Plantilla provisional del examen de Tramitación Procesal del 3 de octubre de 2026 con todas las respuestas explicadas

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes no es una atribución de la Corona contemplada en la Constitución Española de 1978?:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, arts. 62 y 97.

Art. 97: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.»

Explicación: El art. 62 CE atribuye al Rey sancionar y promulgar las leyes (letra a), convocar a referéndum (letra c) y el Alto Patronazgo de las Reales Academias (letra j). Dirigir la política interior y exterior corresponde al Gobierno según el art. 97 CE.

Enunciado: La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 81.2.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Explicación: El art. 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. No se requiere mayoría reforzada en el Senado ni basta la mayoría simple.

Enunciado: El Tribunal Constitucional no es competente para conocer (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, arts. 161.1 y 97.

Art. 161.1: «El Tribunal Constitucional ... es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. ... b) Del recurso de amparo ... c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.»

Explicación: Las opciones b), c) y d) reproducen las letras a), b) y c) del art. 161.1 CE. La a) es una atribución del Gobierno según el art. 97 CE ('Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes'), no una competencia del Tribunal Constitucional.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 59 (que añade el art. 15 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Explicación: El fuero es el del domicilio de la víctima, sin perjuicio de que el juez del lugar de comisión adopte la orden de protección o las medidas urgentes del art. 13 LECrim. La b) invierte los fueros y la c) y la d) eliminan la salvedad del juez del lugar de los hechos.

Observaciones: El texto vigente sigue diciendo 'Juez de Violencia sobre la Mujer' y 'delitos o faltas'. Tras la LO 1/2025, estas funciones corresponden a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, pero el art. 15 bis LECrim conserva la redacción literal de 2004. La referencia al 'artículo 13 de la presente Ley' alude al art. 13 LECrim (primeras diligencias).

Enunciado: Conforme a la Ley 15/2022, para la igualdad de trato y la no discriminación, las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito:

Ley y artículo: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, art. 5.4.

4. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.

Explicación: El art. 5.4 sitúa el asesoramiento gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y no lo condiciona a acreditar requisitos. La c) habla del momento posterior, y la a) y la d) exigen acreditar requisitos, lo que el precepto no prevé.

Observaciones: Es la misma fórmula que el art. 20.1 de la LO 1/2004 para las víctimas de violencia de género.

Enunciado: En base a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno, como órganos Colegiados de Gobierno:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 6.4 (y 6.1-6.2).

4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.

Explicación: Las opciones b), c) y d) reproducen las funciones del art. 6.4. El presidente de la Comisión Delegada no lo nombra la propia Comisión: el miembro del Gobierno que asume la presidencia se fija en el Real Decreto de creación, acordado por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 6.1 y 6.2.a).

Enunciado: En base a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo 1.3., los miembros del Gobierno se reúnen en:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 1.3.

3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

Explicación: El art. 1.3 menciona el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. Las comisiones 'rogatorias', 'ejecutivas' o 'reglamentarias' no existen en la Ley del Gobierno.

Enunciado: Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 141.2.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

Explicación: El art. 141.2 CE encomienda el gobierno y la administración de las provincias a las Diputaciones u otras Corporaciones representativas. Los Ayuntamientos gobiernan los municipios (art. 140 CE). Las Comunidades Autónomas son otro nivel territorial y el 'Consejo Municipal' no aparece en la Constitución.

Enunciado: La Constitución Española de 1978, en su artículo 138, garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 138.1.

...entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Explicación: El art. 138.1 CE solo menciona expresamente el hecho insular. Las demás opciones no figuran en el precepto. La d) puede confundirse con el Fondo de Compensación del art. 158.2 CE, que no es lo que dice el art. 138.

Enunciado: Según el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbito tiene competencia de apoyo la Unión Europea?:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30-3-2010), art. 6 (y art. 4.2.i).

Art. 6: «La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea: a) la protección y mejora de la salud humana; b) la industria; c) la cultura; d) el turismo; ...»

Explicación: El art. 6 TFUE enumera como ámbitos de apoyo, coordinación o complemento, entre otros, la industria, la cultura y el turismo: por tanto las opciones a), b) y c) son las tres correctas. Solo la energía, opción d), queda fuera, porque es competencia compartida (art. 4.2.i) TFUE).

Observaciones: Pregunta defectuosa, candidata a anulación: tal como está impresa tiene tres respuestas correctas (a, b y c). Parece redactada pensando en «¿en qué ámbito NO tiene competencia de apoyo?», en cuyo caso la respuesta sería la d). Recomendamos impugnarla y esperar a la plantilla oficial. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): Industria (a), cultura (b) y turismo (c) figuran las tres en el art. 6 TFUE: tres respuestas correctas. Procede la anulación.

Enunciado: La Unión Europea no tiene competencias compartidas en materia de:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30-3-2010), arts. 3.1.d) y 4.2.

Art. 3.1: «La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: ... d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común».

Explicación: El art. 4.2 TFUE recoge como competencias compartidas la política social, el medio ambiente y las redes transeuropeas (opciones a, c y d). La política pesquera común aparece en el art. 3.1.d) como competencia exclusiva en lo relativo a la conservación de los recursos biológicos marinos, por lo que la b) es la única opción que no es (sin más) compartida.

Observaciones: Matiz: el art. 4.2.d) TFUE incluye entre las competencias compartidas 'la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos'. En rigor, la pesca es en parte compartida y solo la conservación de recursos es exclusiva. Aun así, la b) es la única defendible porque las otras tres son competencias compartidas sin ningún matiz. Es la respuesta que espera el tribunal. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): La pesca es competencia compartida (art. 4.2.d TFUE) salvo la conservación de los recursos biológicos marinos, exclusiva (art. 3.1.d): la b es la única defendible, pero discutible.

Enunciado: El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 560.1 (atribuciones 4.ª, 8.ª, 11.ª y 22.ª).

11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.

Explicación: La a), la b) y la d) reproducen las atribuciones 4.ª, 8.ª y 22.ª del art. 560.1 LOPJ. La atribución 11.ª se refiere a la Escuela Judicial, no al Centro de Estudios Jurídicos. Este depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ, por lo que la c) es la incorrecta.

Enunciado: Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los siguientes principios:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 104.1.

1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.

Explicación: El art. 104.1 LOPJ menciona solo los principios de unidad e independencia. La territorialidad, la legalidad y la proporcionalidad no aparecen en el precepto.

Enunciado: El Consejo Fiscal podrá funcionar:

Ley y artículo: Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, art. 14.Tres.

Tres. El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de su Presidente.

Explicación: El art. 14.Tres EOMF prevé que el Consejo Fiscal funcione en Pleno y en Comisión Permanente, con acuerdos por mayoría simple y voto dirimente del Presidente. La b) y la c) limitan el funcionamiento a una sola formación y la d) exige unanimidad.

Enunciado: El Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 54.

El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

Explicación: La opción a) reproduce literalmente el art. 54 LOPJ. La b) añade al Vicepresidente, que el art. 54 no menciona en la composición. Las c) y d) inventan unas 'Secciones Civil y Penal' que no existen como tales en el Tribunal Supremo, que se organiza en Salas.

Observaciones: Aunque el Tribunal Supremo cuenta con un Vicepresidente (art. 589 LOPJ), el art. 54, que es el que regula su composición, no lo incluye; la pregunta sigue la literalidad del art. 54.

Enunciado: La sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 59.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

Explicación: La b) es el texto literal del art. 59 LOPJ. La a) es falsa por el 'exclusivamente' (también conoce de otros recursos extraordinarios). La c) mezcla competencias de instancia que no corresponden al Supremo. La d) describe cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de una misma comunidad, que no son competencia de la Sala Cuarta del Supremo.

Enunciado: El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo estará integrado por (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 61 bis.2.

El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.

Explicación: La d) reproduce el art. 61 bis.2 LOPJ. La a) y la b) son falsas por el 'exclusivamente': también lo integran otros juristas. La c) añade un requisito de más de 10 años de ejercicio que la ley no exige a todos los Letrados del Gabinete.

Observaciones: La antigüedad mínima de diez años que menciona el art. 61 bis.4 se exige solo a los Letrados que asumen funciones de coordinación de cada área, no a todos los miembros del Gabinete; de ahí la trampa de la opción c).

Enunciado: Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 82.1.2.º.

De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.

Explicación: La a) es el texto literal del art. 82.1.2.º LOPJ tras la LO 1/2025. El habeas corpus, el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve y la instrucción de las causas corresponden a las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia (art. 87 LOPJ), no a la Audiencia Provincial.

Observaciones: Antes de la LO 1/2025 el precepto hablaba de 'Juzgados de Instrucción y de lo Penal'; la pregunta ya usa la denominación vigente.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 29.1, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 29.1 LOPJ.

La planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial

Explicación: El art. 29.1 LOPJ, redactado por la LO 1/2025, fija la revisión de la planta al menos cada cinco años, previo informe del CGPJ. El plazo de cinco años ya figuraba en la redacción anterior; la LO 1/2025 solo añadió los criterios de revisión (cargas de trabajo, población, etc.).

Observaciones: El enunciado atribuye la regla a la LO 1/2025, que la introduce modificando el art. 29 de la LOPJ.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia estará integrado por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 84.2, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 84.2 LOPJ.

En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Explicación: El art. 84.2 LOPJ establece como regla la Sección Única, de Civil y de Instrucción, y, en los supuestos de la Ley de Demarcación y Planta, su desdoblamiento en una Sección Civil y otra de Instrucción. Las demás opciones no recogen ese desdoblamiento.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando, entre otras, concurra la siguiente circunstancia, que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 84.3, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 84.3.c) LOPJ.

c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.

Explicación: El art. 84.3 LOPJ exige, para que una Sección tenga Presidencia propia, que haya dos o más Secciones, que la Sección tenga ocho o más plazas y que el total de plazas del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce. Trece, catorce y quince no aparecen en la norma.

Observaciones: Recuerda las tres cifras del art. 84.3: dos o más Secciones, ocho o más plazas en la Sección y doce o más plazas en todo el Tribunal; las tres circunstancias deben concurrir a la vez.

Enunciado: El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado mediante acuerdo de:

Ley y artículo: Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial, Parte expositiva de la Resolución y Acuerdo anexo.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2005, a propuesta del Ministro de Justicia, aprobó mediante Acuerdo el Plan de Transparencia Judicial

Explicación: El Plan fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, a propuesta del Ministro de Justicia. La Secretaría de Estado de Justicia solo ordenó su publicación en el BOE mediante resolución de 28 de octubre de 2005, y el CGPJ no lo aprobó.

Observaciones: Trampa habitual: la b) confunde a quien aprobó el Plan (Consejo de Ministros) con quien ordenó su publicación (Secretaría de Estado de Justicia).

Enunciado: De conformidad con el artículo 437.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien ocupe la dirección del Servicio Común de Tramitación:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 437, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 437.5.

Quien ocupe la dirección del servicio común de tramitación asumirá las facultades de coordinación con la Presidencia del Tribunal, así como con la dirección del resto de servicios comunes para el eficaz funcionamiento de la Oficina judicial.

Explicación: La a) es el texto literal del art. 437.5 LOPJ. La b) cambia 'coordinación con' por 'dirección de' la Presidencia, cuando el director del servicio común no dirige la Presidencia. La c) sustituye la Presidencia por una 'Secretaría del Tribunal' y la d) por las Salas de Gobierno de los TSJ.

Enunciado: De conformidad con el artículo 439.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Unidades Administrativas:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 439, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 439.3.

Las unidades administrativas también se podrán crear para la prestación de servicios de medios adecuados de solución de controversias. En este caso las unidades administrativas podrán contar con puestos de trabajo para letrados y letradas de la Administración de Justicia.

Explicación: El art. 439.3 LOPJ permite crear unidades administrativas para prestar servicios de medios adecuados de solución de controversias, sin condicionarlo a las RPT ni a la norma de creación. La b) contradice el precepto. La c) y la d) añaden condiciones que no figuran en el apartado 3.

Observaciones: La d) toma una expresión del art. 439.6, que se refiere a otra cosa: las unidades administrativas tendrán la consideración de centro de destino cuando así lo establezca su norma de creación.

Enunciado: De conformidad con el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 230.3.

Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

Explicación: El art. 230.3 LOPJ establece como regla la prohibición de transcribir, con la salvedad de los casos expresamente previstos en la ley. La b) suprime esa salvedad y la c) y la d) invierten la regla.

Observaciones: La redacción de 2015 decía 'no podrán transcribirse' sin excepciones; la LO 4/2018 añadió la salvedad 'salvo en los casos expresamente previstos en la ley', que es la vigente.

Enunciado: Según el artículo 137 bis.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 137 bis.4.

El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.

Explicación: El art. 137 bis.4 LEC, introducido por el Real Decreto-ley 6/2023, fija el plazo en diez días antes del señalado. La a) acorta el plazo. La c) y la d) lo computan desde la recepción de la citación, algo que la ley no prevé.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 137.bis.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ¿quién velará por el cumplimiento del principio de publicidad en la realización, por videoconferencia, de aquellas actuaciones procesales que sean públicas?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 137 bis.1.

El tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos.

Explicación: Según el art. 137 bis.1 LEC es el tribunal quien vela por la publicidad de las actuaciones por videoconferencia. La a) toma una expresión del apartado 2, que regula desde dónde intervienen los profesionales, partes, peritos y testigos. La Oficina judicial y los LAJ no aparecen en el apartado 1.

Enunciado: En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 466, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 466.1, párrafo cuarto.

En las comunidades autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador o la Secretaria Coordinadora serán asumidas por el Secretario o Secretaria de Gobierno, salvo en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia.

Explicación: La a) reproduce el art. 466.1 LOPJ. La b) elimina la salvedad ('siempre'). La c) habla de un reparto de funciones que la ley no prevé. La d) atribuye las funciones al LAJ más antiguo, figura que no aparece en el precepto.

Observaciones: La LO 1/2025 solo ha adaptado el lenguaje ('Secretario o Secretaria'); el contenido de la regla no cambia.

Enunciado: Los Letrados de la Administración de Justicia deberán abstenerse en los casos establecidos para Jueces y Magistrados. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 446.2.

La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidirá la cuestión.

Explicación: Según el art. 446.2 LOPJ (redacción de la LO 7/2015), la abstención del LAJ la decide el Secretario Coordinador Provincial. Al Secretario de Gobierno le corresponde resolver la recusación (art. 446.3.b), no la abstención; de ahí la trampa de la d). El Ministerio y el Juez Decano no intervienen.

Observaciones: No confundas: la abstención la decide el Secretario Coordinador Provincial y la recusación la resuelve el Secretario de Gobierno. Antes de 2015 la abstención se dirigía al juez o presidente del órgano.

Enunciado: Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando en un Servicio Común Procesal prestaren servicios varios letrados de la Administración de Justicia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 463.3.

Cuando en un servicio común procesal prestaren servicios varios letrados de la Administración de Justicia, la relación de puestos de trabajo determinará su dependencia jerárquica y funcional.

Explicación: El art. 463.3 LOPJ remite a la relación de puestos de trabajo (RPT), no a ningún órgano unipersonal. El Juez Decano, el Secretario Coordinador Provincial y el Secretario de Gobierno no tienen esa función.

Enunciado: Según la Ley Orgánica del Poder Judicial los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tienen la consideración de (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 470.2.

Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales.

Explicación: El art. 470.2 LOPJ los califica de Cuerpos Nacionales, aunque su gestión esté transferida a algunas comunidades autónomas. 'Locales', 'Autonómicos' y 'Específicos' no son calificaciones legales.

