo es parte «respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte» (6.1.6.º), y el Abogado del Estado no figura en el precepto. La c confunde la capacidad para ser parte con la capacidad procesal (art. 7) y exige una inscripción que la ley no pide; la d describe la legitimación (art. 10), no la capacidad para ser parte.

La b es un resumen impreciso: las masas patrimoniales del 6.1.4.º no requieren que «la ley lo permita» (ese inciso es propio de las entidades sin personalidad del 5.º). Aun así, es la única opción compatible con el art. 6.

De acuerdo con el artículo 12 de la LEC, el litisconsorcio es necesario cuando:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 12.2 LEC).

Cita literal: «Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes»

Justificación: El litisconsorcio pasivo necesario del art. 12.2 LEC se produce cuando la tutela solo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados. La a describe la acumulación de acciones; la c, un litisconsorcio voluntario o una intervención; la d, un supuesto de acumulación de procesos.

De acuerdo con el artículo 749.1 de la LEC, la intervención del Ministerio fiscal en los procesos civiles:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 749.1 LEC).

Cita literal: «En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la filiación, será siempre parte el Ministerio Fiscal»

Justificación: El art. 749.1 LEC (redacción de la Ley 8/2021) dispone que el Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de nulidad matrimonial. Ninguna de las otras opciones tiene apoyo legal: la intervención no se limita a procesos derivados de causas penales, no depende de que las partes invoquen un interés público y el Fiscal no sustituye a la parte demandante («aunque no haya sido promotor de los mismos»).

En relación con la competencia territorial, conforme a la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 54.1 LEC).

Cita literal: «Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita [...]. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1.º y 4.º a 15.º del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo.»

Justificación: Cuando hay un fuero imperativo no cabe sumisión, ni expresa ni tácita (art. 54.1 LEC), así que la b es correcta y la d es falsa. La a es falsa porque casi todos los fueros del art. 52 son imperativos. La c es falsa porque el demandado solo puede actuar sobre la competencia territorial mediante sumisión tácita o declinatoria, en los momentos que fija la ley (arts. 56 y 59 LEC), y no en cualquier fase.

Conforme a lo dispuesto en la LEC en relación con los plazos procesales, señale la respuesta correcta:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 133.1 LEC).

Cita literal: «Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo»

Justificación: La d reproduce el art. 133.1 LEC. La a y la c chocan con el art. 133.2 («En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles»). La b choca con el art. 134.1 («Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables»).

Según los artículos 225 y 231 de la LEC, en relación con los actos procesales defectuosos:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 225 y 231 LEC).

Cita literal: «Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: [...] (art. 225). El Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes (art. 231).»

Justificación: La c resume ambos preceptos: la nulidad se limita a los casos tasados del art. 225 y los defectos son subsanables según el art. 231. La a es falsa porque no toda infracción produce nulidad; la b contradice el deber de procurar la subsanación (art. 231); la d contradice el art. 227.2 LEC, que exige oír a las partes antes de declarar de oficio la nulidad.

De conformidad con el artículo 198 de la LEC, señale la respuesta correcta:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 198.1 LEC).

Cita literal: «El Presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o sobre parte de la decisión que haya de dictarse.»

Justificación: La d es el art. 198.1 LEC. La b contradice el art. 198.3 («Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable»); la c invierte el orden del art. 198.2 (vota primero el ponente, después los demás por orden inverso de antigüedad y el Presidente el último); la a choca con el carácter secreto de las deliberaciones (art. 233 LOPJ).

Según el artículo 149 de la LEC, los actos de comunicación del Tribunal con autoridades no judiciales adoptarán la forma de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 149.6.º LEC).

Cita literal: «6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.»

Justificación: Según el art. 149.6.º LEC, las comunicaciones con autoridades no judiciales se hacen por oficio. La providencia es una resolución judicial, no un acto de comunicación (art. 206); el requerimiento ordena una conducta o inactividad (art. 149.4.º); el exhorto sirve para la cooperación entre órganos jurisdiccionales (art. 171).

En el proceso penal, los mandamientos tienen por objeto:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 184 y 186 LECrim).

Cita literal: «Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento o carta-orden, cuando se dirija a un subordinado suyo.»

Justificación: Según el art. 184 LECrim, la diligencia que debe ejecutar otro Juez o Tribunal se encomienda por mandamiento cuando se dirige a un órgano subordinado. Además, el art. 186 lo emplea para ordenar diligencias a registradores, notarios, auxiliares o policía judicial. La b es la única que recoge esa función de «ordenar». La a describe el exhorto (igual grado); la c, la notificación; la d no corresponde a ninguna figura.

La b es imprecisa: el mandamiento se dirige a órganos inferiores o subordinados (art. 184), no a cualquier «otro órgano judicial», y omite su uso con registradores, notarios, funcionarios y policía judicial (art. 186). Aun así, es la única opción defendible; la a corresponde al exhorto. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): El art. 186 LECR reserva el mandamiento a Registradores, Notarios, auxiliares o subalternos y policía judicial; la opción b habla de «otros órganos judiciales» (ámbito del exhorto). En rigor, ninguna opción es exacta.

De acuerdo con el artículo 164 de la LEC, la comunicación edictal procederá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 164 LEC).

Cita literal: «Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos [...] mandará que se haga la comunicación, a través del Tablón Edictal Judicial Único»

Justificación: La comunicación edictal es subsidiaria y procede cuando no se conoce el domicilio del destinatario o no puede hallársele (art. 164 LEC, redacción del RDL 6/2023). No procede por simple solicitud de parte (a), ni por haber varios demandados (c), ni tras un único intento fallido (d): antes hay que agotar las averiguaciones del art. 156 y los demás medios.

Redacción vigente desde el 20-3-2024 (RDL 6/2023): la comunicación se hace por el Tablón Edictal Judicial Único. No afecta a la respuesta.

Conforme a la normativa procesal, en relación con el proceso civil y penal:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 149 LEC).

Cita literal: «2.º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.»

Justificación: El emplazamiento llama a personarse y actuar dentro de un plazo (art. 149.2.º LEC), así que la d es correcta. La a describe la notificación («dar noticia de una resolución», 149.1.º), no la citación, que fija lugar, fecha y hora (149.3.º). La b es falsa porque el requerimiento ordena una conducta o inactividad (149.4.º). La c atribuye a la notificación lo propio del requerimiento.

De conformidad con el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, por el que se regula la modernización de los archivos judiciales, sobre las fases del archivo judicial, la documentación:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (art. 5 RD 937/2003 (en relación con arts. 4 y 10)).

Cita literal: «Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial [...]. Los procedimientos con sentencia firme [...] podrán ser remitidos [...] transcurrido un año desde la firmeza»

Justificación: Según el art. 5.2, el paso del Archivo de Gestión al Territorial depende de la antigüedad (cinco años desde la incoación o un año desde la firmeza) y del estado del procedimiento (sin actuación pendiente), lo que corresponde a la b. La a es falsa porque la documentación no permanece indefinidamente. La c es falsa porque el Archivo Central solo recibe la documentación del TS, la AN y los órganos con jurisdicción nacional (art. 10), no la de cualquier ejecución finalizada. La d es falsa porque es en el Archivo de Gestión donde los documentos permanecen «mientras constituyan asuntos susceptibles de resolución judicial» (art. 5.1).