Observaciones: La ley habla de 'carácter' de Cuerpos Nacionales; el enunciado dice 'consideración', pero el sentido es el mismo.

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes Cuerpos no pertenece al de Especiales al servicio de la Administración de Justicia?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 475.b).

Son Cuerpos Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses. [...] Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. [...] Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. [...] Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicación: El art. 475.b) LOPJ enumera cuatro Cuerpos Especiales: Médicos Forenses y Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del INTCF. No existe un Cuerpo de 'Técnicos Especialistas del Instituto de Medicina Legal'. Las opciones a), b) y d) sí son Cuerpos Especiales.

Observaciones: Los Institutos de Medicina Legal son órganos técnicos (art. 479 LOPJ), no cuerpos de funcionarios.

Enunciado: ¿Cómo se adquirirá la condición de funcionario/a de carrera, según el artículo 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia?:

Ley y artículo: Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, art. 29.1.

La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión del primer destino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo juramento o promesa

Explicación: El art. 29.1 del RD 1451/2005 vincula la adquisición de la condición de funcionario a la toma de posesión del primer destino, previo juramento o promesa. La publicación del nombramiento en el BOE (a) solo abre el plazo de veinte días naturales para tomar posesión. La adjudicación del puesto (c) y la petición de un puesto genérico (d) son pasos previos que no confieren esa condición.

Observaciones: Las marcas manuscritas que aparecen en la foto junto a c) y d) no forman parte del examen.

Enunciado: Según el artículo 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuál es un derecho profesional de los funcionarios de carrera?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 495.1.h).

1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales: [...] h) A vacaciones, permisos y licencias.

Explicación: El derecho a vacaciones, permisos y licencias figura entre los derechos profesionales del art. 495.1 LOPJ. La libre sindicación y el derecho de reunión son derechos de ejercicio colectivo y se regulan en el art. 496 LOPJ, no en el 495. La libre asociación profesional no aparece en el art. 495.

Observaciones: Distingue los derechos profesionales o individuales (art. 495 LOPJ) de los derechos colectivos: libre sindicación, negociación colectiva, huelga, reunión, etc. (art. 496 LOPJ).

Enunciado: ¿Cuál es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, según el artículo 524 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 524.1.

La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación

Explicación: El art. 524.1 LOPJ califica expresamente el concurso como sistema ordinario de provisión. La libre designación es el otro procedimiento posible, pero no el ordinario. La oposición y el concurso-oposición son sistemas de ingreso, no de provisión de puestos.

Enunciado: Según el artículo 527 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los puestos de trabajo cubiertos en comisión de servicio, tienen la característica (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 527.1.

los puestos de trabajo vacantes o en caso de ausencia de su titular podrán ser provistos temporalmente [...] mediante el otorgamiento de una comisión de servicio, que podrá tener carácter voluntario o forzoso. Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio, conservarán su puesto de origen

Explicación: La comisión de servicio es una forma de provisión temporal (art. 527 LOPJ), así que la c) es la incorrecta. Las demás son ciertas: puede ser voluntaria o forzosa (a), el funcionario conserva su puesto de origen (b) y debe reunir los requisitos exigidos para su desempeño (d).

Enunciado: Según el artículo 6 de la ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, art. 6.2.a).

Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.

Explicación: La b) recoge el criterio del art. 6.2.a) LOLS: el 10 % o más a nivel estatal. El 20 % de la a) no es el umbral estatal (es parecido al 15 % autonómico del art. 7). La c) mezcla el requisito autonómico de 1.500 representantes y lo deforma. La d) inventa un criterio.

Observaciones: Recuerda: más representativo a nivel estatal, 10 % (art. 6.2.a); a nivel de comunidad autónoma, 15 % con al menos 1.500 representantes (art. 7.1). La opción b) dice 'delegados de personal, miembros de comités de empresa', mientras que la ley dice 'delegados de personal de los miembros de los comités de empresa'; la diferencia de redacción no afecta a la respuesta.

Enunciado: Conforme al artículo 33.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico Empleado Público, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se sujeta, entre otros, a los principios de:

Ley y artículo: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 33.1.

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia

Explicación: La d) recoge los principios del art. 33.1 TREBEP: solo omite la 'obligatoriedad', algo que el 'entre otros' del enunciado permite. La b) cita los principios de acceso al empleo público (art. 55), no de la negociación. La a) y la c) mezclan principios de organización administrativa ajenos al art. 33.1.

Observaciones: Los seis principios del art. 33.1 TREBEP son legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

Enunciado: Según el art. 2 de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿cuál de las siguientes respuestas caracteriza a un medio adecuado de solución de controversias de cualquier tipo de actividad negociadora extrajudicial?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, art. 2.

se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.

Explicación: El art. 2 de la LO 1/2025 define el MASC por la buena fe de las partes y por su finalidad de encontrar una solución extrajudicial. La a) es falsa: no lo impone la autoridad judicial, son las partes quienes acuden. La c) también, porque las partes pueden negociar por sí mismas, sin tercero. La d) contradice el precepto, que admite actividades reconocidas en leyes estatales o autonómicas.

Observaciones: Las marcas manuscritas que aparecen en la foto junto a a) y d) no forman parte del examen.

Enunciado: Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, las actuaciones de negociación en el marco de un medio adecuado de solución de controversias se desarrollarán preferentemente por medios telemáticos (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, art. 8.2 LO 1/2025.

Cuando el objeto de controversia sea una reclamación de cantidad que no exceda de seiscientos euros se desarrollará preferentemente por medios telemáticos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

Explicación: El art. 8.1 permite que las partes acuerden el uso de medios telemáticos; el art. 8.2 impone su uso preferente únicamente cuando la controversia es una reclamación de cantidad que no excede de 600 euros. Ni la decisión judicial por auto (a), ni la materia de derechos fundamentales (b), ni la intervención de un tercero neutral (d) son el criterio legal.

Observaciones: La opción c simplifica algo el texto legal: la ley habla de «reclamación de cantidad que no exceda de seiscientos euros» y añade «salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes». Aun así, es la única que recoge el supuesto del art. 8.2.

Enunciado: Según el artículo 254 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento civil, en el ámbito del control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 254.3 (y 254.1).

3. Se podrán corregir de oficio los errores aritméticos del actor en la determinación de la cuantía.

Explicación: La opción b es incorrecta porque contradice el art. 254.3, que expresamente permite corregir de oficio los errores aritméticos del actor al fijar la cuantía. Las opciones a, c y d reproducen el art. 254.1: tramitación inicial la indicada por el actor, control por el LAJ mediante diligencia de ordenación (recurrible en revisión ante el Tribunal) y no vinculación del Tribunal al tipo de juicio pedido.

Observaciones: El art. 254 no ha sido modificado por la LO 1/2025; la redacción vigente es la de la Ley 13/2009 con la denominación 'Letrado de la Administración de Justicia' (LO 7/2015).

Enunciado: Según el artículo 440 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las siguientes respuestas no forma parte del contenido de la citación para juicio en un procedimiento verbal?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 440.1 (redacción dada por la LO 1/2025, vigente desde el 3-4-2025).

En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que, si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.

Explicación: La ley dice lo contrario de la opción b: en la citación se hace constar que la vista NO se suspenderá por inasistencia del demandado. Las opciones a y d (fijación de día y hora e información sobre negociación/mediación) y c (advertencia sobre el interrogatorio, con la redacción literal de la LO 1/2025) sí forman parte del contenido de la citación.

Observaciones: La opción c reproduce la redacción vigente tras la LO 1/2025 ('si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio'); la anterior decía 'si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración'. La respuesta no cambia con una u otra redacción.

Enunciado: En el juicio ordinario civil, si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 420.3.

Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días.

Explicación: El art. 420.3 LEC, en sede de audiencia previa del juicio ordinario, fija un plazo mínimo de diez días para constituir el litisconsorcio. Los cinco días (d) son el plazo para dictar el auto que resuelve la cuestión controvertida (art. 420.2); ocho y tres días no aparecen en el precepto.

Observaciones: Si transcurre el plazo sin aportar las copias de la demanda dirigidas a los nuevos demandados, se pone fin al proceso por auto y se archivan definitivamente las actuaciones (art. 420.4).

Enunciado: En la ejecución de una medida cautelar, según lo dispuesto en el artículo 738 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los depositarios, Administradores judiciales o responsables de bienes o derechos sobre los que ha recaído una medida cautelar sólo podrán enajenarlos, previa autorización (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 738.3.

sólo podrán enajenarlos, previa autorización por medio de providencia del tribunal y si concurren circunstancias tan excepcionales que resulte más gravosa para el patrimonio del demandado la conservación que la enajenación.

Explicación: El art. 738.3 exige dos requisitos acumulativos: autorización del tribunal por providencia y circunstancias excepcionales que hagan más gravosa la conservación que la enajenación. Fallan b y d porque hablan de auto (b además prescinde del requisito excepcional) y c porque atribuye la autorización al LAJ por decreto y prescinde del requisito.

Enunciado: En la ejecución no dineraria, cuando el título ejecutivo obligue a un hacer que no sea personalísimo y contenga una disposición expresa para el caso del incumplimiento del deudor:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 706.1, párrafo segundo.

Cuando el título contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento del deudor, se estará a lo dispuesto en aquél, sin que el ejecutante pueda optar entre la realización por tercero o el resarcimiento.

Explicación: Si el título prevé expresamente qué ocurre en caso de incumplimiento, manda el título y desaparece la opción del ejecutante. Las opciones b y d describen la regla general del párrafo primero del art. 706.1, aplicable solo cuando el título no contiene esa disposición; la c no tiene apoyo legal.

Enunciado: Según el artículo 724 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 724, párrafo primero.

será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia.

Explicación: El art. 724 establece un fuero principal (lugar de ejecución del laudo) y otro subsidiario (lugar de eficacia de las medidas). La c es incompleta y contraria al precepto por decir 'en todo caso'; b y d introducen un fuero electivo que la ley no prevé.

Enunciado: Según el art. 714 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si el deudor se conforma con la relación de daños y perjuicios y su importe la aprobará:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 714.1.

Si el deudor se conforma con la relación de los daños y perjuicios y su importe, la aprobará el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución mediante decreto

Explicación: Desde la Ley 13/2009 la aprobación corresponde al LAJ responsable de la ejecución mediante decreto, y después se ejecuta la suma conforme a los arts. 571 y ss. La opción c recoge la redacción originaria de 2000 (tribunal por providencia), ya superada; a y d no se corresponden con ninguna redacción.

Observaciones: Ojo con los manuales antiguos: la redacción original de la LEC atribuía esta aprobación al tribunal mediante providencia.

Enunciado: Según el artículo 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el proceso de ejecución, cuando no se determine conforme a las reglas generales o en supuestos determinados si una resolución ha de dictarse por el Tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia, ni la forma de la misma, se dictará:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 545.7.

El Tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale, y en los demás casos, las resoluciones que procedan se dictarán por el Letrado de la Administración de Justicia a través de diligencias de ordenación, salvo cuando proceda resolver por decreto.

Explicación: La regla residual del art. 545.7 es la diligencia de ordenación del LAJ, salvo que proceda decreto. La providencia solo se dicta cuando la ley lo señala expresamente (a), el auto se reserva a los supuestos del art. 545.5 (b), y el decreto no es 'en todo caso' (d).

Enunciado: Según el artículo 661.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el ejecutante podrá pedir que antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declarare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste haya sido enajenado en la ejecución. El Tribunal accederá a ello por medio de (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 661.2.

el Tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente.

Explicación: El art. 661.2 dispone que la declaración la hace el Tribunal por auto no recurrible, tras tramitarse la petición conforme al art. 675.3. No es competencia del LAJ (b), no es providencia (c) ni sentencia (d).

Observaciones: Si el tribunal entiende que los ocupantes sí tienen derecho a permanecer, lo declarará también sin ulterior recurso, dejando a salvo las acciones del futuro adquirente.

Enunciado: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 771 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio podrá solicitar la medida provisional, previa a la demanda, de fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, ante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 771.1.

El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio.

Explicación: La solicitud de medidas previas (entre ellas la contribución a las cargas del matrimonio, art. 103 CC) se presenta ante el tribunal del domicilio del propio cónyuge solicitante, que es quien se propone demandar, es decir, el futuro demandante. No es el del demandado (a) ni el del domicilio familiar (c), criterio este último propio de la demanda principal (art. 769 LEC). La opción d es imposible: la demanda aún no se ha presentado.

Observaciones: El «su domicilio» del art. 771.1 se refiere al cónyuge que pide las medidas, que será el demandante en el proceso posterior.

Enunciado: En relación con la solicitud de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio, conforme al artículo 771 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 771.1, párrafo segundo, y 771.2.

Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.

Explicación: El art. 771.1 exime de abogado y procurador solo para la solicitud inicial y los exige para todo escrito y actuación posterior. Falla la a (no es preceptiva para la solicitud), la c (el art. 771.2 dice que a la comparecencia el demandado deberá acudir asistido por su abogado y representado por su procurador) y la d (sí son necesarios después).

Enunciado: Las medidas contenidas en la sentencia dictada en un proceso sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 761 (redacción de la Ley 8/2021, de 2 de junio).

Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Explicación: El art. 761 LEC remite la revisión de las medidas de apoyo al expediente de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Solo si en ese expediente hay oposición o no puede resolverse se acude al proceso contencioso civil del propio capítulo de la LEC (no al juicio ordinario, b, ni a la jurisdicción contencioso-administrativa, a). El Código Civil (d) es la legislación sustantiva de la revisión, no la que fija los trámites.

Observaciones: La opción a mezcla deliberadamente el «proceso contencioso» (que es el civil de los arts. 756 y ss. LEC) con la jurisdicción contencioso-administrativa.

Enunciado: En relación con la prejudicialidad penal en los procedimientos referidos a medidas relativas a la restitución o retorno de menores en supuestos de sustracción internacional, conforme al artículo 778 quáter.6 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 778 quáter.6.

En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia de sustracción de menores.

Explicación: La opción d reproduce literalmente el art. 778 quáter.6. Las demás contradicen esa prohibición absoluta de suspensión: no hay suspensión general (a), ni suspensión acordada por el juez penal (b), ni aplicación de las reglas generales de prejudicialidad penal (c), que el precepto excluye expresamente para este proceso urgente y preferente.

Enunciado: Según el artículo 816 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para instar el despacho de ejecución tras la incomparecencia del deudor en el proceso monitorio (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 816.1 (redacción de la Ley 42/2015, de 5 de octubre).

dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.

Explicación: Si el deudor no paga ni comparece, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto dando por terminado el monitorio y el acreedor insta la ejecución con la mera solicitud, sin esperar los veinte días del art. 548. Por eso falla la a, y también la b (no hace falta demanda ejecutiva formal) y la d (no hay vista previa).

Observaciones: El inciso «sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548» lo añadió la Ley 42/2015; antes solo decía «bastando para ello con la mera solicitud».

Enunciado: En los expedientes de Jurisdicción Voluntaria, si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberán hacerlo:

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 17.3, párrafo segundo.

Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los 5 días siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea.

Explicación: El art. 17.3 LJV fija cinco días desde la citación. Los quince días (d) son la antelación mínima con la que se cita a la comparecencia, y los diez días (a) el plazo del informe escrito del Ministerio Fiscal (art. 17.2); los tres días (b) no aparecen en el precepto.

Observaciones: Recuerda además que la oposición no convierte en contencioso el expediente, salvo que la ley lo prevea.

Enunciado: En la tramitación de la consignación judicial, admitida la solicitud por el Letrado de la Administración de Justicia, éste notificará a los interesados la existencia de la consignación (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 99.2, párrafo segundo.

admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste notificará a los interesados la existencia de la consignación, a los efectos de que en el plazo de diez días retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas.

Explicación: El plazo legal es de diez días. Los cinco días (d) aparecen en el art. 99.4, pero para otra cosa: el plazo del promotor para instar la devolución o el mantenimiento de la consignación, y el traslado al acreedor. Quince y veinte días (b y c) no figuran en el precepto.

Observaciones: Donde la ley dice «Secretario judicial» debe leerse Letrado de la Administración de Justicia (LO 7/2015).

Enunciado: Según la Ley 5/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en cuanto a la ejecución de la conciliación (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 147.

A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne.

Explicación: La a niega lo que dice el art. 147.1, párrafo segundo: lo convenido sí tiene el valor y la eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne. Es la incorrecta. La b reproduce el art. 147.2, la c el art. 147.1, párrafo primero, y la d el art. 147.3.

Observaciones: El enunciado dice «Ley 5/2015», pero la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es la Ley 15/2015, de 2 de julio. Es una errata del enunciado que no afecta a la respuesta.

Enunciado: Según el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, éste no será competente para el conocimiento y fallo de las causas por el siguiente delito:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, art. 1.2.

b) De las amenazas (artículo 169.1.º). [...] d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). [...] g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

Explicación: El blanqueo de capitales no figura en la lista cerrada de delitos del art. 1.2 LOTJ, así que el Jurado no es competente para juzgarlo. Las amenazas del art. 169.1.º CP, el allanamiento de morada (arts. 202 y 204 CP) y el tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP) sí están en esa lista.

Observaciones: Lista vigente del art. 1.2: homicidio (138 a 140), amenazas (169.1.º), omisión del deber de socorro (195 y 196), allanamiento de morada (202 y 204), infidelidad en la custodia de documentos (413 a 415), cohecho (419 a 426), tráfico de influencias (428 a 430), malversación (432 a 434), fraudes y exacciones ilegales (436 a 438), negociaciones prohibidas a funcionarios (439 y 440) e infidelidad en la custodia de presos (471).

Enunciado: Según el artículo 21 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, respecto a la recusación de los candidatos de jurado, el Ministerio Fiscal y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podrán formular recusación (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, art. 21.

podrán formular recusación, dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en esta Ley.

Explicación: El art. 21 LOTJ fija un plazo de cinco días desde la entrega del cuestionario. Las cuatro opciones solo se diferencian en el plazo, así que las de quince, diez y veinte días (a, b y d) son falsas.

Observaciones: En el mismo escrito se propone la prueba, y la causa de recusación conocida en ese plazo que no se formule no podrá alegarse después.

Enunciado: Una vez dictado el sobreseimiento del proceso, según el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las piezas de convicción cuyo dueño fuera conocido (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 635, párrafos primero y segundo.

Las piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un tercero lo solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar.

Explicación: La b es literal. La retención exige que un tercero la solicite, lo que descarta la a, y es posible, lo que descarta la d. Tampoco es «sin plazo» (c): si el tribunal accede a la retención, fija el plazo para acreditar que se ha entablado la acción civil, y si pasa sin acreditarse, las piezas se devuelven a sus dueños.

Enunciado: Según el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto al examen de testigos (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 709 (redacción de la LO 10/2022, de 6 de septiembre).

En este caso, constará en el acta la pregunta o repregunta a que el Presidente haya prohibido contestar.

Explicación: La c invierte el último párrafo del art. 709: la pregunta prohibida sí consta en el acta, para poder recurrir en casación si se hizo protesta. Es la incorrecta. La a reproduce el párrafo segundo vigente. La b y la d dividen el párrafo primero, que prohíbe contestar a preguntas «capciosas, sugestivas o impertinentes», y por eso las dos son ciertas.

Observaciones: La mención a la «intimidad sexual» y el criterio de que el Presidente las considere «pertinentes y necesarias» proceden de la LO 10/2022, en vigor desde el 7-10-2022.

Enunciado: Dentro del Procedimiento Abreviado, según el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 768 (redacción de la Ley 38/2002, de 24 de octubre).

El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral.

Explicación: La d es literal. El momento en que se exige procurador es la apertura del juicio oral, no la ejecución de sentencia (b), y sí llega a exigirse (a). La c niega la habilitación de representación que el precepto concede al abogado.

Observaciones: Hasta la apertura del juicio oral, el abogado cumple también el deber de señalar domicilio para notificaciones y traslados.

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes delitos no se encuentra en el ámbito de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos?:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 795.1, regla 2.ª (letras c, g e i).

c) Delitos de robo. [...] g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal. [...] i) Delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal.

Explicación: La estafa no está en el catálogo de la regla 2.ª del art. 795.1. Solo podría tramitarse como juicio rápido si fuera flagrante (regla 1.ª) o de instrucción presumiblemente sencilla (regla 3.ª), pero no figura entre los delitos enumerados. El robo (letra c), la salud pública del art. 368, inciso segundo (letra g), y el allanamiento de morada del art. 202 (letra i) sí están.

Observaciones: El allanamiento de morada del art. 202 CP y la usurpación del art. 245 CP se añadieron al art. 795.1.2.ª por la LO 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025. Antes de esa reforma la opción c también habría sido correcta.

Enunciado: Según el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la afirmación incorrecta en relación a los requisitos de la sentencia de conformidad:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 801.1, requisitos 1.º, 2.º y 3.º.

1.º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

Explicación: El requisito legal es justo el contrario: que NO se haya constituido acusación particular. Por eso la c es la incorrecta. La d recoge el resto del requisito 1.º, la a el 2.º y la b el 3.º, todos literales.

Observaciones: Si hay acusador particular, el acusado puede conformarse con la acusación más grave en su escrito de defensa (art. 801.5).

Enunciado: La sentencia dictada en el juicio sobre delitos leves:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 976.1.

La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Explicación: Contra la sentencia del juicio por delito leve cabe apelación en cinco días (art. 976.1), que se tramita conforme a los arts. 790 a 792 (art. 976.2). No son tres días (a), el recurso no es de reposición (c) y sí cabe recurso (d).

Enunciado: Según el artículo 984.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la afirmación incorrecta con relación a la ejecución de las sentencias en el proceso penal:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 983, 984 y 985.

La ejecución de la sentencia en los juicios sobre faltas corresponde al órgano que haya conocido del juicio.

Explicación: El art. 984 atribuye la ejecución al mismo órgano que conoció del juicio, no a su superior jerárquico. Por eso la c es la incorrecta. La a reproduce el art. 983, la b el párrafo tercero del art. 984 (que añade que la ejecución se promoverá de oficio por el juez que dictó la sentencia) y la d el art. 985, párrafo primero.

Observaciones: El art. 984 no está dividido en apartados numerados y sigue diciendo «faltas». Desde la LO 1/2015 esas referencias se entienden hechas a los delitos leves. El enunciado cita «984.1», pero las opciones abarcan los arts. 983 a 985. Esto no cambia la respuesta: la única afirmación contraria a la ley es la c.

Enunciado: En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, procedimiento ordinario, en litigios entre Administraciones públicas (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 44.1.

En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa.

Explicación: El art. 44.1 LJCA excluye el recurso administrativo entre Administraciones. Por eso fallan la a y la d, y también la c: lo potestativo no es un recurso, sino el requerimiento previo a la otra Administración para que derogue, anule o revoque el acto, o haga cesar o inicie la actuación.

Observaciones: El requerimiento previo se hace en dos meses y se entiende rechazado si no se contesta en un mes (art. 44.2 y 3).

Enunciado: En el procedimiento contencioso administrativo se entiende personada la Administración Pública (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 50.2.

Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.

Explicación: Según el art. 50.2 LJCA, la personación se produce con el envío del expediente. La d es la trampa: la reclamación del expediente no produce la personación, sino el emplazamiento de la Administración (art. 50.1). La a y la c no son el criterio legal.

Observaciones: Para distinguir: reclamación del expediente = emplazamiento (art. 50.1); envío del expediente = personación (art. 50.2).

Enunciado: Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 55.1 y 55.2.

1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. [...] 2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.

Explicación: El art. 55 LJCA permite pedir que se complete el expediente dentro del plazo de demanda o contestación, y esa solicitud suspende el plazo. Por eso la b es falsa. La c y la d no recogen el mecanismo legal de complemento del expediente.

Observaciones: Desde el RDL 6/2023 (vigente desde el 20-3-2024), el art. 55.3 precisa que si el LAJ acepta la solicitud presentada en los diez primeros días del plazo, este se reinicia; si se presentó después o se rechaza, el plazo simplemente se reanuda. Nunca se reinicia si quien pide el complemento es la Administración demandada.

Enunciado: El desistimiento en el ámbito del procedimiento ordinario ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 74.1.

El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

Explicación: El art. 74.1 LJCA admite el desistimiento hasta la sentencia. Eso descarta la a (sí cabe desistir) y también la b y la d, que lo limitan a un momento concreto que la ley no fija.

Observaciones: El LAJ da traslado a las demás partes por cinco días y, si no se oponen, declara terminado el procedimiento por decreto (art. 74.3). Si hay oposición o daño para el interés público, da cuenta al Juez o Tribunal (art. 74.4).

Enunciado: Conforme al artículo 82 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en la resolución de admisión a trámite de la demanda interpuesta ante los órganos de la Jurisdicción Social el Letrado/a de la Administración de Justicia, señalará (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 82.1.

el letrado o letrada de la Administración de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar, separada o sucesivamente, los actos de conciliación y de juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos

Explicación: Tras la reforma de la LO 1/2025, el art. 82.1 LRJS permite señalar la conciliación y el juicio «separada o sucesivamente» y mantiene el mínimo de diez días entre citación y celebración. La a) y la c) recogen solo el «sucesivamente» de la redacción anterior; la a) y la b) además hablan de veinte días.

Observaciones: La expresión «separada o sucesivamente» la introduce la LO 1/2025 (vigente desde el 3 de abril de 2025), que permite la conciliación anticipada en convocatoria separada (art. 82.2 y 3). Con la redacción anterior solo se decía «sucesivamente», y la respuesta habría sido la c).

Enunciado: En las demandas por despido, según el artículo 103 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 103.1.

El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos

Explicación: El plazo para demandar por despido es de veinte días hábiles y es de caducidad, no de prescripción. La a) y la c) dan diez días; la c) y la d) hablan de prescripción.

Observaciones: El mismo apartado añade que no se computan los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

Enunciado: En el ámbito de la jurisdicción social, la incomparecencia injustificada del actor a los actos de conciliación y juicio (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 83.2.

Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.

Explicación: Si quien no comparece sin justa causa es el actor, se le tiene por desistido: lo declara el Letrado de la Administración de Justicia si es la conciliación y el juez o tribunal si es el juicio. La a) es lo que ocurre con la incomparecencia del demandado (art. 83.3), no con la del actor. La c) y la d) no las prevé la ley.

Observaciones: El texto legal dice todavía «secretario judicial», que hoy debe leerse como Letrado de la Administración de Justicia. Para no confundirse: si falta el actor, se le tiene por desistido; si falta el demandado, el acto se celebra igualmente.

Enunciado: Según el artículo 449.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación o casación si, al interponerlos:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 449.1.

no se admitirán al demandado los recursos de apelación o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas

Explicación: El demandado tiene que acreditar por escrito que ha pagado tanto las rentas vencidas como las que deba pagar por adelantado según el contrato. La c) se queda solo con las vencidas. La b) y la d) contradicen el propio precepto, que admite apelación y casación si se cumple este requisito.

Observaciones: La mención solo a «apelación o casación» (sin el extraordinario por infracción procesal) procede del Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20 de marzo de 2024.

Enunciado: Según la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 450.1.

Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo.

Explicación: La única excepción legal al desistimiento es el recurso de casación, una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo. La a) contradice la regla general, que permite desistir. La excepción no alcanza a la apelación (b) ni al recurso en interés de la ley (c).

Observaciones: Esta excepción la introdujo el Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20 de marzo de 2024. Antes no había excepción alguna.

Enunciado: Según el artículo 454 bis. 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 454 bis.3.

Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación.

Explicación: El art. 454 bis.3 solo permite recurrir en apelación el auto que resuelve la revisión, y únicamente cuando pone fin al procedimiento o impide su continuación. Por eso la a) no es correcta, y la ley no prevé ni la reposición (b) ni la queja (d).

Enunciado: Según el artículo 954.1 de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal, se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 954.1.c).

c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes.

Explicación: La a) reproduce literalmente el supuesto c) del art. 954.1. La c) y la d) desvirtúan el supuesto b), que se refiere a la condena del juez por prevaricación, no por malversación ni por cohecho. La b) está en otro apartado (art. 954.3) y menciona un convenio equivocado: el correcto es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Enunciado: Según el artículo 133 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 133.1.

se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas

Explicación: El día del vencimiento termina a las veinticuatro horas. Las quince horas de la b) no son el fin del plazo: son el límite para presentar escritos el día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5).

Observaciones: Es una trampa clásica: el plazo vence a las 24:00 del último día, pero el escrito puede presentarse hasta las 15:00 del día hábil siguiente.

Enunciado: Según el artículo 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los plazos establecidos en esta Ley son:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 134.1.

Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.

Explicación: La c) reproduce el término literal del art. 134.1. La a) dice lo contrario, y la d) no tiene sentido aplicada a un plazo.

Observaciones: La b) («No prorrogables») significa lo mismo que «improrrogables». Lo previsible es que la plantilla dé la c), que es el término literal de la ley. Aun así, la b) es objetivamente equivalente y la pregunta es impugnable por tener dos opciones correctas en sustancia. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): La c es literal del art. 134.1 LEC («improrrogables»), pero la b («no prorrogables») es sinónimo exacto: dos respuestas correctas.

Enunciado: Según el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 135.5.

podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia.

Explicación: El escrito sujeto a plazo puede presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento, y en el orden civil no se admite su presentación en el juzgado de guardia. La a) y la d) dan veinticuatro horas; la c) y la d) admiten la presentación en el juzgado de guardia.

Observaciones: Las opciones dicen «del día siguiente», pero la ley precisa «del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo». La imprecisión es igual en todas las opciones y no altera la respuesta.

Enunciado: Según el artículo 229 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 229.

Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.

Explicación: La d) reproduce literalmente el precepto. La a) dice lo contrario. La b) y la c) mencionan solo uno de los dos supuestos, término o plazo, y se quedan incompletas.

Enunciado: Según el artículo 226 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 226.1.

declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal

Explicación: La ley ordena poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que es quien promueve la acción penal. Ni el juez o magistrado competente (a, d) ni el Letrado de la Administración de Justicia (c) aparecen en el precepto.

Enunciado: La parte de la Sentencia, según el artículo 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en que deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio, se denomina:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 209, regla 1.ª.

1.ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio.

Explicación: Ese contenido corresponde al encabezamiento (regla 1.ª). Los antecedentes de hecho recogen las pretensiones, los hechos y las pruebas (regla 2.ª). Los fundamentos de derecho contienen las razones jurídicas (regla 3.ª). El fallo contiene los pronunciamientos y las costas (regla 4.ª).

Observaciones: La redacción con lenguaje inclusivo («las abogadas», «las procuradoras») procede de la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, que además circunscribe la regla a las sentencias escritas.

Enunciado: Según el artículo 211 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia serán dictadas dentro del plazo (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 211.1.

Las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia serán dictadas dentro del plazo que la ley establezca.