La b es genérica, pero es la única compatible con el art. 5; la d es una trampa que cambia «Gestión» por «Territorial».

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, por el que se regula la modernización de los archivos judiciales, en relación con el uso de nuevas tecnologías en los archivos judiciales:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (art. 3.3 RD 937/2003 (el enunciado cita por error el art. 14)).

Cita literal: «Asimismo, los documentos judiciales que estén contenidos en soportes electrónicos podrán ser transformados a soporte escrito mediante mecanismos de reproducción.»

Justificación: La b reproduce literalmente el art. 3.3, párrafo segundo, del RD 937/2003 («Implantación de las nuevas tecnologías»). La a es falsa porque la conversión del papel a otros soportes es potestativa («podrán convertirse»); la c y la d contradicen el art. 3.1, según el cual todos los archivos (de Gestión, Territoriales y Central) se gestionan mediante aplicaciones informáticas.

ERROR EN EL ENUNCIADO: en el texto consolidado, el art. 14 del RD 937/2003 regula las Juntas de Expurgo; las nuevas tecnologías están en el art. 3. La respuesta (b) no cambia porque es el literal del art. 3.3. Posible motivo de impugnación por cita errónea, aunque no es probable que se anule al no afectar a la solución.

Fundada la petición de proposición de pruebas anticipadas en un proceso de los declarativos previstos en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 294.2 LEC).

Cita literal: «Si el Tribunal estimare fundada la petición, accederá a ella, disponiendo, por medio de providencia, que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el Letrado de la Administración de Justicia el oportuno señalamiento.»

Justificación: La opción a reproduce el art. 294.2 LEC: resolución por providencia y práctica siempre antes del juicio o vista. La b falla por la forma (auto, no providencia); la c porque quien accede es el Tribunal (el LAJ solo hace el señalamiento) y nunca con posterioridad al juicio; la d porque admite la práctica con posterioridad al juicio o vista.

Redacción vigente; el art. 294 LEC no fue modificado por la LO 1/2025.

¿Cuál de las siguientes finalidades no es objeto de la audiencia previa del juicio ordinario previsto en la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 414.1 LEC (redacción LO 1/2025)).

Cita literal: «La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales [...], fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.»

Justificación: El art. 414.1 LEC fija como objeto de la audiencia los extremos sobre los que exista CONTROVERSIA, no conformidad; la opción c altera ese término y añade un fin inexistente ('a efectos de hacerlo constar en sentencia'). Las opciones a, b y d se recogen literalmente en el precepto (la b con la redacción dada por la LO 1/2025).

Art. 414.1 modificado por LO 1/2025 (efectos 3-4-2025); la opción b reproduce precisamente la nueva redacción.

Terminada la vista en el juicio verbal en que se pida el desahucio de finca urbana, de conformidad con lo dispuesto en la LEC, el Tribunal dictará sentencia:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 447.1 LEC).

Cita literal: «Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes»

Justificación: Regla general del juicio verbal: sentencia en diez días; excepción expresa para el desahucio de finca urbana: cinco días (art. 447.1 LEC). Los diez días (b) son la regla general, no la del desahucio; 15 y 20 días no aparecen.

Redacción vigente tras LO 1/2025 (mantiene los cinco días para el desahucio de finca urbana).

Indique la respuesta incorrecta en relación con el procedimiento para la división de la herencia regulado en la LEC.

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 782.2, 783.1 y 785.2-3 LEC).

Cita literal: «A instancia de parte, podrá el Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.»

Justificación: La d es incorrecta en tres puntos: el plazo se fija a instancia de parte (no de oficio), es potestativo ('podrá', no 'deberá') y se hace mediante diligencia, no decreto (art. 785.3 LEC). La a es literal del art. 783.1, la b del art. 785.2 y la c del art. 782.2.

Quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible acreditada mediante factura, de conformidad con lo dispuesto en la LEC, podrá acudir al:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 812.1.2.ª LEC).

Cita literal: «Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes: [...] 2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones...»

Justificación: El enunciado reproduce los presupuestos del proceso monitorio del art. 812.1 LEC (sin límite de cuantía desde la Ley 37/2011) y la factura es uno de los documentos de la regla 2.ª. El juicio cambiario exige letra de cambio, cheque o pagaré (art. 819), y ordinario/verbal se determinan por cuantía o materia, no por estos presupuestos.

De las demandas sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad conocerá:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 756.2 LEC).

Cita literal: «Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.»

Justificación: La c es literal del art. 756.2 LEC (redacción Ley 8/2021). La a omite la excepción por cambio de residencia; la b prescinde de la regla de conexión con el expediente previo; la d añade 'una vez celebrada la vista', cuando el art. 756.3 se refiere al cambio de residencia ANTES de la vista (remisión de actuaciones).

En los expedientes de jurisdicción voluntaria sobre aceptación o repudiación de herencia, será competente el Juzgado de Primera Instancia:

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (art. 94.1 LJV (párrafo 2.º añadido por LO 1/2025)).

Cita literal: «Cuando sea llamado a la herencia un menor o persona con medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad, será competente para su conocimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que estos residan.»

Justificación: Tras la LO 1/2025 (DF 24.ª, efectos 3-4-2025), el art. 94.1 LJV atribuye la competencia, cuando el llamado es un menor o una persona con medidas judiciales de apoyo, al juzgado del lugar de residencia de estos: opción d. La regla general es el último domicilio o residencia del CAUSANTE, nunca del acreedor (a), del defensor judicial (b) ni del progenitor solicitante (c; en el caso de menores el fuero es la residencia del propio menor).

La respuesta depende de la reforma de la LO 1/2025: con la redacción anterior ninguna opción coincidiría (el fuero era solo el del causante). La LJV conserva la denominación 'Juzgado de Primera Instancia'.

Indique la respuesta correcta en relación con los expedientes de jurisdicción voluntaria para la obtención de dispensa del impedimento matrimonial.

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (arts. 81.3, 83 y 84 LJV).

Cita literal: «3. En la práctica de estas actuaciones no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.»

Justificación: La b es literal del art. 81.3 LJV. La a falla porque el Ministerio Fiscal solo se cita para la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, no «en todo caso» (art. 83.1). La c falla porque esa dispensa la resuelve el Juez, no el LAJ (art. 83.2). La d falla porque el art. 84 LJV prevé el testimonio en caso de «concesión» de la dispensa, no de denegación.

¿Cuáles de los siguientes recursos se encuentran regulados expresamente en el TÍTULO IV del LIBRO II de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 448-495 LEC (Título IV, Libro II): reposición (451-454), revisión (454 bis), apelación (455-467), casación (477-489), queja (494-495)).