Explicación: El art. 211 no fija un plazo general: remite al que la ley establezca para cada resolución. Los plazos concretos de las otras opciones aparecen en otros preceptos, no en este.

Observaciones: Según el art. 211.2, no respetar el plazo da lugar a corrección disciplinaria, salvo que haya justa causa.

Enunciado: En la Ley de la Jurisdicción Social, en aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social, de conformidad con la ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 50 (párrafo cuarto).

En aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social, de conformidad con la ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente escrita.

Explicación: El art. 50 LRJS permite la sentencia de viva voz, pero excluye ese supuesto: si no interviene abogado ni graduado social, la resolución tiene que ser escrita. La a) dice lo contrario. La c) y la d) introducen una facultad de elegir que la ley no reconoce.

Observaciones: Esta regla la introdujo la LO 1/2025, que dio nueva redacción al art. 50 LRJS (sentencias orales), vigente desde el 3 de abril de 2025.

Enunciado: Los actos procesales de comunicación usados, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el artículo 149.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.6.º.

6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

Explicación: Los oficios son los actos de comunicación con autoridades no judiciales y con funcionarios distintos de los del número 5.º. Los mandamientos (b) son precisamente los del número 5.º. Los requerimientos (c) sirven para ordenar una conducta o inactividad. Los exhortos (a) son actos de auxilio judicial entre tribunales y no figuran en el art. 149.

Enunciado: Según el artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, son actos de comunicación conocidos como mandamientos los usados para (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.5.º.

5.º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Explicación: La b) reproduce literalmente la definición de mandamiento. La a) define la notificación (1.º), la c) el emplazamiento (2.º) y la d) la citación (3.º).

Enunciado: Según el artículo 184 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 184.

éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento.

Explicación: El art. 184 LECrim prevé tres formas: suplicatorio, dirigido al superior en grado; exhorto, al de igual grado; y mandamiento o carta-orden, al subordinado. La b) omite el mandamiento. El oficio (c) y la diligencia de comunicación (d) no son los cauces de auxilio entre jueces que fija este artículo.

Enunciado: De conformidad con el artículo 193 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los exhortos a Tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos, en la que determinen las disposiciones generales del Gobierno. En cualquier otro caso se estará al principio de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 193.

En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad.

Explicación: El art. 193 LECrim cierra la regulación de los exhortos a tribunales extranjeros con el principio de reciprocidad. Las demás opciones no aparecen en el precepto.

Enunciado: Según el artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales de comunicación serán:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.

Los actos procesales de comunicación serán: 1.º Notificaciones [...] 2.º Emplazamientos [...] 3.º Citaciones [...] 4.º Requerimientos [...] 5.º Mandamientos [...] 6.º Oficios [...]

Explicación: El art. 149 enumera seis actos de comunicación: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. La b) los recoge todos y ninguno más. La a), la c) y la d) añaden los exhortos, que no están en la lista. La c) además omite los mandamientos y la d) los oficios.

Observaciones: La b) altera el orden de la ley, que menciona antes los mandamientos (5.º) que los oficios (6.º), pero el contenido coincide. Los exhortos regulan el auxilio judicial entre tribunales (arts. 169 y siguientes LEC) y no son actos de comunicación del art. 149.

Enunciado: Según el artículo 155 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la parte no representada por procurador o procuradora venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el acto de comunicación se realizará:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 155.1.

Cuando la parte no representada por procurador o procuradora venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el acto de comunicación se realizará por medios electrónicos de conformidad con el artículo 162.

Explicación: Si la parte está obligada a relacionarse electrónicamente, la comunicación se practica por medios electrónicos (art. 162). El correo certificado (b) es una forma de remisión al domicilio. El exhorto (c) es un acto de auxilio judicial y el requerimiento (d) es una clase de acto de comunicación, no un medio para practicarlo.

Observaciones: La redacción actual procede del Real Decreto-ley 6/2023 y de la LO 1/2025 (vigente desde el 3 de abril de 2025). Si el destinatario no accede en tres días y se trata del primer emplazamiento o citación, se acude a la entrega en el domicilio y, si esta fracasa, al Tablón Edictal Judicial Único.

Enunciado: Según el artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de citación contendrá:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 175, párrafo segundo, ordinal 5.º.

La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal.

Explicación: La opción a) reproduce literalmente el ordinal 5.º del art. 175 LECrim. La b) cambia el delito (desobediencia a la autoridad judicial en lugar de obstrucción a la justicia), la c) eleva el mínimo de la multa a 500 euros (es de 200) y la d) atribuye el art. 463.1 al Código Civil, cuando es del Código Penal.

Observaciones: Pregunta de 'detalle': cada opción incorrecta altera un solo dato (delito, cuantía mínima o código). Conviene memorizar la horquilla 200-5.000 euros y el delito de obstrucción a la justicia del art. 463.1 CP.

Enunciado: Según el artículo 172 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 172.

se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación. Si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos.

Explicación: El art. 172 LECrim fija la edad en mayor de catorce años y, en defecto de persona en el domicilio, la entrega a uno de los vecinos más próximos. La a) dice dieciocho años, la b) doce años y 'uno de sus vecinos', y la d) omite al pariente y sustituye la entrega al vecino por el edicto.

Observaciones: Ojo a no confundir con la LEC (art. 161), que habla de persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio; en la LECrim se trata de 'pariente, familiar o criado' y, subsidiariamente, el vecino más próximo.

Enunciado: Constituye hecho o acto inscribible en el Registro, según el artículo 4 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 4.13.º (y 4.4.º, 4.6.º y 4.15.º).

13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.

Explicación: El art. 4 (redacción dada por la Ley 8/2021) incluye como inscribibles el sexo y su cambio (4.º), la emancipación y el beneficio de la mayor edad (6.º) y las declaraciones de ausencia y fallecimiento (15.º). El ordinal 13.º se refiere a la defensa judicial del menor EMANCIPADO, no del 'no emancipado', por lo que la d) es la incorrecta.

Observaciones: La trampa es una sola palabra: 'no'. El ordinal 13.º procede de la reforma de apoyo a las personas con discapacidad (Ley 8/2021, en vigor desde el 3-9-2021).

Enunciado: De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, existirá una Oficina General del Registro Civil:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 22.1.

1. Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial.

Explicación: Tras la reforma de la Ley 6/2021, el art. 22.1 vincula la Oficina General del Registro Civil a cada población sede de la capital de un partido judicial. Las demás opciones no aparecen en el precepto: no se liga a la Oficina de Justicia en el municipio ni a la capital de provincia.

Observaciones: La redacción original de 2011 hablaba de al menos una Oficina General por Comunidad Autónoma y otra por cada 500.000 habitantes; esa versión ya no está vigente desde la Ley 6/2021.

Enunciado: Según el artículo 29.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, la verificación de las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos comprenderá:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 29.2.

2. La verificación de las declaraciones comprenderá la capacidad e identidad del declarante.

Explicación: El art. 29.2 solo menciona capacidad e identidad. Las opciones b), c) y d) introducen la 'legitimidad', que no figura en el precepto.

Enunciado: Según el artículo 60.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá, como régimen económico matrimonial legal:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 60.2.

Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación aplicable.

Explicación: La ley no fija un régimen concreto, sino que remite al supletorio según la legislación aplicable (que puede ser gananciales, separación de bienes u otro según el derecho civil común o foral). Por eso a) y b) son incorrectas, y la c) inventa un plazo de pacto que no existe.

Observaciones: La redacción del apartado 2 procede de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria. En territorio de derecho común el supletorio es el de gananciales (art. 1316 CC), pero en Cataluña o Baleares es el de separación; por eso la ley no nombra ninguno. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): La frase del enunciado no figura en el art. 60 LRC vigente (su apartado 2 regula las actas de notoriedad); la d es la única defendible por el régimen supletorio (arts. 9.2 y 1316 CC).

Enunciado: De conformidad con el artículo 57.3 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, el cambio de nombre y apellidos podrá ser solicitado por el propio interesado, siempre que sea:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 57.3.

3. Los cambios señalados en los párrafos anteriores podrán ser solicitados por el propio interesado si es mayor de dieciséis años.

Explicación: El art. 57.3 fija la edad en mayor de dieciséis años. No exige la mayoría de edad ni basta con catorce o quince años.

Enunciado: Según el artículo 86.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, interpuesto recurso contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolverá en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 86.2.

La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses siguientes a la recepción del escrito de interposición. Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Explicación: El plazo es de seis meses y el silencio es negativo (desestimatorio), quedando abierta la vía jurisdiccional. Las opciones b) y d) dan dos meses y la c) atribuye al silencio sentido estimatorio.

Enunciado: La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará periódicamente, e irá acompañada necesariamente:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 13.1.

se formalizará periódicamente, como mínimo con carácter anual, en función del volumen de gestión de cada archivo, e irá acompañada necesariamente de una relación de los procedimientos o actuaciones judiciales en los que se integran, con arreglo a un modelo uniforme y obligatorio aprobado por la Administración pública competente.

Explicación: El art. 13.1 exige que la remisión vaya acompañada de una 'relación' de los procedimientos o actuaciones judiciales. Las demás opciones sustituyen la relación por un 'índice' (de folios, electrónico de procedimientos o electrónico de causas), término que no utiliza el precepto.

Observaciones: El precepto añade que la remisión se hace como mínimo con carácter anual, dato que el enunciado omite.

Enunciado: Según establece el artículo 16 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener interés legítimo, plantearán su solicitud por escrito, directamente o a través de representantes con poder suficiente, ante el secretario de la Junta de Expurgo, dentro del plazo de:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 16.1 y 16.2.

al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su día aportados al proceso [...] plantearán su solicitud [...] ante el secretario de la Junta de Expurgo, dentro del plazo referido en el apartado anterior.

Explicación: El art. 16.2 remite al plazo del apartado 1, que es de dos meses desde la publicación de las relaciones de expedientes acordada por el presidente de la Junta de Expurgo. Transcurrido sin solicitud, los interesados decaen en su derecho (art. 16.3).

Observaciones: Pregunta de reserva.

Enunciado: Conforme al artículo 431 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las siguientes respuestas no son objeto de juicio celebrado en un procedimiento ordinario?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 431 (en relación con el art. 428.1).

El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y reproducción de palabras, imágenes y sonidos. Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en el juicio se formularán las conclusiones sobre éstas.

Explicación: El art. 431 incluye en el objeto del juicio el reconocimiento judicial (a), la declaración de las partes (b) y las conclusiones sobre las pruebas (c). La fijación de los hechos sobre los que hay conformidad o disconformidad es una finalidad de la audiencia previa (art. 428.1), no del juicio.

Observaciones: Pregunta de reserva.

Enunciado: El Congreso de los Diputados, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos, a través de:

Ley y artículo: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), apartado final 'Eficacia de la Carta' / presentación.

Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta.

Explicación: La propia Carta encomienda su seguimiento y evaluación permanente al Congreso a través de la Comisión de Justicia e Interior. Las demás opciones citan órganos que no son comisiones del Congreso.

Observaciones: Pregunta de reserva. La Carta no es una norma con rango de ley: es una Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en 2002. La denominación 'Comisión de Justicia e Interior' es la del texto original (hoy la comisión parlamentaria se llama Comisión de Justicia), pero la respuesta que pide la pregunta es la literal de la Carta.

Enunciado: Lo acordado en la conciliación previa necesaria para la tramitación del proceso ante la jurisdicción social (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 68.1.

Lo acordado en conciliación o en mediación constituirá título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el Libro Cuarto de esta Ley.

Explicación: El acuerdo alcanzado en la conciliación previa administrativa (art. 63 LRJS) es título ejecutivo directamente, sin ratificación judicial ni ante el LAJ. Por eso fallan a y c (exigen ratificación) y d (niega su carácter de título).

Observaciones: Pregunta de reserva.

D. José Luis Pérez Pérez, mayor de edad, ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa CONSTRUCCIONES PEPE S.L., dedicada a la actividad de la CONSTRUCCION y con domicilio social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), desde la fecha 2 de septiembre de 2016, con categoría oficial de 2ª, mediante un contrato indefinido, percibiendo un salario mensual con prorrata de pagas extraordinarias de 2.254,29 euros.

En fecha 8 de septiembre de 2025 la empresa procede a comunicar a José Luis carta de despido objetivo por causas económicas, con efectos de fecha 1 de octubre de 2025, considerando el trabajador que tal decisión es constitutiva de un despido improcedente, al entender que no concurren las causas económicas alegadas por la empleadora.

Como consecuencia de ello, presenta demanda de despido ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que por turno corresponda, asistido de la Letrada Dña. María González y designando, a efectos de notificaciones, el domicilio de la misma, sito en Madrid.

Solicita en su demanda que se declare la improcedencia del despido y, como consecuencia de ello, se le abone la cantidad de 17.525,64 euros en concepto de indemnización, así como reclamación de las siguientes cantidades que le son adeudadas:

Paga extra Navidad 2024: 1.995,54 euros

Paga extra junio 2025: 1.995,54 euros

Vacaciones 2025: 1750,80 euros

Manifiesta que no ostenta la condición de representante de los trabajadores, siendo de aplicación a las partes el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de Madrid.

Admitida a trámite la demanda se señala como fecha para los actos de conciliación y juicio el 13 de abril de 2026.

No habiendo acuerdo en el acto de conciliación previa, se procede, tras los trámites legales oportunos a dictar sentencia, declarando improcedente el despido con las consecuencias solicitadas en la demanda.

Enunciado: ¿Qué órgano jurisdiccional es objetivamente competente para conocer de la demanda presentada por José Luis?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la LO 1/2025) y Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 94.1 y 94.3 LOPJ; art. 6.1 LRJS.

1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo Social. [...] 3. Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.

Explicación: Un despido individual es materia del orden social y se conoce en instancia por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, que sustituye a los antiguos Juzgados de lo Social. La Sección de Madrid, con sede en la capital, tiene jurisdicción en toda la provincia, incluido San Sebastián de los Reyes. La Sala de lo Social del TSJ solo conocería de la suplicación (a), la Audiencia Nacional conoce de conflictos de ámbito superior a una comunidad autónoma (c) y la Sección Civil no es del orden social (d).

Observaciones: Tras la LO 1/2025 los Juzgados de lo Social se transforman en Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia (art. 94 LOPJ). El art. 6 LRJS aún habla de 'Juzgados de lo Social', denominación que debe entenderse referida a esas Secciones. La competencia territorial (art. 10.1 LRJS: lugar de prestación de servicios o domicilio del demandado, a elección del demandante) lleva también a Madrid salvo que exista una Sección de lo Social con sede propia en otra población de la provincia (art. 94.2 LOPJ).

Enunciado: Respecto de la acción de despido ejercitada por José Luis, ¿de qué plazo dispone para presentarla?:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (y art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores), art. 103.1 LRJS.

El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

Explicación: La acción de despido caduca a los veinte días hábiles siguientes a la fecha del despido. En el caso, el despido produce efectos el 1 de octubre de 2025, y desde ahí se computa el plazo, sin contar sábados, domingos ni festivos. El mismo régimen se aplica a la extinción por causas objetivas (arts. 103.3 y 120 LRJS).

Observaciones: La presentación de la papeleta de conciliación suspende el plazo de caducidad (art. 65.1 LRJS), que se reanuda al día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos quince días sin celebrarse.

Enunciado: La acción de despido y la reclamación de cantidad acumuladas en la demanda:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 26.3, párrafo segundo (redacción del RDL 6/2023, vigente desde el 20-3-2024).

El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de las cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa fecha, sin que por ello se altere el orden de intervención del apartado 1 del artículo 105 de esta ley.