Cita literal: «Artículo 454 bis. Recurso de revisión. [...] Artículo 468 [...] se deja sin contenido por el art. 103.92 del Real Decreto-ley 6/2023 [...] Artículo 490 [...] se deja sin contenido por el art. 225.17 del Real Decreto-ley 5/2023»

Justificación: Hoy el Título IV del Libro II ('De los recursos') regula reposición, revisión contra decretos del LAJ (art. 454 bis), apelación, casación y queja. El recurso en interés de ley (arts. 490-493) quedó sin contenido por el RDL 5/2023 y el extraordinario por infracción procesal (arts. 468-476) por el RDL 6/2023, por lo que b y c fallan; la suplicación (a) es un recurso laboral (LRJS), no de la LEC.

La revisión del art. 454 bis (contra decretos) no debe confundirse con la revisión de sentencias firmes (Título VI, arts. 509 ss.).

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto del recurso de queja regulado en la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 494 y 495 LEC).

Cita literal: «Los recursos de queja se tramitarán y resolverán con carácter preferente.»

Justificación: El art. 494 LEC dice 'con carácter preferente', no 'sumario', por lo que la c es la incorrecta. La a es literal del art. 495.1, la d del art. 495.2 ('resolverá sobre él en el plazo de cinco días') y la b del art. 495.3.

En cuanto a la sustanciación del recurso de casación previsto en la LEC, el LAJ:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 482.1, 483 y 485 LEC (redacción RDL 5/2023)).

Cita literal: «Dentro de los cinco días siguientes a la resolución que tenga por interpuesto el recurso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia remitirá todos los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, con emplazamiento de las partes por término de treinta días.»

Justificación: La a recoge el art. 482.1 LEC. La b falla porque el recurso se declara desierto si no comparece el RECURRENTE, no el recurrido (art. 482.1, párr. 2.º). La c falla porque el LAJ eleva las actuaciones 'concurriendo los requisitos' que debe comprobar (art. 483). La d falla en el plazo de oposición, que es de veinte días (art. 485).

Según el artículo 509 de la LEC, la revisión de sentencias firmes se solicitará a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 509 LEC).

Cita literal: «La revisión de sentencias firmes se solicitará a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Justificación: La c es literal del art. 509 LEC. La a falla porque la Sala de lo Civil del TS es la Sala Primera (la Segunda es la de lo Penal); la Audiencia Nacional no tiene Sala de lo Civil (b) y las Audiencias Provinciales no conocen de la revisión (d).

En los procesos de ejecución regulados en la LEC adoptarán la forma de decreto las resoluciones del LAJ que:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 545.5 y 6 LEC).

Cita literal: «6. Adoptarán la forma de decreto las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia que determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución y aquellas otras que se señalen en esta ley.»

Justificación: La c es literal del art. 545.6 LEC. Las opciones a, b y d corresponden a resoluciones del Tribunal que adoptan forma de auto (art. 545.5: orden general de ejecución, oposición a la ejecución definitiva por motivos procesales o de fondo y tercerías de dominio), con independencia de quién dictara el título ejecutivo.

Decretada por el LAJ a solicitud de todas las partes personadas la suspensión en un proceso de ejecución previsto en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 565 LEC).

Cita literal: «2. Decretada la suspensión, podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas de garantía de los embargos acordados y se practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados.»

Justificación: La a es literal del art. 565.2 LEC. La b cambia 'podrán' por 'deberán'. La c falla porque, si hay acuerdo extrajudicial que se cumple, es la parte EJECUTANTE la que lo pone en conocimiento del órgano judicial, que archiva (art. 565.1, redacción LO 1/2025), no la ejecutada con un escrito de desistimiento. La d no responde al régimen de la suspensión por acuerdo de todas las partes.

Art. 565.1 modificado por LO 1/2025 (efectos 3-4-2025); el apartado 2 no varía.

Consignada por el ejecutado la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución en un procedimiento de los previstos en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 585 y 586 LEC).

Cita literal: «Si el ejecutado no formulare oposición, la cantidad consignada para evitar el embargo se entregará al ejecutante sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas.»

Justificación: La d es literal del art. 586, párr. 2.º LEC. La c falla porque, si hay oposición, la cantidad se deposita y el embargo sigue en suspenso (art. 586, párr. 1.º). La a falla porque la consignación suspende el embargo (art. 585, párr. 1.º). La b falla porque la consignación posterior al embargo solo alza los embargos si se hace antes de que se resuelva la oposición (art. 585, párr. 2.º).

En los procesos ejecutivos regulados en la LEC en los que se decretare el reembargo de los bienes o derechos ya embargados:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 610.2 y 3 LEC).

Cita literal: «3. Los ejecutantes de los procesos en que se decretare el reembargo podrán solicitar del Letrado de la Administración de Justicia que adopte medidas de garantía de esta traba siempre que no entorpezcan una ejecución anterior y no sean incompatibles con las adoptadas a favor de quien primero logró el embargo.»

Justificación: La b es literal del art. 610.3 LEC. La a invierte la condición (sí entorpecen / son incompatibles) e inventa la caución. La c y la d fallan porque, alzado el primer embargo, el primer reembargante queda en la posición del primer ejecutante y PUEDE solicitar la realización forzosa sin exigencia de caución alguna (art. 610.2).

El perito tasador designado para la valoración de los bienes embargados objeto del procedimiento de apremio regulado en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 638.2 y 638.3, 639.1 y 639.2 LEC).

Cita literal: «Art. 638.2: "El perito designado por el Letrado de la Administración de Justicia podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido."»

Justificación: La a) reproduce el art. 638.2 LEC. La b) falla: el perito acepta "en el siguiente día" (art. 639.1; la aceptación «podrá» comunicarse telemáticamente), no de forma inmediata. La c) falla: «podrá» solicitar provisión en los TRES días siguientes (art. 638.3), no cinco ni como deber. La d) falla: el plazo de entrega simultánea al tribunal y a las partes es de OCHO días desde la aceptación (art. 639.2, redacción RDL 6/2023).

Art. 639 en redacción del RDL 6/2023 (en vigor 20-3-2024).

De conformidad con lo establecido en el artículo 640 de la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 640.1, 640.2 y 640.3 LEC).

Cita literal: «Art. 640.1: "El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución, incluida la realización por persona o entidad especializada."»

Justificación: Desde el 3-4-2025 (art. 22.53 LO 1/2025) el art. 640.1 ya no prevé pedir una comparecencia: las partes «podrán convenir» directamente el modo de realización (b). La a) es la redacción ANTERIOR (comparecencia convocada por el LAJ), suprimida. La c) falla: aprueba el acuerdo el LAJ mediante decreto, no el Tribunal mediante auto (art. 640.2). La d) falla: es el LAJ quien sobresee la ejecución (art. 640.3), y el precepto no habla de declarar la completa satisfacción.

Pregunta de reforma LO 1/2025: con la redacción previa la a) también habría sido correcta; con la vigente solo la b).

Contra el decreto que acuerde el embargo de bienes de ejecutado en garantía para asegurar pago de indemnizaciones sustitutorias y costas de ejecución, tras el requerimiento de hacer, no hacer o entregar cosa distinta del dinero, según la LEC, cabe:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 700, párrafo segundo, LEC).

Cita literal: «"Contra este decreto cabe recurso directo de revisión sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución."»

Justificación: El art. 700 LEC prevé literalmente recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. La a) y la d) hablan de reposición (no existe «recurso directo de reposición»); la c) atribuye efecto suspensivo, que la ley niega.

Será competente para conocer de las solicitudes relativas medidas cautelares que se formulen en la segunda instancia o de un recurso de casación, según la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 723.2 LEC (redacción RDL 6/2023)).

Cita literal: «"Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dicho recurso."»

Justificación: El art. 723.2 atribuye la competencia al tribunal que conozca de la segunda instancia o del recurso de casación. La a) es la regla del 723.1 (primera instancia o proceso no iniciado), no aplicable a este supuesto; b) y d) no tienen apoyo legal.

Redacción vigente desde 20-3-2024 (RDL 6/2023 suprimió la mención al extraordinario por infracción procesal).

Contra el auto que acuerde medidas cautelares, según la LEC, sin previa audiencia del demandado:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 733.2, párrafo segundo, LEC).

Cita literal: «"Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título."»

Justificación: El art. 733.2 excluye cualquier recurso; el demandado puede formular oposición (arts. 739 y ss., capítulo III). Las demás opciones contradicen el texto legal (la apelación es la del auto dictado con audiencia, art. 735.2).

Señale cuál de los siguientes conceptos no se incluye como costas en la LEC:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 241.1, párrafo segundo, 2.º, 4.º, 5.º y 7.º LEC).

Cita literal: «Art. 241.1.7.º: "La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual."»

Justificación: a), b) y c) reproducen los ordinales 2.º, 4.º y 5.º del art. 241.1 (conceptos que SÍ son costas). La d) es la exclusión expresa del ordinal 7.º, introducida por el RDL 3/2013: la tasa abonada en ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual no se incluye en costas.

En la LEC, frente al decreto de inadmisión a trámite de la impugnación de tasación de costas por no mencionarse las cuentas o minutas, partidas concretas o discrepancia de éstas:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 245.4 LEC).

Cita literal: «"De no efectuarse dicha mención, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer recurso de revisión."»

Justificación: Desde el 3-4-2025 (art. 22.17 LO 1/2025) el art. 245.4 prevé recurso de revisión contra el decreto de inadmisión. La c) (reposición) era la respuesta con la redacción anterior (Ley 13/2009: «únicamente recurso de reposición»), hoy superada. a) y d) carecen de apoyo (la aclaración no es un recurso).

TRAMPA DE REFORMA: con la LEC anterior a la LO 1/2025 la respuesta era c). Si la plantilla oficial diera c) sería impugnable, porque la convocatoria (Orden PJC/1549/2025, de 22-12-2025) es posterior a la reforma.

Según el artículo 2.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, el Registro Civil tiene por objeto:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 2.2 LRC).

Cita literal: «"El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la presente Ley."»

Justificación: La b) recoge en síntesis el art. 2.2. Las demás son ajenas al objeto del Registro Civil.

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, señale la afirmación correcta:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 15.1 LRC).

Cita literal: «"Los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual."»

Justificación: El art. 15.1 consagra el libre acceso del ciudadano a su propio registro individual. El interés legítimo de la d) se exige para obtener información de persona distinta del solicitante (art. 15.3), no del propio registro; a) y b) no tienen apoyo.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, la inscripción de la defunción:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 33.1 LRC).

Cita literal: «"La inscripción de la defunción, no existiendo obstáculo legal, se practicará en el mismo día de la presentación de la documentación."»

Justificación: El art. 33.1 fija para la defunción el mismo día de la presentación. Los cinco días (a) son la regla general para los demás asientos; «el plazo más breve posible» (d) es el de las Oficinas Consulares para nacionalidad y matrimonio; la autorización judicial (b) no se exige.

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, contra las decisiones del encargado:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (art. 85.1 LRC).

Cita literal: «"Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por esta Ley, los interesados sólo podrán interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes."»

Justificación: El art. 85.1 fija recurso ante la Dirección General en el plazo de un mes. a) y c) yerran el órgano (la Oficina Central no resuelve recursos); b) yerra el plazo (quince días).

El texto consolidado del art. 85.1 sigue diciendo literalmente «Dirección General de los Registros y del Notariado», y así lo usa la pregunta. Hoy ese centro directivo se denomina Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (RD 139/2020 y normas de estructura del Ministerio). No afecta a la respuesta: es la denominación legal literal.

Según lo preceptuado en el artículo 8 de la LECrim, la jurisdicción criminal:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 8 LECrim).

Cita literal: «"La jurisdicción criminal es siempre improrrogable."»

Justificación: Literal del art. 8 LECrim. Las otras tres admiten prórroga, lo que contradice el precepto.

Señale la respuesta incorrecta. Son jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 18.1 LECrim).

Cita literal: «"2.º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena."»

Justificación: a), b) y c) reproducen los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del art. 18.1. La d) añade una condición inexistente (acuerdo del Ministerio Fiscal y de las partes): es la incorrecta.

La querella está regulada en la LECrim., en los artículos:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (Libro II, Título II (arts. 270 a 281) LECrim).

Cita literal: «Libro II, Título II «De la querella»: arts. 270 a 281 (el Título III comienza en el art. 282, Policía Judicial).»

Justificación: La querella ocupa el Título II del Libro II, arts. 270 a 281. El Título I (arts. 259-269) regula la denuncia y el Título III (arts. 282 y ss.) la Policía Judicial; las demás horquillas no corresponden a la querella.

Comprobado con el índice del texto consolidado (TÍTULO II entre a269 y a270; TÍTULO III antes de a282).

La investigación judicial en el sumario se desarrollará en un plazo máximo desde la incoación de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 324.1 LECrim).

Cita literal: «"La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. [...] el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses."»

Justificación: Tras la Ley 2/2020, el art. 324.1 LECrim fija un plazo de doce meses desde la incoación, prorrogable por periodos sucesivos iguales o inferiores a seis meses. La a) no recoge la regla vigente (seis meses prorrogables); la c) niega las prórrogas, que la ley permite; la d) reduce las prórrogas a tres meses, plazo que no figura en el precepto.

Señale la respuesta incorrecta. Los efectos judiciales de lícito comercio, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo, y siempre que no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento, podrán realizarse:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 367 quáter.1 LECrim).

Cita literal: «"a) Cuando sean perecederos. [...] c) Cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del objeto en sí. d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública [...]"»

Justificación: a), b) y c) se corresponden con las letras a), c) y d) del art. 367 quáter.1. El mero transcurso de doce meses desde la incautación no figura entre los supuestos de realización anticipada: la d) es la incorrecta.

En el orden jurisdiccional penal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 487 de la LECrim., si la persona a la que se le impute un acto punible, citado en legal forma, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 487 LECrim).

Cita literal: «"Si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención."»

Justificación: El art. 487 prevé como consecuencia la conversión de la orden de comparecencia en orden de detención. Las multas de las otras opciones no las prevé este precepto para el investigado.

La detención de una persona efectuada por un particular no podrá durar más de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 496 LECrim).

Cita literal: «"El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma."»

Justificación: El art. 496 fija veinticuatro horas para que el particular libere o entregue al detenido al Juez. Las 72 horas y el «tiempo estrictamente necesario» de a) y b) corresponden a la detención policial (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); la prórroga de la d) no existe.