Explicación: Aunque el art. 26.1 prohíbe en general acumular la acción de despido, el art. 26.3 permite al trabajador acumular la reclamación de las cantidades adeudadas hasta la fecha del despido por la misma relación laboral. Es el caso de las pagas extra de Navidad 2024 y junio 2025 y de las vacaciones 2025. No exige autorización judicial (c) ni concurso (d), y la a contradice el art. 26.3.

Observaciones: La opción b parafrasea la ley, que habla de 'cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa fecha'. Antes del RDL 6/2023 el texto se refería a la 'liquidación de las cantidades adeudadas' del art. 49.2 ET; la respuesta es la misma con ambas redacciones.

Enunciado: Al haberse presentado demanda por despido, la conciliación administrativa previa:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 63 y 64.1.

Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente [...]

Explicación: El art. 63 LRJS exige como requisito previo el intento de conciliación ante el servicio administrativo (en Madrid, el SMAC). El despido individual no figura entre las excepciones del art. 64.1, que solo exceptúa, entre otros, la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores. La conciliación previa es, por tanto, obligatoria y anterior a la demanda (fallan b, c y d).

Observaciones: Si la demanda se presentase sin acreditar el intento de conciliación previa, el LAJ admitiría y señalaría, pero advertiría al demandante para que la acredite en quince días, con apercibimiento de archivo (art. 81.3 LRJS). Los MASC de la LO 1/2025 no se aplican al orden social, que mantiene su propia conciliación previa.

Enunciado: En relación con la representación procesal de José Luis:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 18.1 y 21.1.

Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. [...] La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia.

Explicación: En la instancia social la defensa por abogado y la representación técnica por graduado social son facultativas (art. 21.1), y las partes pueden comparecer por sí mismas (art. 18.1). Comparecer con Letrada es válido, pero no obligatorio: fallan a y b, que hablan de obligatoriedad, y d, que exige en exclusiva un graduado social.

Observaciones: Como el trabajador comparece asistido de abogada, debe hacerlo constar en la demanda (art. 21.2 LRJS) para que la empresa pueda valerse también de profesional. La defensa técnica pasa a ser preceptiva en suplicación (abogado o graduado social) y en casación (abogado).

Enunciado: ¿Sobre quién recae la carga de acreditar los hechos consignados en la carta de despido?:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 105.1 (aplicable al despido objetivo por remisión del art. 120).

Asimismo, le corresponderá la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo.

Explicación: En el proceso de despido corresponde al demandado, es decir, a CONSTRUCCIONES PEPE S.L., exponer primero sus posiciones y probar los hechos de la carta. Aquí esos hechos son las causas económicas que el trabajador niega. Además, la empresa no puede alegar en juicio motivos distintos de los recogidos en la carta (art. 105.2).

Observaciones: Las extinciones por causas objetivas se impugnan por los trámites del proceso de despido (arts. 120 y ss. LRJS), por lo que rige la misma regla de carga de la prueba.

Enunciado: Si el Tribunal declara improcedente el despido y teniendo en cuenta que José Luis no es representante legal de los trabajadores, la opción entre la readmisión o indemnización corresponde:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (y Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Estatuto de los Trabajadores), art. 110.1 y 110.2 LRJS; art. 56.1 y 56.4 ET.

se condenará al empresario a la readmisión del trabajador [...] o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización [...] 2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opción prevista en el número anterior corresponderá al trabajador.

Explicación: La regla general es que la opción entre readmitir o indemnizar corresponde al empresario ('a elección de aquél'). Solo se traslada al trabajador si es representante legal o sindical, y el supuesto dice expresamente que José Luis no lo es. Por eso la opción corresponde a la empresa.

Observaciones: La opción se ejerce por escrito o comparecencia en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia (art. 110.3 LRJS); aunque el trabajador pida en la demanda la indemnización, la elección sigue siendo de la empresa.

Enunciado: La sentencia que resuelve el procedimiento por despido deberá dictarse:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 97.1 (aplicable a la modalidad de despido).

El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.

Explicación: La modalidad de despido no fija un plazo propio para dictar sentencia, así que se aplica el plazo general de cinco días del art. 97.1 LRJS. Los demás plazos no tienen apoyo legal.

Observaciones: En el supuesto urgente del art. 103.4 LRJS (empresa que no ha tramitado la baja en la TGSS) la ley también fija expresamente cinco días para dictar sentencia.

Enunciado: Contra la sentencia que recaiga en el procedimiento de despido, José Luis podrá, con carácter general interponer:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 191.1 y 191.3.a).

3. Procederá en todo caso la suplicación: a) En procesos por despido o extinción del contrato, salvo en los procesos por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.

Explicación: Contra las sentencias de instancia del orden social cabe recurso de suplicación (art. 191.1), y en los procesos por despido procede 'en todo caso' (art. 191.3.a). El recurso de apelación no existe en el proceso laboral para sentencias, la casación no cabe contra sentencias de instancia y la d contradice el art. 191.3.a.

Observaciones: Conocería del recurso la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En suplicación es obligatoria la defensa por abogado o la representación técnica por graduado social (art. 21.1 LRJS).

Enunciado: En el acto de conciliación judicial previo al juicio, si las partes hubieran alcanzado un acuerdo:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 84.1 y 84.5.

Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. [...] La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia. [...] 5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados [...] se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.

Explicación: Si hay avenencia ante el LAJ, este la aprueba por decreto y archiva las actuaciones (no se sigue hasta sentencia, por eso falla a). El acuerdo se documenta en el acta y se ejecuta por los trámites de ejecución de sentencias (falla b). No interviene la Inspección de Trabajo (falla d).

Observaciones: El art. 84.1 fue retocado por la LO 1/2025 (vigente desde el 3-4-2025): permite anticipar la conciliación por vía telemática y, si el acuerdo viene firmado digitalmente por todas las partes, dictar decreto en tres días. La solución no cambia.

Enunciado: ¿Cuál es la modalidad procesal aplicable a la pretensión principal ejercitada por José Luis?:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 103.3 y 120 (Libro II, Título II, Capítulo IV, Sección 1.ª: despidos y sanciones; Sección 4.ª: extinción por causas objetivas).

Las normas del presente capítulo serán de aplicación a la impugnación de las decisiones empresariales de extinción de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción contractual.

Explicación: José Luis impugna una extinción por causas objetivas (económicas) y pide que se declare improcedente. Según el art. 120 LRJS, las extinciones por causas objetivas se impugnan por los trámites del proceso de despido, con las especialidades de los arts. 120 a 123. No es un proceso ordinario ni un proceso colectivo (b, c).

Observaciones: Pregunta de reserva del caso práctico. En sentido estricto es la modalidad de 'extinción del contrato por causas objetivas', que se tramita conforme a la de despido; la opción d es la única aceptable.

Enunciado: Si la demanda presentada por José Luis adoleciera de algún defecto subsanable, el Letrado de la Administración de Justicia deberá:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 81.1 y 81.2.

o advertirá a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar la demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios [...] a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días.

Explicación: Ante defectos subsanables, el LAJ advierte a la parte para que los subsane en cuatro días. Si se subsana, admite la demanda; si no, da cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión (art. 81.2). El LAJ no puede archivar directamente (a), no dicta sentencias (b) y no remite el asunto al TSJ (d).

Observaciones: Pregunta de reserva del caso práctico. El plazo legal de subsanación es de cuatro días. Si el defecto es la falta de acreditación de la conciliación previa, el plazo es de quince días (art. 81.3).

Enunciado: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 771 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio podrá solicitar la medida provisional, previa a la demanda, de fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, ante:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 771.1.

El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio.

Explicación: La solicitud de medidas previas (entre ellas la contribución a las cargas del matrimonio, art. 103 CC) se presenta ante el tribunal del domicilio del propio cónyuge solicitante, que es quien se propone demandar, es decir, el futuro demandante. No es el del demandado (a) ni el del domicilio familiar (c), criterio este último propio de la demanda principal (art. 769 LEC). La opción d es imposible: la demanda aún no se ha presentado.

Observaciones: El «su domicilio» del art. 771.1 se refiere al cónyuge que pide las medidas, que será el demandante en el proceso posterior.

Enunciado: En relación con la solicitud de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio, conforme al artículo 771 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 771.1, párrafo segundo, y 771.2.

Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior.

Explicación: El art. 771.1 exime de abogado y procurador solo para la solicitud inicial y los exige para todo escrito y actuación posterior. Falla la a (no es preceptiva para la solicitud), la c (el art. 771.2 dice que a la comparecencia el demandado deberá acudir asistido por su abogado y representado por su procurador) y la d (sí son necesarios después).

Enunciado: Las medidas contenidas en la sentencia dictada en un proceso sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 761 (redacción de la Ley 8/2021, de 2 de junio).

Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Explicación: El art. 761 LEC remite la revisión de las medidas de apoyo al expediente de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Solo si en ese expediente hay oposición o no puede resolverse se acude al proceso contencioso civil del propio capítulo de la LEC (no al juicio ordinario, b, ni a la jurisdicción contencioso-administrativa, a). El Código Civil (d) es la legislación sustantiva de la revisión, no la que fija los trámites.

Observaciones: La opción a mezcla deliberadamente el «proceso contencioso» (que es el civil de los arts. 756 y ss. LEC) con la jurisdicción contencioso-administrativa.

Enunciado: En relación con la prejudicialidad penal en los procedimientos referidos a medidas relativas a la restitución o retorno de menores en supuestos de sustracción internacional, conforme al artículo 778 quáter.6 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 778 quáter.6.

En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia de sustracción de menores.

Explicación: La opción d reproduce literalmente el art. 778 quáter.6. Las demás contradicen esa prohibición absoluta de suspensión: no hay suspensión general (a), ni suspensión acordada por el juez penal (b), ni aplicación de las reglas generales de prejudicialidad penal (c), que el precepto excluye expresamente para este proceso urgente y preferente.

Enunciado: Según el artículo 816 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para instar el despacho de ejecución tras la incomparecencia del deudor en el proceso monitorio (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 816.1 (redacción de la Ley 42/2015, de 5 de octubre).

dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.

Explicación: Si el deudor no paga ni comparece, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto dando por terminado el monitorio y el acreedor insta la ejecución con la mera solicitud, sin esperar los veinte días del art. 548. Por eso falla la a, y también la b (no hace falta demanda ejecutiva formal) y la d (no hay vista previa).

Observaciones: El inciso «sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548» lo añadió la Ley 42/2015; antes solo decía «bastando para ello con la mera solicitud».

Enunciado: En los expedientes de Jurisdicción Voluntaria, si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberán hacerlo:

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 17.3, párrafo segundo.

Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los 5 días siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea.

Explicación: El art. 17.3 LJV fija cinco días desde la citación. Los quince días (d) son la antelación mínima con la que se cita a la comparecencia, y los diez días (a) el plazo del informe escrito del Ministerio Fiscal (art. 17.2); los tres días (b) no aparecen en el precepto.

Observaciones: Recuerda además que la oposición no convierte en contencioso el expediente, salvo que la ley lo prevea.

Enunciado: En la tramitación de la consignación judicial, admitida la solicitud por el Letrado de la Administración de Justicia, éste notificará a los interesados la existencia de la consignación (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 99.2, párrafo segundo.

admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste notificará a los interesados la existencia de la consignación, a los efectos de que en el plazo de diez días retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas.

Explicación: El plazo legal es de diez días. Los cinco días (d) aparecen en el art. 99.4, pero para otra cosa: el plazo del promotor para instar la devolución o el mantenimiento de la consignación, y el traslado al acreedor. Quince y veinte días (b y c) no figuran en el precepto.

Observaciones: Donde la ley dice «Secretario judicial» debe leerse Letrado de la Administración de Justicia (LO 7/2015).

Enunciado: Según la Ley 5/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en cuanto a la ejecución de la conciliación (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, art. 147.

A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne.

Explicación: La a niega lo que dice el art. 147.1, párrafo segundo: lo convenido sí tiene el valor y la eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne. Es la incorrecta. La b reproduce el art. 147.2, la c el art. 147.1, párrafo primero, y la d el art. 147.3.

Observaciones: El enunciado dice «Ley 5/2015», pero la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es la Ley 15/2015, de 2 de julio. Es una errata del enunciado que no afecta a la respuesta.

Enunciado: Según el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, éste no será competente para el conocimiento y fallo de las causas por el siguiente delito:

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, art. 1.2.

b) De las amenazas (artículo 169.1.º). [...] d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). [...] g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

Explicación: El blanqueo de capitales no figura en la lista cerrada de delitos del art. 1.2 LOTJ, así que el Jurado no es competente para juzgarlo. Las amenazas del art. 169.1.º CP, el allanamiento de morada (arts. 202 y 204 CP) y el tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP) sí están en esa lista.

Observaciones: Lista vigente del art. 1.2: homicidio (138 a 140), amenazas (169.1.º), omisión del deber de socorro (195 y 196), allanamiento de morada (202 y 204), infidelidad en la custodia de documentos (413 a 415), cohecho (419 a 426), tráfico de influencias (428 a 430), malversación (432 a 434), fraudes y exacciones ilegales (436 a 438), negociaciones prohibidas a funcionarios (439 y 440) e infidelidad en la custodia de presos (471).

Enunciado: Según el artículo 21 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, respecto a la recusación de los candidatos de jurado, el Ministerio Fiscal y las demás partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podrán formular recusación (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, art. 21.

podrán formular recusación, dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en esta Ley.

Explicación: El art. 21 LOTJ fija un plazo de cinco días desde la entrega del cuestionario. Las cuatro opciones solo se diferencian en el plazo, así que las de quince, diez y veinte días (a, b y d) son falsas.

Observaciones: En el mismo escrito se propone la prueba, y la causa de recusación conocida en ese plazo que no se formule no podrá alegarse después.

Enunciado: Una vez dictado el sobreseimiento del proceso, según el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las piezas de convicción cuyo dueño fuera conocido (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 635, párrafos primero y segundo.

Las piezas de convicción cuyo dueño fuere conocido continuarán retenidas si un tercero lo solicitare, hasta que se resuelva la acción civil que se propusiere entablar.

Explicación: La b es literal. La retención exige que un tercero la solicite, lo que descarta la a, y es posible, lo que descarta la d. Tampoco es «sin plazo» (c): si el tribunal accede a la retención, fija el plazo para acreditar que se ha entablado la acción civil, y si pasa sin acreditarse, las piezas se devuelven a sus dueños.

Enunciado: Según el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto al examen de testigos (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 709 (redacción de la LO 10/2022, de 6 de septiembre).

En este caso, constará en el acta la pregunta o repregunta a que el Presidente haya prohibido contestar.

Explicación: La c invierte el último párrafo del art. 709: la pregunta prohibida sí consta en el acta, para poder recurrir en casación si se hizo protesta. Es la incorrecta. La a reproduce el párrafo segundo vigente. La b y la d dividen el párrafo primero, que prohíbe contestar a preguntas «capciosas, sugestivas o impertinentes», y por eso las dos son ciertas.

Observaciones: La mención a la «intimidad sexual» y el criterio de que el Presidente las considere «pertinentes y necesarias» proceden de la LO 10/2022, en vigor desde el 7-10-2022.

Enunciado: Dentro del Procedimiento Abreviado, según el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 768 (redacción de la Ley 38/2002, de 24 de octubre).

El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral.

Explicación: La d es literal. El momento en que se exige procurador es la apertura del juicio oral, no la ejecución de sentencia (b), y sí llega a exigirse (a). La c niega la habilitación de representación que el precepto concede al abogado.

Observaciones: Hasta la apertura del juicio oral, el abogado cumple también el deber de señalar domicilio para notificaciones y traslados.