En la práctica el particular debe entregar al detenido de inmediato a la autoridad, pero el único plazo que la ley fija es el de 24 horas del art. 496.

¿La sustanciación de recursos de apelación admitidos sólo en un efecto impedirá la terminación del sumario?:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 622, párrafo tercero, LECrim).

Cita literal: «"La sustanciación de los recursos de apelación admitidos sólo en un efecto no impedirá nunca la terminación del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que preceptúa el artículo 227 de esta Ley, y habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del testimonio correspondiente."»

Justificación: La c) es literal del art. 622, párrafo tercero. a), b) y d) contradicen el «no impedirá nunca» del precepto; lo que queda en suspenso en la Audiencia es la aplicación de los arts. 627 y ss. hasta que se resuelvan las apelaciones, no la terminación del sumario.

Señale la respuesta incorrecta. El intérprete que auxilie a un testigo que no conozca el idioma español, según lo previsto en el artículo 441 de la LECrim.:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 441 LECrim).

Cita literal: «El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa.»

Justificación: El art. 441 establece un orden subsidiario: intérprete titulado; en su defecto, maestro del idioma; y si tampoco lo hay, cualquier persona que lo sepa. Por tanto no se exige 'en todo caso' título oficial: d es la incorrecta. a, b y c reproducen el precepto.

Los debates del juicio oral, según la LECrim.:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 680 LECrim).

Cita literal: «Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.»

Justificación: El art. 680 (redacción Ley 4/2015) proclama la publicidad bajo pena de nulidad. a es falsa porque el art. 681 permite excepciones (puerta cerrada). c y d no responden al régimen legal: la puerta cerrada la acuerda el juez o tribunal de oficio o a instancia de parte y por las causas tasadas del art. 681, no por mero acuerdo de las partes ni por libre decisión.

Señale la respuesta incorrecta. En las diligencias de instrucción en el procedimiento abreviado:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 778.1, 2 y 4 LECrim).

Cita literal: «1. El informe pericial podrá ser prestado sólo por un perito cuando el Juez lo considere suficiente.»

Justificación: En el procedimiento abreviado el art. 778.1 permite un solo perito si el juez lo considera suficiente, por lo que no es obligatorio que sean dos: a es la incorrecta. b reproduce el 778.1, c el 778.2 y d el 778.4.

Según lo dispuesto en el artículo 782 de la LECrim., si el Ministerio fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, el juez de Instrucción:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 782.2.b) LECrim).

Cita literal: «b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días.»

Justificación: El art. 782.2 prevé que, antes de acordar el sobreseimiento, el juez podrá hacer saber la pretensión a los ofendidos (a) o remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal (b), que decide en diez días. Por eso el sobreseimiento no es automático 'en todo caso' (a falsa) y sí cabe (c falsa). El levantamiento de prisión y cautelares (d) está ligado a acordar el sobreseimiento (782.1, párr. 2.º), no 'independientemente de la decisión'.

Contra el auto dictado por el Juzgado de guardia acordando, si procede, la incoación de diligencias urgentes cabrá:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 797.1 párr. 1.º LECrim).

Cita literal: «incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno.»

Justificación: En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, el art. 797.1 (redacción LO 13/2003) declara irrecurrible el auto de incoación de diligencias urgentes. Quedan descartados reforma, apelación o ambas.

Señale la respuesta incorrecta. Según lo previsto en el artículo 797.1 de la LECrim., el Juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial junto con los objetos, instrumentos y pruebas, incoará, si procede, diligencias urgentes y, cuando resulte pertinente:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 797.1, reglas 1.ª, 2.ª a), 6.ª y 7.ª LECrim).

Cita literal: «7.ª Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e investigados o investigados entre sí.»

Justificación: El careo se ordena 'de considerarlo necesario', no 'en todo caso': c es la incorrecta. a recoge la regla 1.ª (el precepto añade 'por el medio más rápido'), b la regla 2.ª a) y d la regla 6.ª.

Señale la respuesta incorrecta. El Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los siguientes delitos:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (art. 1.2 LOTJ).

Cita literal: «c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). [...] e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). [...] h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). [...] j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).»

Justificación: El art. 1.2 LOTJ atribuye al Jurado las negociaciones prohibidas 'a funcionarios' (arts. 439 y 440 CP), no 'a cualquier persona': d es la incorrecta. Omisión del deber de socorro, infidelidad en la custodia de documentos y malversación figuran expresamente en las letras c), e) y h).

Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, el magistrado-Presidente devolverá el acta al Jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes circunstancias:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (art. 63.1 LOTJ).

Cita literal: «e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación.»

Justificación: El art. 63.1 enumera causas tasadas de devolución del acta; entre ellas figura haber incurrido en un defecto relevante en la deliberación y votación (letra e), no una facultad discrecional del Magistrado-Presidente sin defecto alguno: c es la incorrecta. a, b y d reproducen las letras a), d) y b).

Señale la respuesta incorrecta. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la LECrim, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 89 bis.5 LOPJ).

Cita literal: «a) Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes. [...] c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.»

Justificación: El art. 89 bis.5 LOPJ (redacción por art. 1.29 LO 1/2025) no incluye el tráfico de drogas; además, el criterio de atribución es que la víctima (no el investigado) sea menor. b es la incorrecta. a corresponde a la letra c) y c y d a la letra a).

Finalizada la audiencia, el juez de Menores dictará sentencia en el plazo máximo de:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 38 LORPM).

Cita literal: «Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de cinco días.»

Justificación: El art. 38 LORPM (redacción LO 8/2006) fija un plazo máximo de cinco días. Las demás opciones no corresponden al precepto.

Según lo dispuesto en el artículo 967 de la LECrim., cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 967.2 LECrim).

Cita literal: «2. Cuando los citados como partes, los testigos y los peritos no comparezcan ni aleguen justa causa para dejar de hacerlo, podrán ser sancionados con una multa de 200 a 2.000 euros.»

Justificación: En el juicio sobre delitos leves, el art. 967.2 fija la multa de 200 a 2.000 euros. Las demás cuantías no figuran en el precepto.

Cuantía vigente del art. 967.2 LECrim.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 bis de la LECrim, admitido a trámite el recurso de reposición, por el LAJ se concederá al Ministerio fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 238 bis, párr. 4.º LECrim).

Cita literal: «Admitido a trámite el recurso de reposición, por el Secretario judicial se concederá al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas un plazo común de dos días para presentar por escrito sus alegaciones, transcurrido el cual resolverá sin más trámite.»

Justificación: Plazo común de dos días y resolución 'sin más trámite'. a añade un plazo de cinco días inexistente; c y d alteran el plazo de alegaciones.

El texto consolidado mantiene 'Secretario judicial' (hoy LAJ).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 988 bis de la LECrim, las liquidaciones de condena practicadas por el LAJ:

Ley y artículo: Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 988 bis.4 LECrim).

Cita literal: «De dichas liquidaciones, que se notificarán personalmente al condenado, se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, que podrán impugnarlas en el plazo de dos días.»

Justificación: El art. 988 bis.4 (añadido por el art. 20.17 LO 1/2025, en vigor desde el 3-4-2025) exige notificación personal al condenado, traslado al Fiscal y a las partes y un plazo de impugnación de dos días. a y c yerran en el plazo (cinco días); c y d omiten la notificación personal y d además el traslado al Fiscal y a las partes.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, corresponde al juez de vigilancia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (art. 76.2 LOGP).

Cita literal: «i) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.»

Justificación: El juez de vigilancia autoriza los permisos de salida superiores a dos días (no tres): d es la incorrecta. a, b y c reproducen las letras b), d) y h) del art. 76.2.

La competencia de las Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por estas, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio fiscal por plazo común de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 7.2 LJCA).

Cita literal: «La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.»

Justificación: El art. 7.2 LJCA fija un plazo común de diez días. Las demás opciones no corresponden.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo no conocerán de las autorizaciones para:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 8.6, párrs. 3.º y 4.º LJCA).

Cita literal: «los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [...] conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria»

Justificación: El art. 8.6 LJCA atribuye a estos órganos las autorizaciones de entrada e inspección (incluidos medios de transporte) acordadas por la CNMC (a y b) y las de entrada en domicilio acordadas por la Administración Tributaria (c, añadida por Ley 11/2021). No menciona ninguna 'Comisión Nacional del Transporte por Carretera' (órgano que no aparece en el precepto), luego d es la respuesta.

Tras la LO 1/2025, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo pasan a ser Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia; el texto consolidado del art. 8 LJCA conserva aún la denominación «Juzgados». No afecta a la respuesta.

Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 19.1.i), último párrafo, LJCA).

Cita literal: «La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio.»

Justificación: El art. 19.1.i) LJCA (redacción disp. final 3.1 Ley 15/2022) reserva la legitimación en litigios de acoso sexual y acoso discriminatorio exclusivamente a la persona acosada. La Autoridad Independiente (a, c) y las asociaciones LGTBI (d, art. 19.1.j, añadido por Ley 4/2023) están legitimadas para la defensa de la igualdad de trato en general, pero no en los litigios de acoso.

En el art. 19.1.j) se repite la regla para el acoso discriminatorio por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales: también la persona acosada es la única legitimada.

De acuerdo con el artículo 30 LJCA, en caso de vía de hecho, se podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo cuando habiéndose formulado requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación, dicha intimación no fuere atendida dentro de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 30 LJCA).

Cita literal: «Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.»

Justificación: El art. 30 LJCA fija diez días desde la presentación del requerimiento. Las demás opciones alteran el plazo.

Señale la respuesta incorrecta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 de la LJCA, el Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 51.1 y 51.2 LJCA).

Cita literal: «51.2: «El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme…»»

Justificación: El art. 51.1 enumera como causas de inadmisión preceptiva: a) falta de jurisdicción o incompetencia, b) falta de legitimación, c) actividad no susceptible de impugnación y d) caducidad del plazo. La desestimación en el fondo de recursos sustancialmente iguales no está en el 51.1: es una inadmisión potestativa («podrá») del art. 51.2. Las opciones a, b y c reproducen letras del 51.1.

En el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, cuando se acuerde el trámite de conclusiones, el plazo para formular escrito será de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 64.2 LJCA).

Cita literal: ««El plazo para formular el escrito será de diez días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona…»»

Justificación: El art. 64.2 fija diez días sucesivos para demandantes y demandados. Los cinco días sucesivos (opción c) corresponden al trámite de conclusiones del abreviado sin vista (art. 78.3), no al procedimiento ordinario. Las opciones b y d no existen en la ley.

Distractor c tomado del art. 78.3 (abreviado).

En el procedimiento abreviado del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 78.3, párrafo sexto, LJCA (redacción LO 1/2025)).

Cita literal: ««El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición.»»

Justificación: Literal del art. 78.3 LJCA en la redacción de la LO 1/2025: se contesta en el plazo que reste y cabe reposición. Es el auto que acuerda la vista el que no es recurrible. No hay preclusión del plazo para contestar.

Párrafo introducido por el art. 21.5 de la LO 1/2025.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la LJCA, el recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo contado desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre de:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 89.1 LJCA).

Cita literal: ««El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre…»»

Justificación: Desde la reforma de la LO 7/2015 (vigente desde el 22-7-2016), el plazo de preparación es de treinta días. Los diez días corresponden a la redacción anterior. Los quince días son el plazo de emplazamiento ante el TS (art. 89.5, tras el RDL 5/2023).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la LJCA, relativo a los procedimientos de cuestión de ilegalidad, señale la respuesta incorrecta:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 126.2, párrafo segundo, LJCA).

Cita literal: ««Se publicarán también las sentencias firmes que desestimen la cuestión.»»

Justificación: El art. 126.2 ordena publicar también las sentencias firmes que desestimen la cuestión, así que b) es incorrecta. Las opciones a, c y d reproducen los apartados 3, 4 y 5 del art. 126 (la mención al «Secretario judicial» se entiende hecha al LAJ).

En los procedimientos de incidentes e invalidez de actos procesales regulados en el artículo 137 de la LJCA, todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 137 LJCA).

Cita literal: ««Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.»»

Justificación: Es el literal del art. 137, cuya redacción original sigue vigente. Las demás opciones cambian la pieza separada por el procedimiento principal, el efecto no suspensivo por la suspensión, o ambas cosas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la LJS, los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las cuestiones litigiosas:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (arts. 2 y 3.b) LRJS).

Cita literal: «Art. 3: «No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: … b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales…»»

Justificación: Las opciones a, c y d son materias atribuidas al orden social por el art. 2, letras c), g) e i). La opción b es una materia excluida expresamente por el art. 3.b) LRJS. El enunciado cita el art. 2, pero la exclusión está en el art. 3.

El enunciado cita el art. 2, aunque la respuesta está en el art. 3.b). No afecta a la solución.

Señale la respuesta incorrecta. Para la tramitación del proceso laboral se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos relativos a:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 64.1 LRJS).

Cita literal: ««Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, … movilidad geográfica, … los de impugnación de convenios colectivos, … los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas…»»

Justificación: El art. 64.1 exceptúa expresamente la movilidad geográfica, la impugnación de convenios colectivos y la tutela de derechos fundamentales. Los conflictos colectivos no figuran en la lista: exigen el intento de conciliación o mediación previa (art. 156 LRJS). Por eso b) es la incorrecta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.5 de la LJS, en la citación a los actos de conciliación y juicio se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental o pericial de que intenten valerse:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 82.5 LRJS).

Cita literal: ««En la citación también se requerirá el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, con diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial de que intenten valerse.»»

Justificación: En su redacción vigente (art. 24.5 LO 1/2025), el art. 82.5 exige el traslado o la aportación con diez días de antelación y con carácter preceptivo. Los cinco días (opción a) corresponden al antiguo art. 82.4, donde el requerimiento era potestativo y solo para prueba voluminosa o compleja.

La respuesta depende de la reforma de la LO 1/2025: con la redacción anterior serían cinco días (art. 82.4 antiguo).

Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignará el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el LAJ, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 142.1 LRJS).

Cita literal: ««…el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo.»»

Justificación: El plazo del art. 142.1 es de cuatro días. Los diez días son el plazo del informe de la Inspección (art. 142.2) y los cinco días la antelación para reiterarlo. El «secretario judicial» se entiende hoy LAJ.

Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 154 de la LJS, estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (art. 154.c) LRJS).

Cita literal: ««c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.»»

Justificación: El art. 154.c) legitima a empresarios y representantes de los trabajadores en conflictos de empresa o de ámbito inferior, no superior, así que c) es incorrecta. Las opciones a, b y d reproducen literalmente las letras a), b) y d).

La solicitud de declaración de concurso presentada por cualquier acreedor deberá fundarse en alguno de los siguientes hechos externos reveladores del estado de insolvencia. Señale la incorrecta:

Ley y artículo: Texto refundido de la Ley Concursal (RDLeg. 1/2020, de 5 de mayo) (art. 2.4.5º TRLC).

Cita literal: ««5.º El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso…»»

Justificación: El plazo legal es de tres meses, no de seis, así que b) es incorrecta. Las opciones a, c y d reproducen los hechos 3.º, 6.º y 1.º del art. 2.4 TRLC.

Si la rehabilitación de un juez o magistrado se denegase, no podrá iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 381.2 LOPJ).

Cita literal: ««Si la rehabilitación se denegare, no podrá iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los tres años siguientes, plazo que se computará a partir de la resolución denegatoria inicial del Consejo General del Poder Judicial.»»

Justificación: Literal del art. 381.2 LOPJ: tres años, computados desde la resolución denegatoria inicial del CGPJ. La opción d altera el día inicial (la notificación) y las opciones b y c alteran la duración.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no conocerá de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 56.2º LOPJ).

Cita literal: ««…Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía.»»

Justificación: El art. 56.2º incluye a los Consejeros del Tribunal de Cuentas, a los del Consejo de Estado y a los Consejeros autonómicos cuando lo determine su Estatuto. Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales no figuran en el elenco de aforados ante la Sala Primera.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 57.1.2º y 3º LOPJ).

Cita literal: «2º: «…Vocales del Consejo General del Poder Judicial, … Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo…»; 3º: «…causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.»»

Justificación: El art. 57.1 incluye a los Vocales del CGPJ, a los Consejeros del Consejo de Estado (2º) y a los Fiscales europeos delegados (3º, añadido por la LO 9/2021). Solo cita al Defensor del Pueblo, no a sus Adjuntos.

El aforamiento de los Adjuntos tiene otra base legal (LO 3/1981) y no está en el art. 57 LOPJ, que es lo que se pregunta.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 10.1 a), b), d) y f) LJCA).

Cita literal: «10.1.f): «Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas…»»

Justificación: El art. 10.1 atribuye a los TSJ, en única instancia, los actos de las Entidades locales no atribuidos a los órganos unipersonales (letra a; opción a), las disposiciones generales de las Entidades locales (letra b; opción b) y las resoluciones de los TEA Regionales y Locales (letra d; opción c). En materia electoral (letra f) solo cita las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, no las Locales.

El texto consolidado del art. 10.1.a) LJCA mantiene aún «Juzgados de lo Contencioso-Administrativo»; la opción a) usa la denominación adaptada a la LO 1/2025 («Secciones … de los Tribunales de Instancia»). No cambia la respuesta.

El Gobierno podrá establecer Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 86.2 LOPJ).

Cita literal: ««…el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.»»

Justificación: El art. 86.2 LOPJ exige siempre la propuesta del CGPJ. El informe favorable de la comunidad autónoma solo se exige «en su caso», cuando tenga competencias en materia de Justicia, así que c) no es un requisito general. La opción a) («oído») y la d) (propuesta del Ministerio) no son las fórmulas de la ley.

Posible impugnación: c) también aparece en el precepto, pero condicionada («en su caso»). La opción que el precepto recoge sin condiciones es b).

El Gobierno podrá extender a una provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma, cuando esa provincia tenga una población inferior a los:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 87.3 LOPJ (redacción LO 1/2025; antes art. 86.2)).

Cita literal: ««…cuando una provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la comunidad autónoma … podrá extender a esa provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.»»

Justificación: El umbral legal es de 500.000 habitantes y se mantiene tras la LO 1/2025, que solo cambió «Juzgado» por «Sección» de lo Mercantil. Las otras cifras no aparecen en el precepto.

Tras la LO 1/2025 la regulación de la Sección de lo Mercantil está en el art. 87 LOPJ; antes estaba en el art. 86.2. El umbral de 500.000 habitantes no ha cambiado.

Los municipios cuyas Oficinas de Justicia formen parte de una Agrupación de Oficinas de Justicia en los municipios:

Ley y artículo: Real Decreto 530/2025 (Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones) (art. 2.1, párrafo segundo, RD 530/2025).

Cita literal: ««Los municipios cuyas Oficinas de Justicia formen parte de una Agrupación de Oficinas de Justicia en los municipios deberán ser limítrofes y formar parte de un mismo partido judicial.»»

Justificación: Literal del art. 2.1 del RD 530/2025: los dos requisitos son obligatorios. Las opciones b y c convierten uno de ellos en potestativo. La opción d mezcla la regla con el art. 2.2, que se refiere al instrumento de creación (resolución del centro directivo o disposición general), no a la contigüidad.

Es la pregunta A100 del Modelo A.

Indique la afirmación incorrecta sobre el derecho a la libertad sindical:

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (art. 5.3 LOLS).

Cita literal: ««3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo.»»

Justificación: El art. 5.3 LOLS declara inembargables las cuotas sindicales, así que c) es incorrecta. Las opciones a, b y d reproducen literalmente los apartados 1, 2 y 4 del art. 5.

Pregunta de reserva.

¿Cuál de las siguientes demandas no se decidirá en juicio verbal, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 250.1 y 249.1.7º LEC).

Cita literal: «Art. 249.1: «Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: … 7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.»»

Justificación: Las opciones a, c y d corresponden a los ordinales 3.º, 6.º y 9.º del art. 250.1 LEC (verbal por razón de la materia). La acción de retracto de cualquier tipo se tramita por juicio ordinario, sea cual sea su cuantía (art. 249.1.7º).

Pregunta de reserva.

No corresponde al Presidente del Gobierno:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (arts. 2.2 y 6.1 Ley 50/1997).

Cita literal: «Art. 6.1: «La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.»»

Justificación: Las opciones a, b y c son atribuciones del Presidente según el art. 2.2, letras i), b) y j). La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas la acuerda el Consejo de Ministros por real decreto, a propuesta del Presidente (art. 6.1). No es una atribución del Presidente «previa deliberación».

Pregunta de reserva.

De conformidad con el artículo 131 de la LJCA el incidente cautelar se sustanciará en pieza separada:

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (art. 131 LJCA).

Cita literal: ««El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes.»»

Justificación: Literal del art. 131: audiencia de la parte contraria por plazo no superior a diez días y auto dentro de los cinco días siguientes. Las opciones b y c suprimen la audiencia, propia de las medidas «inaudita parte» de los arts. 135-136. La opción d reduce la audiencia a cinco días.