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes delitos no se encuentra en el ámbito de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos?:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 795.1, regla 2.ª (letras c, g e i).

c) Delitos de robo. [...] g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal. [...] i) Delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal.

Explicación: La estafa no está en el catálogo de la regla 2.ª del art. 795.1. Solo podría tramitarse como juicio rápido si fuera flagrante (regla 1.ª) o de instrucción presumiblemente sencilla (regla 3.ª), pero no figura entre los delitos enumerados. El robo (letra c), la salud pública del art. 368, inciso segundo (letra g), y el allanamiento de morada del art. 202 (letra i) sí están.

Observaciones: El allanamiento de morada del art. 202 CP y la usurpación del art. 245 CP se añadieron al art. 795.1.2.ª por la LO 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025. Antes de esa reforma la opción c también habría sido correcta.

Enunciado: Según el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la afirmación incorrecta en relación a los requisitos de la sentencia de conformidad:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 801.1, requisitos 1.º, 2.º y 3.º.

1.º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

Explicación: El requisito legal es justo el contrario: que NO se haya constituido acusación particular. Por eso la c es la incorrecta. La d recoge el resto del requisito 1.º, la a el 2.º y la b el 3.º, todos literales.

Observaciones: Si hay acusador particular, el acusado puede conformarse con la acusación más grave en su escrito de defensa (art. 801.5).

Enunciado: La sentencia dictada en el juicio sobre delitos leves:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 976.1.

La sentencia es apelable en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Explicación: Contra la sentencia del juicio por delito leve cabe apelación en cinco días (art. 976.1), que se tramita conforme a los arts. 790 a 792 (art. 976.2). No son tres días (a), el recurso no es de reposición (c) y sí cabe recurso (d).

Enunciado: Según el artículo 984.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la afirmación incorrecta con relación a la ejecución de las sentencias en el proceso penal:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 983, 984 y 985.

La ejecución de la sentencia en los juicios sobre faltas corresponde al órgano que haya conocido del juicio.

Explicación: El art. 984 atribuye la ejecución al mismo órgano que conoció del juicio, no a su superior jerárquico. Por eso la c es la incorrecta. La a reproduce el art. 983, la b el párrafo tercero del art. 984 (que añade que la ejecución se promoverá de oficio por el juez que dictó la sentencia) y la d el art. 985, párrafo primero.

Observaciones: El art. 984 no está dividido en apartados numerados y sigue diciendo «faltas». Desde la LO 1/2015 esas referencias se entienden hechas a los delitos leves. El enunciado cita «984.1», pero las opciones abarcan los arts. 983 a 985. Esto no cambia la respuesta: la única afirmación contraria a la ley es la c.

Enunciado: En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, procedimiento ordinario, en litigios entre Administraciones públicas (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 44.1.

En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa.

Explicación: El art. 44.1 LJCA excluye el recurso administrativo entre Administraciones. Por eso fallan la a y la d, y también la c: lo potestativo no es un recurso, sino el requerimiento previo a la otra Administración para que derogue, anule o revoque el acto, o haga cesar o inicie la actuación.

Observaciones: El requerimiento previo se hace en dos meses y se entiende rechazado si no se contesta en un mes (art. 44.2 y 3).

Enunciado: En el procedimiento contencioso administrativo se entiende personada la Administración Pública (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 50.2.

Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.

Explicación: Según el art. 50.2 LJCA, la personación se produce con el envío del expediente. La d es la trampa: la reclamación del expediente no produce la personación, sino el emplazamiento de la Administración (art. 50.1). La a y la c no son el criterio legal.

Observaciones: Para distinguir: reclamación del expediente = emplazamiento (art. 50.1); envío del expediente = personación (art. 50.2).

Enunciado: Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 55.1 y 55.2.

1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. [...] 2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.

Explicación: El art. 55 LJCA permite pedir que se complete el expediente dentro del plazo de demanda o contestación, y esa solicitud suspende el plazo. Por eso la b es falsa. La c y la d no recogen el mecanismo legal de complemento del expediente.

Observaciones: Desde el RDL 6/2023 (vigente desde el 20-3-2024), el art. 55.3 precisa que si el LAJ acepta la solicitud presentada en los diez primeros días del plazo, este se reinicia; si se presentó después o se rechaza, el plazo simplemente se reanuda. Nunca se reinicia si quien pide el complemento es la Administración demandada.

Enunciado: El desistimiento en el ámbito del procedimiento ordinario ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 74.1.

El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

Explicación: El art. 74.1 LJCA admite el desistimiento hasta la sentencia. Eso descarta la a (sí cabe desistir) y también la b y la d, que lo limitan a un momento concreto que la ley no fija.

Observaciones: El LAJ da traslado a las demás partes por cinco días y, si no se oponen, declara terminado el procedimiento por decreto (art. 74.3). Si hay oposición o daño para el interés público, da cuenta al Juez o Tribunal (art. 74.4).

Enunciado: Conforme al artículo 82 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en la resolución de admisión a trámite de la demanda interpuesta ante los órganos de la Jurisdicción Social el Letrado/a de la Administración de Justicia, señalará (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 82.1.

el letrado o letrada de la Administración de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar, separada o sucesivamente, los actos de conciliación y de juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos

Explicación: Tras la reforma de la LO 1/2025, el art. 82.1 LRJS permite señalar la conciliación y el juicio «separada o sucesivamente» y mantiene el mínimo de diez días entre citación y celebración. La a) y la c) recogen solo el «sucesivamente» de la redacción anterior; la a) y la b) además hablan de veinte días.

Observaciones: La expresión «separada o sucesivamente» la introduce la LO 1/2025 (vigente desde el 3 de abril de 2025), que permite la conciliación anticipada en convocatoria separada (art. 82.2 y 3). Con la redacción anterior solo se decía «sucesivamente», y la respuesta habría sido la c).

Enunciado: En las demandas por despido, según el artículo 103 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 103.1.

El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos

Explicación: El plazo para demandar por despido es de veinte días hábiles y es de caducidad, no de prescripción. La a) y la c) dan diez días; la c) y la d) hablan de prescripción.

Observaciones: El mismo apartado añade que no se computan los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

Enunciado: En el ámbito de la jurisdicción social, la incomparecencia injustificada del actor a los actos de conciliación y juicio (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 83.2.

Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.

Explicación: Si quien no comparece sin justa causa es el actor, se le tiene por desistido: lo declara el Letrado de la Administración de Justicia si es la conciliación y el juez o tribunal si es el juicio. La a) es lo que ocurre con la incomparecencia del demandado (art. 83.3), no con la del actor. La c) y la d) no las prevé la ley.

Observaciones: El texto legal dice todavía «secretario judicial», que hoy debe leerse como Letrado de la Administración de Justicia. Para no confundirse: si falta el actor, se le tiene por desistido; si falta el demandado, el acto se celebra igualmente.

Enunciado: Según el artículo 449.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación o casación si, al interponerlos:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 449.1.

no se admitirán al demandado los recursos de apelación o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas

Explicación: El demandado tiene que acreditar por escrito que ha pagado tanto las rentas vencidas como las que deba pagar por adelantado según el contrato. La c) se queda solo con las vencidas. La b) y la d) contradicen el propio precepto, que admite apelación y casación si se cumple este requisito.

Observaciones: La mención solo a «apelación o casación» (sin el extraordinario por infracción procesal) procede del Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20 de marzo de 2024.

Enunciado: Según la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 450.1.

Todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo.

Explicación: La única excepción legal al desistimiento es el recurso de casación, una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo. La a) contradice la regla general, que permite desistir. La excepción no alcanza a la apelación (b) ni al recurso en interés de la ley (c).

Observaciones: Esta excepción la introdujo el Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20 de marzo de 2024. Antes no había excepción alguna.

Enunciado: Según el artículo 454 bis. 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 454 bis.3.

Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación.

Explicación: El art. 454 bis.3 solo permite recurrir en apelación el auto que resuelve la revisión, y únicamente cuando pone fin al procedimiento o impide su continuación. Por eso la a) no es correcta, y la ley no prevé ni la reposición (b) ni la queja (d).

Enunciado: Según el artículo 954.1 de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal, se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 954.1.c).

c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes.

Explicación: La a) reproduce literalmente el supuesto c) del art. 954.1. La c) y la d) desvirtúan el supuesto b), que se refiere a la condena del juez por prevaricación, no por malversación ni por cohecho. La b) está en otro apartado (art. 954.3) y menciona un convenio equivocado: el correcto es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Enunciado: Según el artículo 133 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 133.1.

se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas

Explicación: El día del vencimiento termina a las veinticuatro horas. Las quince horas de la b) no son el fin del plazo: son el límite para presentar escritos el día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5).

Observaciones: Es una trampa clásica: el plazo vence a las 24:00 del último día, pero el escrito puede presentarse hasta las 15:00 del día hábil siguiente.

Enunciado: Según el artículo 134 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los plazos establecidos en esta Ley son:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 134.1.

Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.

Explicación: La c) reproduce el término literal del art. 134.1. La a) dice lo contrario, y la d) no tiene sentido aplicada a un plazo.

Observaciones: La b) («No prorrogables») significa lo mismo que «improrrogables». Lo previsible es que la plantilla dé la c), que es el término literal de la ley. Aun así, la b) es objetivamente equivalente y la pregunta es impugnable por tener dos opciones correctas en sustancia. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): La c es literal del art. 134.1 LEC («improrrogables»), pero la b («no prorrogables») es sinónimo exacto: dos respuestas correctas.

Enunciado: Según el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 135.5.

podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia.

Explicación: El escrito sujeto a plazo puede presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento, y en el orden civil no se admite su presentación en el juzgado de guardia. La a) y la d) dan veinticuatro horas; la c) y la d) admiten la presentación en el juzgado de guardia.

Observaciones: Las opciones dicen «del día siguiente», pero la ley precisa «del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo». La imprecisión es igual en todas las opciones y no altera la respuesta.

Enunciado: Según el artículo 229 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 229.

Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.

Explicación: La d) reproduce literalmente el precepto. La a) dice lo contrario. La b) y la c) mencionan solo uno de los dos supuestos, término o plazo, y se quedan incompletas.

Enunciado: Según el artículo 226 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 226.1.

declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal

Explicación: La ley ordena poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que es quien promueve la acción penal. Ni el juez o magistrado competente (a, d) ni el Letrado de la Administración de Justicia (c) aparecen en el precepto.

Enunciado: La parte de la Sentencia, según el artículo 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en que deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio, se denomina:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 209, regla 1.ª.

1.ª En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados, las abogadas, los procuradores y las procuradoras y el objeto del juicio.

Explicación: Ese contenido corresponde al encabezamiento (regla 1.ª). Los antecedentes de hecho recogen las pretensiones, los hechos y las pruebas (regla 2.ª). Los fundamentos de derecho contienen las razones jurídicas (regla 3.ª). El fallo contiene los pronunciamientos y las costas (regla 4.ª).

Observaciones: La redacción con lenguaje inclusivo («las abogadas», «las procuradoras») procede de la LO 1/2025, vigente desde el 3 de abril de 2025, que además circunscribe la regla a las sentencias escritas.

Enunciado: Según el artículo 211 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia serán dictadas dentro del plazo (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 211.1.

Las resoluciones de Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia serán dictadas dentro del plazo que la ley establezca.

Explicación: El art. 211 no fija un plazo general: remite al que la ley establezca para cada resolución. Los plazos concretos de las otras opciones aparecen en otros preceptos, no en este.

Observaciones: Según el art. 211.2, no respetar el plazo da lugar a corrección disciplinaria, salvo que haya justa causa.

Enunciado: En la Ley de la Jurisdicción Social, en aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social, de conformidad con la ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente:

Ley y artículo: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 50 (párrafo cuarto).

En aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social, de conformidad con la ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente escrita.

Explicación: El art. 50 LRJS permite la sentencia de viva voz, pero excluye ese supuesto: si no interviene abogado ni graduado social, la resolución tiene que ser escrita. La a) dice lo contrario. La c) y la d) introducen una facultad de elegir que la ley no reconoce.

Observaciones: Esta regla la introdujo la LO 1/2025, que dio nueva redacción al art. 50 LRJS (sentencias orales), vigente desde el 3 de abril de 2025.

Enunciado: Los actos procesales de comunicación usados, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el artículo 149.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.6.º.

6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

Explicación: Los oficios son los actos de comunicación con autoridades no judiciales y con funcionarios distintos de los del número 5.º. Los mandamientos (b) son precisamente los del número 5.º. Los requerimientos (c) sirven para ordenar una conducta o inactividad. Los exhortos (a) son actos de auxilio judicial entre tribunales y no figuran en el art. 149.

Enunciado: Según el artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, son actos de comunicación conocidos como mandamientos los usados para (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.5.º.

5.º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Explicación: La b) reproduce literalmente la definición de mandamiento. La a) define la notificación (1.º), la c) el emplazamiento (2.º) y la d) la citación (3.º).

Enunciado: Según el artículo 184 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 184.

éste encomendará su cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento.

Explicación: El art. 184 LECrim prevé tres formas: suplicatorio, dirigido al superior en grado; exhorto, al de igual grado; y mandamiento o carta-orden, al subordinado. La b) omite el mandamiento. El oficio (c) y la diligencia de comunicación (d) no son los cauces de auxilio entre jueces que fija este artículo.

Enunciado: De conformidad con el artículo 193 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los exhortos a Tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos, en la que determinen las disposiciones generales del Gobierno. En cualquier otro caso se estará al principio de:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 193.

En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad.

Explicación: El art. 193 LECrim cierra la regulación de los exhortos a tribunales extranjeros con el principio de reciprocidad. Las demás opciones no aparecen en el precepto.

Enunciado: Según el artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los actos procesales de comunicación serán:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149.

Los actos procesales de comunicación serán: 1.º Notificaciones [...] 2.º Emplazamientos [...] 3.º Citaciones [...] 4.º Requerimientos [...] 5.º Mandamientos [...] 6.º Oficios [...]

Explicación: El art. 149 enumera seis actos de comunicación: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. La b) los recoge todos y ninguno más. La a), la c) y la d) añaden los exhortos, que no están en la lista. La c) además omite los mandamientos y la d) los oficios.

Observaciones: La b) altera el orden de la ley, que menciona antes los mandamientos (5.º) que los oficios (6.º), pero el contenido coincide. Los exhortos regulan el auxilio judicial entre tribunales (arts. 169 y siguientes LEC) y no son actos de comunicación del art. 149.

Enunciado: Según el artículo 155 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la parte no representada por procurador o procuradora venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el acto de comunicación se realizará:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 155.1.

Cuando la parte no representada por procurador o procuradora venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el acto de comunicación se realizará por medios electrónicos de conformidad con el artículo 162.

Explicación: Si la parte está obligada a relacionarse electrónicamente, la comunicación se practica por medios electrónicos (art. 162). El correo certificado (b) es una forma de remisión al domicilio. El exhorto (c) es un acto de auxilio judicial y el requerimiento (d) es una clase de acto de comunicación, no un medio para practicarlo.

Observaciones: La redacción actual procede del Real Decreto-ley 6/2023 y de la LO 1/2025 (vigente desde el 3 de abril de 2025). Si el destinatario no accede en tres días y se trata del primer emplazamiento o citación, se acude a la entrega en el domicilio y, si esta fracasa, al Tablón Edictal Judicial Único.

Enunciado: Según el artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de citación contendrá:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 175, párrafo segundo, ordinal 5.º.

La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal.