Pregunta de reserva.

Doña Urraca de Lezón es la única propietaria de una empresa de mosaicos vidriados y cerámica de barro cocido para restauración de casas palaciegas, sita en Zaragoza. Entre sus clientes más preciados se encuentra D. José Luis Rodríguez, vecino de León, casado con Doña María Jesús del Moral, con el que suscribe una letra de cambio en virtud de la que, el Sr. Rodríguez debe pagar, a su vencimiento, la cantidad de 205.000 euros por el suministro e instalación del mosaico en la fachada de una casa colgada adquirida por herencia, sita en la localidad de Cuenca. La letra figura inscrita en Cuenca y pagadera en la entidad bancaria de BBVA donde posee cuenta abierta el Sr. Rodríguez. Vencida la misma y resultando impagada, la Sra. Lezón tras varios requerimientos extrajudiciales, recurre a un prestigioso bufete de abogados para iniciar el procedimiento cambiario y así poder cobrar los 205.000 euros de principal, más los 43.000 presupuestados para intereses y costas, decidiendo demandar al Sr. Rodríguez.

¿Qué juzgado sería competente para conocer de la demanda?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 820 LEC).

Cita literal: «Será competente para el juicio cambiario el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. [...] No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita»

Justificación: El fuero del juicio cambiario es imperativo: domicilio del demandado. El Sr. Rodríguez es vecino de León, luego compete el órgano de León. Cuenca (lugar de libramiento/situación de la obra) y Zaragoza (domicilio de la acreedora) son irrelevantes, y la sumisión expresa está expresamente excluida por el párrafo tercero del art. 820.

El art. 820 conserva la expresión 'Juzgado de Primera Instancia' (LO 1/2025 no modificó los arts. 819-827 en la versión consolidada); tras la LO 1/2025 debe entenderse referida a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León. No altera la respuesta.

Examinada la letra de cambio aportada con la demanda, el tribunal aprecia defectos formales que impiden considerarla título cambiario válido. En tal caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2 y 821.3 LEC (en relación con art. 552.2 LEC)).

Cita literal: «El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario [...] Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552.»

Justificación: El examen de la corrección formal del título se resuelve por auto del tribunal; si el título no es conforme, el auto deniega el requerimiento de pago y el embargo preventivo (art. 821.3), recurrible en reposición y/o apelación (art. 552.2). La LEC no prevé trámite de subsanación de defectos del título, ni inadmisión por decreto del LAJ, ni comparecencia previa.

La opción b reproduce casi literalmente el art. 821.3 LEC.

Qué plazo tendría el Sr. José Luis Rodríguez para proceder al pago, tras ser requerido?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.1.ª LEC).

Cita literal: «1.ª Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.»

Justificación: El auto que aprecia la corrección formal del título acuerda requerir al deudor para que pague en diez días. Cinco días es el plazo del art. 823.1 para personarse y pedir el alzamiento del embargo; veinte días es el del monitorio (art. 815).

El enunciado impreso omite el signo de apertura '¿'.

¿Qué medida adoptará el tribunal junto con el requerimiento de pago si aprecia la corrección formal del título cambiario?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.2.ª LEC).

Cita literal: «2.ª Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.»

Justificación: Junto al requerimiento de pago, el auto ordena el inmediato embargo preventivo por el principal del título más una cantidad para intereses de demora, gastos y costas (en el caso, 205.000 € + 43.000 €). El despacho de ejecución solo procede si no hay oposición (art. 825); no hay vista ni contestación en esta fase.

Si el Sr. José Luis Rodríguez atiende el requerimiento y paga la cantidad reclamada, ¿qué resolución pondrá fin al procedimiento?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 822 LEC en relación con art. 583.3 LEC).

Cita literal: «Art. 822: 'Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago se procederá como dispone el artículo 583, pero las costas serán de cargo del deudor.' Art. 583.3: 'Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminada la ejecución.'»

Justificación: El art. 822 remite al art. 583, cuyo apartado 3 atribuye al LAJ la terminación mediante decreto una vez satisfechos intereses y costas (que en el juicio cambiario son siempre a cargo del deudor que paga). No hay sentencia porque no hay oposición; el auto y la providencia no son la resolución prevista.

La remisión es en cadena (822 -> 583.3); el art. 822 por sí solo no nombra la resolución.

¿Qué plazo tiene el Sr. José Luis Rodríguez para formular oposición en el juicio cambiario?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 824.1 LEC).

Cita literal: «en los diez días siguientes al del requerimiento de pago el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario.»

Justificación: El plazo de oposición es de diez días desde el requerimiento de pago. Los cinco días (opción a) corresponden a la personación para pedir el alzamiento del embargo (art. 823.1), que es un trámite distinto.

La oposición del Sr. José Luis Rodríguez en el juicio cambiario deberá formularse mediante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 824.2 LEC).

Cita literal: «La oposición se hará en forma de demanda.»

Justificación: El art. 824 exige que la oposición cambiaria se formule en forma de demanda (art. 824.1: 'demanda de oposición'), en la que el deudor puede oponer las causas del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque. 'Sucinta' es la demanda inicial del acreedor (art. 821.1), no la de oposición.

El embargo acordado al admitir la demanda cambiaria tiene carácter:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.2.2.ª LEC).

Cita literal: «Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor [...] por si no se atendiera el requerimiento de pago.»

Justificación: La ley califica expresamente el embargo del juicio cambiario como preventivo (también la rúbrica del art. 821 y el art. 827.2 hablan de 'embargos preventivos'). Solo si no hay oposición se despacha ejecución (art. 825).

Presentada la oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma al acreedor para que la impugne por escrito en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 826 LEC (redacción Ley 42/2015, vigente desde 07-10-2015)).

Cita literal: «Presentado por el deudor escrito de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días.»

Justificación: Desde la Ley 42/2015 ya no se cita directamente a vista: el LAJ da traslado al acreedor para impugnar por escrito en diez días, y las partes pueden pedir vista en sus escritos (trámites del juicio verbal, arts. 438 y ss.); si no se pide o no se considera procedente, se resuelve sin más trámites.

Versión vigente: la dada por la Ley 42/2015 (en vigor desde el 7-10-2015). La redacción anterior citaba directamente a vista. La LO 1/2025 no ha modificado el art. 826.

El Juzgado dictará la sentencia resolviendo sobre la oposición en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 827.1 LEC).

Cita literal: «En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición.»

Justificación: El art. 827.1 fija un plazo único de diez días para la sentencia sobre la oposición cambiaria, sin distinguir supuestos (lo que descarta la opción d).

El enunciado habla de 'Juzgado'; tras la LO 1/2025 sería la Sección Civil del Tribunal de Instancia. No afecta a la respuesta.

¿Cómo se iniciaría el juicio cambiario a tenor de la LEC?

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 821.1 LEC).

Cita literal: «El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.»

Justificación: Literalidad del art. 821.1. La 'petición' o impreso es propio del monitorio (art. 814); el escrito de interposición es propio del contencioso-administrativo; la demanda no es 'extensa' sino sucinta.