Explicación: La opción a) reproduce literalmente el ordinal 5.º del art. 175 LECrim. La b) cambia el delito (desobediencia a la autoridad judicial en lugar de obstrucción a la justicia), la c) eleva el mínimo de la multa a 500 euros (es de 200) y la d) atribuye el art. 463.1 al Código Civil, cuando es del Código Penal.

Observaciones: Pregunta de 'detalle': cada opción incorrecta altera un solo dato (delito, cuantía mínima o código). Conviene memorizar la horquilla 200-5.000 euros y el delito de obstrucción a la justicia del art. 463.1 CP.

Enunciado: Según el artículo 172 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia:

Ley y artículo: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 172.

se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación. Si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos.

Explicación: El art. 172 LECrim fija la edad en mayor de catorce años y, en defecto de persona en el domicilio, la entrega a uno de los vecinos más próximos. La a) dice dieciocho años, la b) doce años y 'uno de sus vecinos', y la d) omite al pariente y sustituye la entrega al vecino por el edicto.

Observaciones: Ojo a no confundir con la LEC (art. 161), que habla de persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio; en la LECrim se trata de 'pariente, familiar o criado' y, subsidiariamente, el vecino más próximo.

Enunciado: Constituye hecho o acto inscribible en el Registro, según el artículo 4 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 4.13.º (y 4.4.º, 4.6.º y 4.15.º).

13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.

Explicación: El art. 4 (redacción dada por la Ley 8/2021) incluye como inscribibles el sexo y su cambio (4.º), la emancipación y el beneficio de la mayor edad (6.º) y las declaraciones de ausencia y fallecimiento (15.º). El ordinal 13.º se refiere a la defensa judicial del menor EMANCIPADO, no del 'no emancipado', por lo que la d) es la incorrecta.

Observaciones: La trampa es una sola palabra: 'no'. El ordinal 13.º procede de la reforma de apoyo a las personas con discapacidad (Ley 8/2021, en vigor desde el 3-9-2021).

Enunciado: De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, existirá una Oficina General del Registro Civil:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 22.1.

1. Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial.

Explicación: Tras la reforma de la Ley 6/2021, el art. 22.1 vincula la Oficina General del Registro Civil a cada población sede de la capital de un partido judicial. Las demás opciones no aparecen en el precepto: no se liga a la Oficina de Justicia en el municipio ni a la capital de provincia.

Observaciones: La redacción original de 2011 hablaba de al menos una Oficina General por Comunidad Autónoma y otra por cada 500.000 habitantes; esa versión ya no está vigente desde la Ley 6/2021.

Enunciado: Según el artículo 29.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, la verificación de las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos comprenderá:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 29.2.

2. La verificación de las declaraciones comprenderá la capacidad e identidad del declarante.

Explicación: El art. 29.2 solo menciona capacidad e identidad. Las opciones b), c) y d) introducen la 'legitimidad', que no figura en el precepto.

Enunciado: Según el artículo 60.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá, como régimen económico matrimonial legal:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 60.2 LRC (redacción de la disposición final 4.ª de la Ley 15/2015).

Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación aplicable.

Explicación: La d) reproduce literalmente el art. 60.2 de la Ley 20/2011: la ley no fija un régimen concreto, sino que remite al supletorio según la legislación aplicable (gananciales en derecho común, art. 1316 CC; separación de bienes en Cataluña o Baleares). Por eso la a) y la b) son incorrectas, y la c) inventa un plazo de pacto que no existe.

Observaciones: El art. 60 de la Ley 20/2011 fue modificado, antes de entrar en vigor, por la disposición final 4.ª de la Ley 15/2015; esa redacción es la vigente desde la entrada en vigor de la ley (30-4-2021) y es la que recoge el enunciado. No es impugnable.

Enunciado: De conformidad con el artículo 57.3 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, el cambio de nombre y apellidos podrá ser solicitado por el propio interesado, siempre que sea:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 57.3.

3. Los cambios señalados en los párrafos anteriores podrán ser solicitados por el propio interesado si es mayor de dieciséis años.

Explicación: El art. 57.3 fija la edad en mayor de dieciséis años. No exige la mayoría de edad ni basta con catorce o quince años.

Enunciado: Según el artículo 86.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, interpuesto recurso contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolverá en el plazo de:

Ley y artículo: Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, art. 86.2.

La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses siguientes a la recepción del escrito de interposición. Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Explicación: El plazo es de seis meses y el silencio es negativo (desestimatorio), quedando abierta la vía jurisdiccional. Las opciones b) y d) dan dos meses y la c) atribuye al silencio sentido estimatorio.

Enunciado: La remisión de los documentos que se hallen en un Archivo Judicial de Gestión al correspondiente Archivo Judicial Territorial o al Archivo Judicial Central se formalizará periódicamente, e irá acompañada necesariamente:

Ley y artículo: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, art. 13.1.

se formalizará periódicamente, como mínimo con carácter anual, en función del volumen de gestión de cada archivo, e irá acompañada necesariamente de una relación de los procedimientos o actuaciones judiciales en los que se integran, con arreglo a un modelo uniforme y obligatorio aprobado por la Administración pública competente.

Explicación: El art. 13.1 exige que la remisión vaya acompañada de una 'relación' de los procedimientos o actuaciones judiciales. Las demás opciones sustituyen la relación por un 'índice' (de folios, electrónico de procedimientos o electrónico de causas), término que no utiliza el precepto.

Observaciones: El precepto añade que la remisión se hace como mínimo con carácter anual, dato que el enunciado omite.

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes no es una atribución de la Corona contemplada en la Constitución Española de 1978?:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, arts. 62 y 97.

Art. 97: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.»

Explicación: El art. 62 CE atribuye al Rey sancionar y promulgar las leyes (letra a), convocar a referéndum (letra c) y el Alto Patronazgo de las Reales Academias (letra j). Dirigir la política interior y exterior corresponde al Gobierno según el art. 97 CE.

Enunciado: La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 81.2.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Explicación: El art. 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. No se requiere mayoría reforzada en el Senado ni basta la mayoría simple.

Enunciado: El Tribunal Constitucional no es competente para conocer (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, arts. 161.1 y 97.

Art. 161.1: «El Tribunal Constitucional ... es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. ... b) Del recurso de amparo ... c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.»

Explicación: Las opciones b), c) y d) reproducen las letras a), b) y c) del art. 161.1 CE. La a) es una atribución del Gobierno según el art. 97 CE ('Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes'), no una competencia del Tribunal Constitucional.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, art. 59 (que añade el art. 15 bis a la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos.

Explicación: El fuero es el del domicilio de la víctima, sin perjuicio de que el juez del lugar de comisión adopte la orden de protección o las medidas urgentes del art. 13 LECrim. La b) invierte los fueros y la c) y la d) eliminan la salvedad del juez del lugar de los hechos.

Observaciones: El texto vigente sigue diciendo 'Juez de Violencia sobre la Mujer' y 'delitos o faltas'. Tras la LO 1/2025, estas funciones corresponden a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, pero el art. 15 bis LECrim conserva la redacción literal de 2004. La referencia al 'artículo 13 de la presente Ley' alude al art. 13 LECrim (primeras diligencias).

Enunciado: Conforme a la Ley 15/2022, para la igualdad de trato y la no discriminación, las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito:

Ley y artículo: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, art. 5.4.

4. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.

Explicación: El art. 5.4 sitúa el asesoramiento gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y no lo condiciona a acreditar requisitos. La c) habla del momento posterior, y la a) y la d) exigen acreditar requisitos, lo que el precepto no prevé.

Observaciones: Es la misma fórmula que el art. 20.1 de la LO 1/2004 para las víctimas de violencia de género.

Enunciado: En base a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no corresponde a las Comisiones Delegadas del Gobierno, como órganos Colegiados de Gobierno:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 6.4 (y 6.1-6.2).

4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno: a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.

Explicación: Las opciones b), c) y d) reproducen las funciones del art. 6.4. El presidente de la Comisión Delegada no lo nombra la propia Comisión: el miembro del Gobierno que asume la presidencia se fija en el Real Decreto de creación, acordado por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 6.1 y 6.2.a).

Enunciado: En base a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo 1.3., los miembros del Gobierno se reúnen en:

Ley y artículo: Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 1.3.

3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

Explicación: El art. 1.3 menciona el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. Las comisiones 'rogatorias', 'ejecutivas' o 'reglamentarias' no existen en la Ley del Gobierno.

Enunciado: Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 141.2.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

Explicación: El art. 141.2 CE encomienda el gobierno y la administración de las provincias a las Diputaciones u otras Corporaciones representativas. Los Ayuntamientos gobiernan los municipios (art. 140 CE). Las Comunidades Autónomas son otro nivel territorial y el 'Consejo Municipal' no aparece en la Constitución.

Enunciado: La Constitución Española de 1978, en su artículo 138, garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias:

Ley y artículo: Constitución Española de 1978, art. 138.1.

...entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Explicación: El art. 138.1 CE solo menciona expresamente el hecho insular. Las demás opciones no figuran en el precepto. La d) puede confundirse con el Fondo de Compensación del art. 158.2 CE, que no es lo que dice el art. 138.

Enunciado: Según el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbito tiene competencia de apoyo la Unión Europea?:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30-3-2010), art. 6 (y art. 4.2.i).

Art. 6: «La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea: a) la protección y mejora de la salud humana; b) la industria; c) la cultura; d) el turismo; ...»

Explicación: El art. 6 TFUE enumera como ámbitos de apoyo, coordinación o complemento, entre otros, la industria, la cultura y el turismo: por tanto las opciones a), b) y c) son las tres correctas. Solo la energía, opción d), queda fuera, porque es competencia compartida (art. 4.2.i) TFUE).

Observaciones: Pregunta defectuosa, candidata a anulación: tal como está impresa tiene tres respuestas correctas (a, b y c). Parece redactada pensando en «¿en qué ámbito NO tiene competencia de apoyo?», en cuyo caso la respuesta sería la d). Recomendamos impugnarla y esperar a la plantilla oficial. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): Industria (a), cultura (b) y turismo (c) figuran las tres en el art. 6 TFUE: tres respuestas correctas. Procede la anulación.

Enunciado: La Unión Europea no tiene competencias compartidas en materia de:

Ley y artículo: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada, DOUE C 83, de 30-3-2010), arts. 3.1.d) y 4.2.

Art. 3.1: «La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: ... d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común».

Explicación: El art. 4.2 TFUE recoge como competencias compartidas la política social, el medio ambiente y las redes transeuropeas (opciones a, c y d). La política pesquera común aparece en el art. 3.1.d) como competencia exclusiva en lo relativo a la conservación de los recursos biológicos marinos, por lo que la b) es la única opción que no es (sin más) compartida.

Observaciones: Matiz: el art. 4.2.d) TFUE incluye entre las competencias compartidas 'la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos'. En rigor, la pesca es en parte compartida y solo la conservación de recursos es exclusiva. Aun así, la b) es la única defendible porque las otras tres son competencias compartidas sin ningún matiz. Es la respuesta que espera el tribunal. IMPUGNABLE (revisión CEJ 03/10/2026): La pesca es competencia compartida (art. 4.2.d TFUE) salvo la conservación de los recursos biológicos marinos, exclusiva (art. 3.1.d): la b es la única defendible, pero discutible.

Enunciado: El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 560.1 (atribuciones 4.ª, 8.ª, 11.ª y 22.ª).

11.ª Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su Director y a sus profesores.

Explicación: La a), la b) y la d) reproducen las atribuciones 4.ª, 8.ª y 22.ª del art. 560.1 LOPJ. La atribución 11.ª se refiere a la Escuela Judicial, no al Centro de Estudios Jurídicos. Este depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ, por lo que la c) es la incorrecta.

Enunciado: Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los siguientes principios:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 104.1.

1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.

Explicación: El art. 104.1 LOPJ menciona solo los principios de unidad e independencia. La territorialidad, la legalidad y la proporcionalidad no aparecen en el precepto.

Enunciado: El Consejo Fiscal podrá funcionar:

Ley y artículo: Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, art. 14.Tres.

Tres. El Consejo Fiscal podrá funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el voto de su Presidente.

Explicación: El art. 14.Tres EOMF prevé que el Consejo Fiscal funcione en Pleno y en Comisión Permanente, con acuerdos por mayoría simple y voto dirimente del Presidente. La b) y la c) limitan el funcionamiento a una sola formación y la d) exige unanimidad.

Enunciado: El Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 54.

El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

Explicación: La opción a) reproduce literalmente el art. 54 LOPJ. La b) añade al Vicepresidente, que el art. 54 no menciona en la composición. Las c) y d) inventan unas 'Secciones Civil y Penal' que no existen como tales en el Tribunal Supremo, que se organiza en Salas.

Observaciones: Aunque el Tribunal Supremo cuenta con un Vicepresidente (art. 589 LOPJ), el art. 54, que es el que regula su composición, no lo incluye; la pregunta sigue la literalidad del art. 54.

Enunciado: La sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 59.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

Explicación: La b) es el texto literal del art. 59 LOPJ. La a) es falsa por el 'exclusivamente' (también conoce de otros recursos extraordinarios). La c) mezcla competencias de instancia que no corresponden al Supremo. La d) describe cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de una misma comunidad, que no son competencia de la Sala Cuarta del Supremo.

Enunciado: El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo estará integrado por (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 61 bis.2.

El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.

Explicación: La d) reproduce el art. 61 bis.2 LOPJ. La a) y la b) son falsas por el 'exclusivamente': también lo integran otros juristas. La c) añade un requisito de más de 10 años de ejercicio que la ley no exige a todos los Letrados del Gabinete.

Observaciones: La antigüedad mínima de diez años que menciona el art. 61 bis.4 se exige solo a los Letrados que asumen funciones de coordinación de cada área, no a todos los miembros del Gabinete; de ahí la trampa de la opción c).

Enunciado: Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 82.1.2.º.

De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.

Explicación: La a) es el texto literal del art. 82.1.2.º LOPJ tras la LO 1/2025. El habeas corpus, el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve y la instrucción de las causas corresponden a las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia (art. 87 LOPJ), no a la Audiencia Provincial.

Observaciones: Antes de la LO 1/2025 el precepto hablaba de 'Juzgados de Instrucción y de lo Penal'; la pregunta ya usa la denominación vigente.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 29.1, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 29.1 LOPJ.

La planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial

Explicación: El art. 29.1 LOPJ, redactado por la LO 1/2025, fija la revisión de la planta al menos cada cinco años, previo informe del CGPJ. El plazo de cinco años ya figuraba en la redacción anterior; la LO 1/2025 solo añadió los criterios de revisión (cargas de trabajo, población, etc.).

Observaciones: El enunciado atribuye la regla a la LO 1/2025, que la introduce modificando el art. 29 de la LOPJ.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia estará integrado por:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 84.2, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 84.2 LOPJ.

En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.

Explicación: El art. 84.2 LOPJ establece como regla la Sección Única, de Civil y de Instrucción, y, en los supuestos de la Ley de Demarcación y Planta, su desdoblamiento en una Sección Civil y otra de Instrucción. Las demás opciones no recogen ese desdoblamiento.

Enunciado: Según la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando, entre otras, concurra la siguiente circunstancia, que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 84.3, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 84.3.c) LOPJ.

c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.

Explicación: El art. 84.3 LOPJ exige, para que una Sección tenga Presidencia propia, que haya dos o más Secciones, que la Sección tenga ocho o más plazas y que el total de plazas del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce. Trece, catorce y quince no aparecen en la norma.

Observaciones: Recuerda las tres cifras del art. 84.3: dos o más Secciones, ocho o más plazas en la Sección y doce o más plazas en todo el Tribunal; las tres circunstancias deben concurrir a la vez.

Enunciado: El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado mediante acuerdo de:

Ley y artículo: Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial, Parte expositiva de la Resolución y Acuerdo anexo.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2005, a propuesta del Ministro de Justicia, aprobó mediante Acuerdo el Plan de Transparencia Judicial

Explicación: El Plan fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, a propuesta del Ministro de Justicia. La Secretaría de Estado de Justicia solo ordenó su publicación en el BOE mediante resolución de 28 de octubre de 2005, y el CGPJ no lo aprobó.

Observaciones: Trampa habitual: la b) confunde a quien aprobó el Plan (Consejo de Ministros) con quien ordenó su publicación (Secretaría de Estado de Justicia).

Enunciado: De conformidad con el artículo 437.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien ocupe la dirección del Servicio Común de Tramitación:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 437, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 437.5.

Quien ocupe la dirección del servicio común de tramitación asumirá las facultades de coordinación con la Presidencia del Tribunal, así como con la dirección del resto de servicios comunes para el eficaz funcionamiento de la Oficina judicial.

Explicación: La a) es el texto literal del art. 437.5 LOPJ. La b) cambia 'coordinación con' por 'dirección de' la Presidencia, cuando el director del servicio común no dirige la Presidencia. La c) sustituye la Presidencia por una 'Secretaría del Tribunal' y la d) por las Salas de Gobierno de los TSJ.

Enunciado: De conformidad con el artículo 439.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Unidades Administrativas:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 439, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 439.3.

Las unidades administrativas también se podrán crear para la prestación de servicios de medios adecuados de solución de controversias. En este caso las unidades administrativas podrán contar con puestos de trabajo para letrados y letradas de la Administración de Justicia.

Explicación: El art. 439.3 LOPJ permite crear unidades administrativas para prestar servicios de medios adecuados de solución de controversias, sin condicionarlo a las RPT ni a la norma de creación. La b) contradice el precepto. La c) y la d) añaden condiciones que no figuran en el apartado 3.

Observaciones: La d) toma una expresión del art. 439.6, que se refiere a otra cosa: las unidades administrativas tendrán la consideración de centro de destino cuando así lo establezca su norma de creación.

Enunciado: De conformidad con el artículo 230.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 230.3.

Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

Explicación: El art. 230.3 LOPJ establece como regla la prohibición de transcribir, con la salvedad de los casos expresamente previstos en la ley. La b) suprime esa salvedad y la c) y la d) invierten la regla.

Observaciones: La redacción de 2015 decía 'no podrán transcribirse' sin excepciones; la LO 4/2018 añadió la salvedad 'salvo en los casos expresamente previstos en la ley', que es la vigente.

Enunciado: Según el artículo 137 bis.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 137 bis.4.

El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalado para la actuación correspondiente.

Explicación: El art. 137 bis.4 LEC, introducido por el Real Decreto-ley 6/2023, fija el plazo en diez días antes del señalado. La a) acorta el plazo. La c) y la d) lo computan desde la recepción de la citación, algo que la ley no prevé.

Enunciado: De acuerdo con el artículo 137.bis.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ¿quién velará por el cumplimiento del principio de publicidad en la realización, por videoconferencia, de aquellas actuaciones procesales que sean públicas?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 137 bis.1.

El tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos.

Explicación: Según el art. 137 bis.1 LEC es el tribunal quien vela por la publicidad de las actuaciones por videoconferencia. La a) toma una expresión del apartado 2, que regula desde dónde intervienen los profesionales, partes, peritos y testigos. La Oficina judicial y los LAJ no aparecen en el apartado 1.

Enunciado: En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 466, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), art. 466.1, párrafo cuarto.

En las comunidades autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador o la Secretaria Coordinadora serán asumidas por el Secretario o Secretaria de Gobierno, salvo en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia.

Explicación: La a) reproduce el art. 466.1 LOPJ. La b) elimina la salvedad ('siempre'). La c) habla de un reparto de funciones que la ley no prevé. La d) atribuye las funciones al LAJ más antiguo, figura que no aparece en el precepto.

Observaciones: La LO 1/2025 solo ha adaptado el lenguaje ('Secretario o Secretaria'); el contenido de la regla no cambia.

Enunciado: Los Letrados de la Administración de Justicia deberán abstenerse en los casos establecidos para Jueces y Magistrados. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 446.2.

La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidirá la cuestión.

Explicación: Según el art. 446.2 LOPJ (redacción de la LO 7/2015), la abstención del LAJ la decide el Secretario Coordinador Provincial. Al Secretario de Gobierno le corresponde resolver la recusación (art. 446.3.b), no la abstención; de ahí la trampa de la d). El Ministerio y el Juez Decano no intervienen.

Observaciones: No confundas: la abstención la decide el Secretario Coordinador Provincial y la recusación la resuelve el Secretario de Gobierno. Antes de 2015 la abstención se dirigía al juez o presidente del órgano.

Enunciado: Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando en un Servicio Común Procesal prestaren servicios varios letrados de la Administración de Justicia:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 463.3.

Cuando en un servicio común procesal prestaren servicios varios letrados de la Administración de Justicia, la relación de puestos de trabajo determinará su dependencia jerárquica y funcional.

Explicación: El art. 463.3 LOPJ remite a la relación de puestos de trabajo (RPT), no a ningún órgano unipersonal. El Juez Decano, el Secretario Coordinador Provincial y el Secretario de Gobierno no tienen esa función.

Enunciado: Según la Ley Orgánica del Poder Judicial los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tienen la consideración de (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 470.2.

Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales.

Explicación: El art. 470.2 LOPJ los califica de Cuerpos Nacionales, aunque su gestión esté transferida a algunas comunidades autónomas. 'Locales', 'Autonómicos' y 'Específicos' no son calificaciones legales.

Observaciones: La ley habla de 'carácter' de Cuerpos Nacionales; el enunciado dice 'consideración', pero el sentido es el mismo.

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes Cuerpos no pertenece al de Especiales al servicio de la Administración de Justicia?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 475.b).

Son Cuerpos Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses. [...] Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. [...] Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. [...] Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicación: El art. 475.b) LOPJ enumera cuatro Cuerpos Especiales: Médicos Forenses y Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del INTCF. No existe un Cuerpo de 'Técnicos Especialistas del Instituto de Medicina Legal'. Las opciones a), b) y d) sí son Cuerpos Especiales.

Observaciones: Los Institutos de Medicina Legal son órganos técnicos (art. 479 LOPJ), no cuerpos de funcionarios.

Enunciado: ¿Cómo se adquirirá la condición de funcionario/a de carrera, según el artículo 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia?:

Ley y artículo: Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, art. 29.1.

La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión del primer destino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo juramento o promesa

Explicación: El art. 29.1 del RD 1451/2005 vincula la adquisición de la condición de funcionario a la toma de posesión del primer destino, previo juramento o promesa. La publicación del nombramiento en el BOE (a) solo abre el plazo de veinte días naturales para tomar posesión. La adjudicación del puesto (c) y la petición de un puesto genérico (d) son pasos previos que no confieren esa condición.

Observaciones: Las marcas manuscritas que aparecen en la foto junto a c) y d) no forman parte del examen.

Enunciado: Según el artículo 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuál es un derecho profesional de los funcionarios de carrera?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 495.1.h).

1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales: [...] h) A vacaciones, permisos y licencias.

Explicación: El derecho a vacaciones, permisos y licencias figura entre los derechos profesionales del art. 495.1 LOPJ. La libre sindicación y el derecho de reunión son derechos de ejercicio colectivo y se regulan en el art. 496 LOPJ, no en el 495. La libre asociación profesional no aparece en el art. 495.

Observaciones: Distingue los derechos profesionales o individuales (art. 495 LOPJ) de los derechos colectivos: libre sindicación, negociación colectiva, huelga, reunión, etc. (art. 496 LOPJ).

Enunciado: ¿Cuál es el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, según el artículo 524 de la Ley Orgánica del Poder Judicial?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 524.1.

La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación

Explicación: El art. 524.1 LOPJ califica expresamente el concurso como sistema ordinario de provisión. La libre designación es el otro procedimiento posible, pero no el ordinario. La oposición y el concurso-oposición son sistemas de ingreso, no de provisión de puestos.

Enunciado: Según el artículo 527 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los puestos de trabajo cubiertos en comisión de servicio, tienen la característica (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 527.1.

los puestos de trabajo vacantes o en caso de ausencia de su titular podrán ser provistos temporalmente [...] mediante el otorgamiento de una comisión de servicio, que podrá tener carácter voluntario o forzoso. Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio, conservarán su puesto de origen

Explicación: La comisión de servicio es una forma de provisión temporal (art. 527 LOPJ), así que la c) es la incorrecta. Las demás son ciertas: puede ser voluntaria o forzosa (a), el funcionario conserva su puesto de origen (b) y debe reunir los requisitos exigidos para su desempeño (d).

Enunciado: Según el artículo 6 de la ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, art. 6.2.a).

Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.

Explicación: La b) recoge el criterio del art. 6.2.a) LOLS: el 10 % o más a nivel estatal. El 20 % de la a) no es el umbral estatal (es parecido al 15 % autonómico del art. 7). La c) mezcla el requisito autonómico de 1.500 representantes y lo deforma. La d) inventa un criterio.

Observaciones: Recuerda: más representativo a nivel estatal, 10 % (art. 6.2.a); a nivel de comunidad autónoma, 15 % con al menos 1.500 representantes (art. 7.1). La opción b) dice 'delegados de personal, miembros de comités de empresa', mientras que la ley dice 'delegados de personal de los miembros de los comités de empresa'; la diferencia de redacción no afecta a la respuesta.

Enunciado: Conforme al artículo 33.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico Empleado Público, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se sujeta, entre otros, a los principios de:

Ley y artículo: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 33.1.

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia

Explicación: La d) recoge los principios del art. 33.1 TREBEP: solo omite la 'obligatoriedad', algo que el 'entre otros' del enunciado permite. La b) cita los principios de acceso al empleo público (art. 55), no de la negociación. La a) y la c) mezclan principios de organización administrativa ajenos al art. 33.1.

Observaciones: Los seis principios del art. 33.1 TREBEP son legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

Enunciado: Según el art. 2 de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿cuál de las siguientes respuestas caracteriza a un medio adecuado de solución de controversias de cualquier tipo de actividad negociadora extrajudicial?:

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, art. 2.

se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral.

Explicación: El art. 2 de la LO 1/2025 define el MASC por la buena fe de las partes y por su finalidad de encontrar una solución extrajudicial. La a) es falsa: no lo impone la autoridad judicial, son las partes quienes acuden. La c) también, porque las partes pueden negociar por sí mismas, sin tercero. La d) contradice el precepto, que admite actividades reconocidas en leyes estatales o autonómicas.

Observaciones: Las marcas manuscritas que aparecen en la foto junto a a) y d) no forman parte del examen.

Enunciado: Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, las actuaciones de negociación en el marco de un medio adecuado de solución de controversias se desarrollarán preferentemente por medios telemáticos (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, art. 8.2 LO 1/2025.

Cuando el objeto de controversia sea una reclamación de cantidad que no exceda de seiscientos euros se desarrollará preferentemente por medios telemáticos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

Explicación: El art. 8.1 permite que las partes acuerden el uso de medios telemáticos; el art. 8.2 impone su uso preferente únicamente cuando la controversia es una reclamación de cantidad que no excede de 600 euros. Ni la decisión judicial por auto (a), ni la materia de derechos fundamentales (b), ni la intervención de un tercero neutral (d) son el criterio legal.

Observaciones: La opción c simplifica algo el texto legal: la ley habla de «reclamación de cantidad que no exceda de seiscientos euros» y añade «salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes». Aun así, es la única que recoge el supuesto del art. 8.2.

Enunciado: Según el artículo 254 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el procedimiento civil, en el ámbito del control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía (Señale la respuesta incorrecta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 254.3 (y 254.1).

3. Se podrán corregir de oficio los errores aritméticos del actor en la determinación de la cuantía.

Explicación: La opción b es incorrecta porque contradice el art. 254.3, que expresamente permite corregir de oficio los errores aritméticos del actor al fijar la cuantía. Las opciones a, c y d reproducen el art. 254.1: tramitación inicial la indicada por el actor, control por el LAJ mediante diligencia de ordenación (recurrible en revisión ante el Tribunal) y no vinculación del Tribunal al tipo de juicio pedido.

Observaciones: El art. 254 no ha sido modificado por la LO 1/2025; la redacción vigente es la de la Ley 13/2009 con la denominación 'Letrado de la Administración de Justicia' (LO 7/2015).

Enunciado: Según el artículo 440 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las siguientes respuestas no forma parte del contenido de la citación para juicio en un procedimiento verbal?:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 440.1 (redacción dada por la LO 1/2025, vigente desde el 3-4-2025).

En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que, si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.

Explicación: La ley dice lo contrario de la opción b: en la citación se hace constar que la vista NO se suspenderá por inasistencia del demandado. Las opciones a y d (fijación de día y hora e información sobre negociación/mediación) y c (advertencia sobre el interrogatorio, con la redacción literal de la LO 1/2025) sí forman parte del contenido de la citación.

Observaciones: La opción c reproduce la redacción vigente tras la LO 1/2025 ('si no asistieren y se hubiere admitido su interrogatorio'); la anterior decía 'si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración'. La respuesta no cambia con una u otra redacción.

Enunciado: En el juicio ordinario civil, si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 420.3.

Si el tribunal entendiere procedente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días.

Explicación: El art. 420.3 LEC, en sede de audiencia previa del juicio ordinario, fija un plazo mínimo de diez días para constituir el litisconsorcio. Los cinco días (d) son el plazo para dictar el auto que resuelve la cuestión controvertida (art. 420.2); ocho y tres días no aparecen en el precepto.

Observaciones: Si transcurre el plazo sin aportar las copias de la demanda dirigidas a los nuevos demandados, se pone fin al proceso por auto y se archivan definitivamente las actuaciones (art. 420.4).

Enunciado: En la ejecución de una medida cautelar, según lo dispuesto en el artículo 738 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los depositarios, Administradores judiciales o responsables de bienes o derechos sobre los que ha recaído una medida cautelar sólo podrán enajenarlos, previa autorización (Señale la respuesta correcta):

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 738.3.

sólo podrán enajenarlos, previa autorización por medio de providencia del tribunal y si concurren circunstancias tan excepcionales que resulte más gravosa para el patrimonio del demandado la conservación que la enajenación.

Explicación: El art. 738.3 exige dos requisitos acumulativos: autorización del tribunal por providencia y circunstancias excepcionales que hagan más gravosa la conservación que la enajenación. Fallan b y d porque hablan de auto (b además prescinde del requisito excepcional) y c porque atribuye la autorización al LAJ por decreto y prescinde del requisito.

Enunciado: En la ejecución no dineraria, cuando el título ejecutivo obligue a un hacer que no sea personalísimo y contenga una disposición expresa para el caso del incumplimiento del deudor:

Ley y artículo: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 706.1, párrafo segundo.

Cuando el título contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento del deudor, se estará a lo dispuesto en aquél, sin que el ejecutante pueda optar entre la realización por tercero o el resarcimiento.

Explicación: Si el título prevé expresamente qué ocurre en caso de incumplimiento, manda el título y desaparece la opción del ejecutante. Las opciones b y d describen la regla general del párrafo primero del art. 706.1, aplicable solo cuando el título no contiene esa disposición; la c no tiene apoyo legal.

Enunciado: Según el artículo 724 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente: